El suspendido jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar, fue procesado con prisión preventiva este miércoles. Además, se le dictó un embargo por $450.000. Se lo acusa de integrar una asociación ilícita que extorsionaba a comerciantes y empresarios a cambio de una seguridad privilegiada. La resolución fue firmada por el juez Ricardo Farías.
Potocar fue suspendido de manera preventiva el 22/04, a menos de cuatro meses de haber asumido su puesto. Tres días después, quedó detenido cuando fue a declarar frente al juez Farías. Por su parte, el PRO frustó un intento de la Legislatura de citar al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, para que brinde explicaciones sobre el caso.
La sesión se cayó por falta de quórum ya que el oficialismo no se presentó al recinto para habilitarla, informó el portal parlamentario.com.
Hasta el momento, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se negó a desplazar definitivamente a Potocar.
"Hasta que la Justicia no dictamine, no vamos a tomar una decisión”, dijo. Tal vez el fallo de este miércoles motive alguna acción a nivel del Ejecutivo.
La causa, instruida por el fiscal José María Campagnoli, comenzó en abril de 2016, cuando Potocar, de 58 años, estaba al frente de la Dirección General de Comisarías de la Policía Federal (ya estaba bajo la órbita del gobierno porteño).
"[Potocar] no sólo fue connivente frente al funcionamiento de esta estructura [criminal], sino que promovió su instauración, brindó la protección que un sistema permanente de corrupción como éste ineludiblemente requiere y lo blindó ante posibles detractores internos a través del uso arbitrario de los mecanismos administrativos policiales", sostuvo Campagnoli en el dictamen donde había pedido la detención de Potocar.
Desde el 21/04 del año pasado, el fiscal Campagnoli investiga supuestos hechos de corrupción en la seccional 35, que en ese momento estaba al mando del comisario Norberto Villarreal, que desde el 02/11 último está prófugo.
Según la investigación de Campagnoli, en la comisaría 35 había un sistema de recaudación ilegal que consistía en extorsionar a los comerciantes y empresarios de la zona a cambio de una seguridad privilegiada, y de cobrarles a los "trapitos" para dejarlos trabajar.
Para el representante del Ministerio Público, parte del dinero que era recaudado de forma ilegal por los subordinados de Villarreal era entregado a los superiores jerárquicos. Campagnoli afirmó que Potocar y la por entonces comisario mayor Susana Aveni, detenida y procesada en la causa, recibían periódicamente un pago a instancias de Villarreal.
Entre las pruebas principales contra los acusados, figura documentación secuestrada en varios comercios de la zona como comprobantes de aportes a la "Asociación Amigos de la Comisaría 35°", que habría sido una de las formas de canalizar las coimas.
Según esos registros, los comerciantes pagaban entre 2.300 y 3.000 pesos a cambio de protección, mientras que los "trapitos" debían darle a la brigada de la comisaría entre 400 y 500 pesos por semana.
Durante un allanamiento a la comisaría, los investigadores secuestraron un cuaderno que -se presume- era utilizado por el jefe de la seccional, Norberto Villarreal, quien se encuentra prófugo.
Allí figuraba la sigla DGC, acompañada de un número.
La hipótesis del fiscal José María Campagnoli es que se trata de una referencia a la Dirección General de Comisarías, área que en ese momento tenía como titular a Potocar.
También se tuvieron en cuenta los testimonios de dos de los policías involucrados en la causa, quienes apuntaron contra el ex jefe de la Policía.
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