Después de conseguir dos dictámenes favorables de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación que declararon no haber encontrado conflicto de intereses, el Gobierno nacional autorizó este jueves (11/5) a la empresa colombiana Avianca a operar en la Argentina 16 rutas aéreas durante los próximos 15 años.
Sin embargo, sigue abierta una causa judicial donde se investiga a los Macri y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros, para comprobar si existieron maniobras del Gobierno nacional para beneficiar con rutas aéreas y hangares privilegiados a la low cost compradora en 2016 de la aerolínea Macair Jet, propiedad de la familia Macri.
La autorización del Gobierno a Avianca fue comunicada a través de la Resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte, que lleva la firma del m inistro Dietrich. Según la decisión del Ministerio de Transporte publicada hoy en el Boletín Oficial se otorga a la empresa la concesión para explotar "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo" en las rutas (1) Buenos Aires-Santa Fe-Buenos Aires, (2) Buenos Aires-Rosario-Buenos Aires, (3) Buenos Aires-Puerto Madryn-Buenos Aires, (4) Buenos Aires-Viedma-Puerto Madryn-Buenos Aires, (5) Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires, (6) Buenos Aires-Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia-Puerto Madryn-Buenos Aires, (7) Buenos Aires-Montevideo-Buenos Aires, (8) Buenos Aires-San Luis-Río Cuarto-Buenos Aires, (9) Buenos Aires-Santa Rosa-Buenos Aires, (10) Buenos Aires-Bahía Blanca-Buenos Aires, (11) Buenos Aires-Concordia-Paso de los Libres-Buenos Aires, (12) Buenos Aires-Concordia-Paraná-Buenos Aires, (13) Buenos Aires-Porto Alegre-Buenos Aires, (14) Buenos Aires-Sunchales-Reconquista-Sunchales- Buenos Aires, (15) Buenos Aires-Tandil-Buenos Aires y (16) Buenos Aires-Sunchales-Villa María-Buenos Aires.
Avianca podrá operar tanto desde el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires como desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, más conocido como Ezeiza, "sujeto a las habilitaciones y limitaciones de cada uno de estos aeródromos".
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri; su padre, Franco Macri; y a otros funcionarios y empresarios a instancias de una presentación de diputados kirchneristas que aluden a la venta de Macair Jet, una compañía de la familia del Presidente, que recientemente cambió su razón social a "Avian Líneas Aéreas S.A".
En su dictamen de febrero pasado, Di Lello dijo que la Justicia debe "suspender" el proceso de concesión de rutas aéreas hasta tanto se evalúe el impacto económico que dicha medida pudiera importar a los intereses de Aerolíneas Argentinas.
El juez Sergio Torres emitió órdenes a la Inspección General de Justicia (IGJ) en busca de datos societarios de MacAir Jet, Avian Líneas Aéreas, Avianca, Patagonia, Unicos Air S.A., Fly Bondi, al ORSNA y a la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), entre otros organismos.
Acerca de la ANAC, el diario La Nación da cuenta este jueves (11/5) que una garantía contable figura apostillada días después de dictámenes del organismo.
La aerolínea que absorbió a MacAir (del Grupo Macri) presentó los papeles para obtener los permisos en noviembre. Pero según el matutino, parte de esos certificados exhiben fechas posteriores a los primeros dictámenes de las autoridades aéreas, que habilitaron el plan aéreo de la empresa.
Según el expediente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para acreditar su capacidad económica, Avian Líneas Aéreas remitió un certificado de la firma panameña Sinergy Aerospace Corp (integrante del holding Avianca), que manifestó poseer el capital necesario para darle una garantía a la filial argentina.
Si bien el documento fue elaborado el 1° de noviembre de 2016, su legalización ante escribano tiene un sello fechado el 24 de noviembre y el apostilleo de las autoridades de Panamá data del 25 de ese mes.
Dos dictámenes de la ANAC, con el visto bueno para que Avian opere, fueron elaborados el 21 de noviembre, cuatro días antes.
Desde el Ministerio de Transporte explicaron al diario que no se incurrió en ninguna ilegalidad: "No es necesario cumplir con todos los requisitos meramente formales para terminar un trámite ante el Estado. Si se hubiesen cumplido los requisitos esenciales, el trámite debe cursarse".
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