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| Omar "El Caballo" SUÁREZ |
Manolot SRL era la empresa de limpieza que mantenía impecables todas las sedes del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) prima facie una empresa privada prestadora de servicios para una entidad gremial.
Nada más lejano de ser objeto de sospecha por parte de un juez federal de la talla de Rodolfo Canicoba Corral. Pero al parecer Manolot SRL es propiedad de una contadora familiar directa del ex secretario general del gremio hoy intervenido por la justicia, Omar 'el Caballo' Suárez.
Al parecer, según las primeras pericias contables, la empresa de limpieza factura al sindicato sobreprecios considerables para realizar el trabajo. La sospecha es que esos fondos excesivos eran desviados o bien para las arcas de dirigentes gremiales o bien para la financiación política del Frente para la Victoria.
"Una heroína": así califican en el sector naviero a la actual interventora en el sindicato; la Dra. Gladys González, quien junto a otros dos interventores lleva adelante una tarea compleja; poner en blanco sobre negro los intricados negocios que al amparo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se fueron tejiendo dentro de la entidad gremial.
González es además diputada nacional por el PRO Bs. As. Y miembro de la comisión de intereses marítimos de la Cámara baja. Del resquemor inicial con que fue mirada su gestión, son hoy muchos los afiliados a la entidad gremial que la juzgan en forma positiva, ya que van saliendo a la luz los diferentes métodos por los cuales los fondos sindicales se iban derivando a la política o a cuestiones poco relacionadas con el interés de sus afiliados.
HOLDING DE EMPRESAS
Hace unos días, González y su gente visitaron el buque escuela “Manuel Belgrano”, cuya madrina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Menuda sorpresa se llevaron los visitantes al constatar que los 8 marineros que lo tripulan, no cobran su salario.
Más sorpresa aun cuando comprobaron que el pago de los mismos no es responsabilidad del sindicato, sino de una empresa naviera “San Jorge SA”, que provee la mano de obra por encargo de la Fundación Azul.
El buque en cuestión no tiene certificados de navegación habilitados para navegar, ni tampoco tiene Capitán ni Oficiales, por lo cual el embarco de ese personal es cuando menos irregular.
Canicoba Corral dispuso hace unos días la intervención también de San Jorge Marítma, de la Fundación Azul y hasta de la empresa de limpieza, por considerar que todo es parte de las maniobras que investiga y que tienen relación con el uso del sindicato como medio de coerción a la libertad de navegación y a la seguridad de la misma.
No obstante es bueno remarcar que todos estos emprendimientos tuvieron siempre el aval tanto de Cristina como de los ex ministros Carlos Tomada y Julio De Vido.
LOS SIMULADORES
Las investigaciones se acercan además a otros gremios marítimos como ser el sindicato de los capitanes de buque, entidad que también tiene emprendimientos empresarios y además una fundación parecida a la azul, la que genera exorbitantes utilidades mediante el dictado de cursos que le son derivados por el propio Estado Nacional por intermedio de la Escuela Nacional de Náutica, cuyo director está siendo objeto por estos días de un pedido de informes en confección en la Cámara de Diputados.
En virtud a una particular interpretación de la normativa internacional a nivel local, el Estado obliga a los marinos a realizar decenas de cursos; muchos en simuladores de navegación que el propio estado no tiene.
A partir de allí surgen fundaciones ávidas de satisfacer la demanda cautiva a precios de oro. Según allegados a la intervención, el director de la escuela de marinos (el único funcionario que llegó a un cargo estatal de la mano de Ricardo Jaime y que aún sigue en funciones) redujo drásticamente el cupo de asistentes a los cursos obligatorios para profesionales del mar que se imparten en la escuela dependiente de la Armada Argentina; también redujo la cantidad de cursos a dictarse en un año, para de esta forma derivar clientes a las fundaciones privadas de origen gremial, las que tienen el monopolio del dictado de los cursos más caros y sin cuya aprobación los marinos pierden la habilitación para navegar .
También están en la mira judicial, empresas privadas como Maruba SA., una naviera que estando a punto de quebrar fue rescatada por la gestión K a través de un aporte de $ 400 millones para que un grupo de gremios compre el 35% de su paquete accionario. La gestión fue un fracaso y el dinero del Estado se evaporó.
Aseguran desde Cambiemos que la idea del Presidente es transformar al SOMU en un caso testigo de buena gestión gremial. Para lo cual harán falta al menos 2 años de trabajo. Por estos días, los gremios marítimos gestionan sus paritarias; por obvias razones la interventora se abstendrá de participar de las mismas bajo el amparo que por imperio de las “Escalas salariales” los afiliados a SOMU verán incrementados sus salarios en la misma proporción que lo que obtenga el gremio marítimo que mejor acuerdo logre.
Hace pocos días la comunidad marítima en pleno se reunió para analizar la marcha del sector, y empresarios y sindicalistas compartieron una mesa común, y solo un dirigente gremial alzo su voz para repudiar la intervención; no obstante ni los hoy sospechados socios de SOMU apoyaron la moción.
“En el fondo así estamos mejor”, reconoció a la web Infobae un dirigente del sector. Desde el seno de la intervención se dan señales claras sobre el avance de las tareas, cada día surge un dato nuevo.
La trama lleva inexorablemente a más tarde o más temprano Canicoba Corral desembarque en algún otro gremio, en el cual tal vez encuentre el origen de todo un submundo gremial corrupto que creció al amparo de la década ganada.
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