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| En el micrófono, el tal Salinas, patrocinando a un equipo de rugby (Foto La Capital). |
La caldera del laboratorio Apolo que explotó el lunes 27/06 en Alem al 2900 fue por “acumulación de vapor”,de acuerdo al peritaje que realizaron los Bomberos Zapadores de la ciudad de Rosario (Santa Fe).
Sebastián Carranza, vocero de la fiscalía, dijo que se secuestraron 6 cámaras de seguridad interna que“pueden mostrar los momentos anteriores al hecho. Son muchas horas de filmación, porque hay que verlas en tiempo real, y eso va a llevar algún tiempo”.
La habilitación del Laboratorio Apolo provocó polémica en el Concejo Deliberante rosarino. El socialismo gobernante aseguró que contaba con habilitación desde 1998, y que en esa época se otorgaba la certificación sin fecha de caducidad.
Sin embargo, la concejala del Partido del Progreso Social, Fernanda Gigliani, dijo que las habilitaciones deben renovarse cada lustro. Además, sostuvo que desde 2012 una ordenanza prohibe ese tipo de actividad en ese sector de la ciudad.
El subsecretario de Control y Convivencia municipal, Guillermo Turrín, reconoció la habilitación para funcionar desde 1998, y que en la actualidad estaban tramitando la “renovación”.
Impacta el relato acerca del Laboratorio Apolo: "(...) Basta con pedir un Veraz para descubrir que hasta SGI Argentina SA, conocida como 'La Rosadita', por las filmaciones con el hijo de Lázaro Báez contando dólares en esas oficinas de Puerto Madero, le pidió judicialmente la quiebra en noviembre de 2012. Aún así, en abril pasado logró la autorización para operar con un insumo sensible al narcotráfico, como lo es la efedrina. (...)".
Según fuentes consultadas por el diario rosarino La Capital, a partir del 03/11/2005 el presidente de Laboratorio Apolo SA es Gustavo Daniel Molina, quien figura también como titular de Santa María Victoria SA, desde el 15/04/2009.
En Santa María Victoria, Molina ingresó en reemplazo de María del Carmen Puccini, y también asumió como directora suplente Victoria Jorgelina Salinas, con domicilio especial en el edificio de Tacuarí 677 de la ciudad de Buenos Aires, la misma dirección declarada en otros documentos por Jorge Salinas.
Victoria Jorgelina integra la empresa desde la creación de la sociedad, el 31/08/2006. Según consultas al sitio web de la Afip y ANSeS, Molina fue, al menos entre julio de 2014 y mayo de 2016, empleado de Rigecin Labs SA. Y se encuentra afiliado a la obra social del Personal Superior de Mercedes Benz Argentina: fuentes que lo conocen apuntaron que manejaría una concesionaria de vehículos de alta gama, entre cuyos clientes figuraría Salinas.
Molina también tiene una colección de cheques rechazados desde marzo de 2012: 436, por un total, a junio de 2016, de $9 millones. En el Boletín Oficial de Santa Fe figura, desde noviembre de 2005, Juan Manuel Georgiadi como director suplente de Apolo, ex presidente de Rigecin Lab.
Jorge Salinas fue director del mismo laboratorio hasta noviembre de 2009. Antes de que Salinas dejara su cargo de director de Rigecin, se allanaron, por pedido de la Justicia en lo Penal Tributario, 18 grandes empresas, investigando el presunto uso de comprobantes apócrifos para evadir el pago de IVA y Ganancias. Se apuntó a Rigecin como el origen de la documentación.
El 04/01/2010, Clarín publicó una denuncia de la por entonces ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, por estar "probados claramente" los cargos de corrupción contra Rubén Romano, quien fue procesado junto a otros 5 empresarios por desviar $21 millones del Pami. Entre ellos, Jorge Manuel Salinas.
Ocaña, quien fue interventora de la obra social de los jubilados, reveló que entre el 2000 y el 2005, un grupo de empresarios de la salud desvió más de $21 millones a través de "procedimientos de pago no transparentes".
Esto fue ratificado por el juez federal Octavio Aráoz de la Madrid, quien procesó a 5 empresarios, entre ellos a Jorge Manuel Salinas, por el delito de fraude al Estado, en una causa vinculada a la de "la mafia de los medicamentos", que estuvo a cargo de Norberto Oyarbide.
Casi en paralelo se produjo la clausura del laboratorio que operaba en Paraguay. Y el fin del período de expansión económica, incluso en Bolivia. El 11/12/2012 se solicitó la quiebra de la firma Apolo.
El 22/05/2013 se sumó otro pedido, según el Registro Público de Comercio en Rosario. El día que explotó la caldera, la juez emplazaba a Apolo a saldar las deudas con sus acreedores, dentro de 5 días hábiles.
Sin embargo, en abril 2016 Laboratorios Apolo había sido autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a producir efedrina.
La empresa había manifestado el extravío del certificado que lo avalaba a tal fin y es por eso que tramitó uno nuevo. Bajo la disposición Nº 3.774 publicada en el Boletín Oficial del organismo el 13/04/2016, el organismo nacional extendió entonces un nuevo certificado actualizado de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales.
El aval lo habilitó a producir la especialidad medicinal denominada Efedrina Apolo y Efedrina Sulfato, bajo la forma farmacéutica de solución inyectable. Dos meses después, todo voló por los aires.
La concejal Fernanda Gigliani, sumó otro argumento para cuestionar el funcionamiento de ese establecimiento: "El laboratorio Apolo se define como industria categoría 3, pero con la modificación del segundo anillo perimetral se cambiaron las normativas urbanísticas, que establecen que ahí no se puede instalar ese tipo de industria. Es un uso no admitido para ese sector”.
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