REGALÍAS Cristina necesita más dinero y apunta a las mineras
La versión: "La posibilidad de que el Gobierno finalmente eleve las regalías mineras que reciben las provincias, que es el 3% de lo extraído en el punto más bajo de la cadena de valor de los metales, mantiene alterado el ánimo de las grandes empresas mineras."
AGENCIA/CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Claudio Chiaruttini había anticipado que "el Ejecutivo tiene un nuevo aliado, las empresas mineras, porque cree que puede aumentarles las retenciones".
Hoy lunes 23/01, en el diario oficialista BAE, Nicolás Fiorentino y Pablo Waisberg, avanzan con el rumor aunque le ofrecen otro enfoque, menos amigable a la relación entre Cristina Fernández y las mineras (cuando se sabe que la Presidente vetó la Ley de Glaciares, y al texto siguiente que negociaron Miguel Bonasso y Daniel Filmus, nunca lo reglamentó).
De todos modos es importante conocer lo que se dice en el Frente para la Victoria sobre el tema, vía el diario del Grupo Olmos:
"(...) en medio del debate alentado por al conflicto en Famatina, el Ejecutivo podría avanzar en modificar una de las políticas oficiales que más tensiones genera aún dentro del kirchnerismo y sintetizar la casi docena de proyectos legislativos que proponen elevar las regalías hasta el 12%.
En la Gobernación de Catamarca, donde avanzaron en la idea del Ejecutivo de crear una minera provincial, no descartaron la posibilidad de que se eleven las regalías. "Son una parte importante del presupuesto provincial, pero son monedas en comparación con lo que se llevan las mineras. Queremos agrandar nuestra participación en el reparto de la torta", definió ante BAE una fuente cercana a la gobernadora Lucía Corpacci.
Desde hace varios meses, el Ejecutivo analiza la posibilidad de modificar la legislación minera, que se conformó durante los ’90 y logró atraer inversiones de la mano de una normativa favorable al sector. Pero cualquier mención sobre cambios en el entramado legal genera una reacción inmediata del sector sobre la falta de garantías legales y la retracción de inversiones, todas de ellas millonarias y con impacto directo en las provincias.
En septiembre pasado, las mineras comenzaron a olfatear posibles cambios: crear empresas provinciales para asociarse con las privadas para poder controlar las declaraciones juradas hechas en laboratorios extranjeros, que son la base de su tributación, o elevar la carga impositiva, que tiene una estabilidad que dura tres décadas. En aquel momento, las empresas mineras reconocieron que –aunque la ley las protegía– estaban dispuestas a ceder algunos puntos de su ganancia para ganar tranquilidad en la continuidad del negocio. Desde ese momento, la posición no se modificó ni un milímetro.
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Muestra de esa decisión de no agitar las aguas fue el silencio que siguió al decreto que restableció la obligatoriedad de liquidar en la Argentina la “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones –entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones anuales–. El texto se publicó en el Boletín Oficial tres días después de ganar las elecciones con el 53,96% de los votos. La medida alcanzó también a las productoras de hidrocarburos.
Todo ocurrió mientras las mineras seguían cosechando los beneficios de los precios internacionales: la onza de oro pasó de los US$ 640,50 en el 2007 hasta los US$ 1.923,20 a principios de septiembre del 2011 y se ubicó en los US$ 1.650 la semana pasada. Algo similar ocurrió con otros metales como el cobre, que en el último año pasó de US$ 7.594,5, llegó a los US$ 8.709 y se ubicó en los US$ 8.225 la tonelada.
Según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas que elabora el INdEC, las grandes mineras –35 multinacionales sobre un total de 39– obtuvieron utilidades anuales por $25.035 millones sobre los $101.401 millones que en el 2010 –último dato disponible– generaron las 500 mayores empresas que operan en la Argentina.
Pero la decisión de evitar peleas no sólo está ligada al nivel de ganancias y al resultado que tuvieron algunas empresas que cuestionaron al Gobierno, como le ocurrió a Minera La Alumbrera, que quedó relegada de la relación con el Ejecutivo; sino que tiene también un fuerte anclaje con lo que ocurre por estas horas en La Rioja, donde la población que rodea al cerro Famatina rechaza abiertamente la instalación de una mina a cielo abierto, como ya ocurrió en el 2006 cuando la canadiense Barrick Gold decidió abandonar el proyecto.
En este contexto, las mineras –casi todas de capitales extranjeros y con desarrollo en otros países de la región– temen un avance en términos de política fiscal que posibilite una salida elegante al conflicto que se desarrolla en Famatina: cambiar la ecuación tributaria podría diluir la discusión sobre el impacto ambiental de la mano de una inyección de divisas en las provincias donde operan estas firmas. (...)".
Famatina
Desde hace 20 días ocurren las protestas en la localidad riojana de Famatina contra la minera Osisko Mining Corporation y vecinos de las localidades vecinas marcharán el martes 24/01 hasta la capital provincial para exigir una respuesta, a la vez que la ONG Conciencia Limpia convocó a concentrarse frente a la Secretaría de Minería de la Nación, con la consigna “Fuera Osisko de La Rioja”.
Quienes también alzaron la voz contra la explotación de la minería fueron los principales representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), quienes aseguraron mediante un comunicado que el Ejecutivo nacional y las autoridades provinciales pretenden “beneficiar” a corporaciones mineras. Además, solicitaron que se atienda el reclamo de las movilizaciones.
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“Se han organizado para defender el medio ambiente y cuestionar el modelo de minería contaminante que el gobierno de esa provincia les pretende imponer”, explicaron desde la FAA, en claro contraste con los intereses de las corporaciones multinacionales que se encuentran implicadas en el caso.
En tanto, el ex intendente y actual concejal de Chilecito por el Partido Justicialista, Héctor Castro, afirmó que varios ediles riojanos comparten su rechazo al proyecto, pero que no lo hacen pública por presiones de sus respectivos sectores políticos, cercanos al gobernador Luis Beder Herrera.
A Castro se le sumó el diputado nacional por La Rioja-UCR, Julio Martínez, quien anunció que reclamará a la Justicia la anulación del contrato entre el gobierno de La Rioja y la empresa Osisko para la explotación de una mina en Famatina porque violaría leyes nacionales, como la que prohíbe acuerdos con empresas que tienen intereses en las islas Malvinas.
Martínez anunció que acudirá a la Justicia Federal junto a la organización Conciencia Solidaria.
Hoy lunes 23/01, en el diario oficialista BAE, Nicolás Fiorentino y Pablo Waisberg, avanzan con el rumor aunque le ofrecen otro enfoque, menos amigable a la relación entre Cristina Fernández y las mineras (cuando se sabe que la Presidente vetó la Ley de Glaciares, y al texto siguiente que negociaron Miguel Bonasso y Daniel Filmus, nunca lo reglamentó).
De todos modos es importante conocer lo que se dice en el Frente para la Victoria sobre el tema, vía el diario del Grupo Olmos:
"(...) en medio del debate alentado por al conflicto en Famatina, el Ejecutivo podría avanzar en modificar una de las políticas oficiales que más tensiones genera aún dentro del kirchnerismo y sintetizar la casi docena de proyectos legislativos que proponen elevar las regalías hasta el 12%.
En la Gobernación de Catamarca, donde avanzaron en la idea del Ejecutivo de crear una minera provincial, no descartaron la posibilidad de que se eleven las regalías. "Son una parte importante del presupuesto provincial, pero son monedas en comparación con lo que se llevan las mineras. Queremos agrandar nuestra participación en el reparto de la torta", definió ante BAE una fuente cercana a la gobernadora Lucía Corpacci.
Desde hace varios meses, el Ejecutivo analiza la posibilidad de modificar la legislación minera, que se conformó durante los ’90 y logró atraer inversiones de la mano de una normativa favorable al sector. Pero cualquier mención sobre cambios en el entramado legal genera una reacción inmediata del sector sobre la falta de garantías legales y la retracción de inversiones, todas de ellas millonarias y con impacto directo en las provincias.
En septiembre pasado, las mineras comenzaron a olfatear posibles cambios: crear empresas provinciales para asociarse con las privadas para poder controlar las declaraciones juradas hechas en laboratorios extranjeros, que son la base de su tributación, o elevar la carga impositiva, que tiene una estabilidad que dura tres décadas. En aquel momento, las empresas mineras reconocieron que –aunque la ley las protegía– estaban dispuestas a ceder algunos puntos de su ganancia para ganar tranquilidad en la continuidad del negocio. Desde ese momento, la posición no se modificó ni un milímetro.
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Muestra de esa decisión de no agitar las aguas fue el silencio que siguió al decreto que restableció la obligatoriedad de liquidar en la Argentina la “la totalidad de las divisas” provenientes de sus exportaciones –entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones anuales–. El texto se publicó en el Boletín Oficial tres días después de ganar las elecciones con el 53,96% de los votos. La medida alcanzó también a las productoras de hidrocarburos.
Todo ocurrió mientras las mineras seguían cosechando los beneficios de los precios internacionales: la onza de oro pasó de los US$ 640,50 en el 2007 hasta los US$ 1.923,20 a principios de septiembre del 2011 y se ubicó en los US$ 1.650 la semana pasada. Algo similar ocurrió con otros metales como el cobre, que en el último año pasó de US$ 7.594,5, llegó a los US$ 8.709 y se ubicó en los US$ 8.225 la tonelada.
Según la Encuesta Nacional de Grandes Empresas que elabora el INdEC, las grandes mineras –35 multinacionales sobre un total de 39– obtuvieron utilidades anuales por $25.035 millones sobre los $101.401 millones que en el 2010 –último dato disponible– generaron las 500 mayores empresas que operan en la Argentina.
Pero la decisión de evitar peleas no sólo está ligada al nivel de ganancias y al resultado que tuvieron algunas empresas que cuestionaron al Gobierno, como le ocurrió a Minera La Alumbrera, que quedó relegada de la relación con el Ejecutivo; sino que tiene también un fuerte anclaje con lo que ocurre por estas horas en La Rioja, donde la población que rodea al cerro Famatina rechaza abiertamente la instalación de una mina a cielo abierto, como ya ocurrió en el 2006 cuando la canadiense Barrick Gold decidió abandonar el proyecto.
En este contexto, las mineras –casi todas de capitales extranjeros y con desarrollo en otros países de la región– temen un avance en términos de política fiscal que posibilite una salida elegante al conflicto que se desarrolla en Famatina: cambiar la ecuación tributaria podría diluir la discusión sobre el impacto ambiental de la mano de una inyección de divisas en las provincias donde operan estas firmas. (...)".
Famatina
Desde hace 20 días ocurren las protestas en la localidad riojana de Famatina contra la minera Osisko Mining Corporation y vecinos de las localidades vecinas marcharán el martes 24/01 hasta la capital provincial para exigir una respuesta, a la vez que la ONG Conciencia Limpia convocó a concentrarse frente a la Secretaría de Minería de la Nación, con la consigna “Fuera Osisko de La Rioja”.
Quienes también alzaron la voz contra la explotación de la minería fueron los principales representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), quienes aseguraron mediante un comunicado que el Ejecutivo nacional y las autoridades provinciales pretenden “beneficiar” a corporaciones mineras. Además, solicitaron que se atienda el reclamo de las movilizaciones.
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“Se han organizado para defender el medio ambiente y cuestionar el modelo de minería contaminante que el gobierno de esa provincia les pretende imponer”, explicaron desde la FAA, en claro contraste con los intereses de las corporaciones multinacionales que se encuentran implicadas en el caso.
En tanto, el ex intendente y actual concejal de Chilecito por el Partido Justicialista, Héctor Castro, afirmó que varios ediles riojanos comparten su rechazo al proyecto, pero que no lo hacen pública por presiones de sus respectivos sectores políticos, cercanos al gobernador Luis Beder Herrera.
A Castro se le sumó el diputado nacional por La Rioja-UCR, Julio Martínez, quien anunció que reclamará a la Justicia la anulación del contrato entre el gobierno de La Rioja y la empresa Osisko para la explotación de una mina en Famatina porque violaría leyes nacionales, como la que prohíbe acuerdos con empresas que tienen intereses en las islas Malvinas.
Martínez anunció que acudirá a la Justicia Federal junto a la organización Conciencia Solidaria.
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