(U24) - Pasó desapercibido y todavía ninguna entidad judicial se pronunció sobre la –al menos- polémica decisión de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia al negarle la excarcelación al extitular de la UIA, Juan Carlos Lascurain: los magistrados sepultaron el concepto de la presunción de inocencia y consideraron que la libertad de un imputado ya no depende de que pueda entorpecer la causa, fugarse o la falta de acreditación de buena conducta, sino que alcanza con “circunstancias objetivas” que le hagan “presumir” al juez que podrían existir esos riesgos procesales. En suma, queda todo a la discreción del magistrado.
La decisión de los dos choca con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la excarcelación que procede como garantía constitucional del derecho dado por el art.18 de la Constitución Nacional.
El fallo de los camaristas dice textualmente:
“No se requiere la acreditación concreta de una conducta del imputado que efectivamente haya entorpecido de algún modo la investigación o de que haya intentado fugarse, sino que resulta suficiente el señalamiento de circunstancias objetivas que hagan presumir que podrían llegar a concretarse dichos riesgos procesales”.
Así consta en el rechazo a la liberación pedida por el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, en la causa de los cuadernos de las coimas. Se trata de la segunda vez que el exdirectivo pide ser liberado y es rechazado.
La resolución de los camaristas también dice que se debe “aplicar de manera delimitada la normativa que regula el instituto de la excarcelación, a casos en que -como en la especie- no exista otra solución para asegurar los fines del proceso mediante la prudente ponderación de lo que se conoce genéricamente como riegos procesales”.
Por su parte, Bruglia dice: “estimo que la libertad del imputado podría poner en riesgo la investigación y recolección de prueba”. Irurzun, en sintonía con su colega, añade el monto producto de las coimas: “Según el examen efectuado por el a quo, la cifra comprometida en las maniobras -en detrimento de las arcas públicas alcanzaría la suma de cien millones de dólares”.
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