SE ROMPE ACUERDO Y ODEBRECHT QUIERE LLEVAR EL CASO A BRASIL

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Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

(U24) - "Es que el fiscal del caso, Fraco Picardi, le pidió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que convalide un acuerdo con Brasil para que llegue la información, pero el magistrado les pidió opinión a los empresarios acusador que, por supuesto, cuestionaron el entendimiento y pidieron declarar nulo todo el caso. 


Si Martínez de Giorgi, aún así, decide avanzar en 2019 y homologar el acuerdo, los defensores de los empresarios recurrirán a la Cámara Federal y eventualmente a la Cámara de Casación para bloquear la llegada de los datos de los arrepentidos, con lo que es probable que pasen varios meses antes de que la información cruce la frontera desde Brasil", explicó el diario La Nación tras conocerse la suspensión del acuerdo de cooperación judicial al que habían llegado Brasil y Argentina por el giro de coimas que hubo e n el soterramiento Sarmiento, que apunta directamente al primo del presidente Macri, Ángelo Calcaterra, y funcionarios kirchneristas, específicamente del Ministerio de Planificación. 35 millones de dólares en coimas es el monto que pagó Odebrecht, según su confesión.

En tanto, el periodista Hugo Alconada Mon, que aportó documentación importante a la causa, reveló que "harta de esperar una definición de las autoridades políticas y judiciales argentinas, la constructora brasileña propuso un giro en los tribunales de Comodoro Py: planteó que sus ejecutivos, empleados y colaboradores que saben sobre los negociados argentinos deben ser juzgados en Brasil y que, luego, la Justicia argentina podrá pedir allá la información y las evidencias".

Al parecer, esto chocó con la oposición del fiscal Picardi, de la Oficina Anticorrupción, que dirige la dirigente del PRO Laura Alonso, y de la Unidad Antilavado (UIF). Ahora, chocaría también con el juez Martínez de Giorgi por "falta de jurisdicción".

Hace un año y seis meses que se abrió el expediente. Así las cosas, Odebrecht desespera por resolver todos sus inconvenientes judiciales para que el Poder Ejecutivo le levante su suspensión en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Constructoras de Obras Pública; suspensión que no tuvieron las empresas involucradas en los cuadernos de Centeno.