Luego de la famosa 'Mafia de los medicamentos' (2010), que dejó tras las rejas al secretario general del gremio bancario, Juan José Zanola, y el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, el gobierno kirchnerista comenzó a partir de 2011 a regular la trazabilidad de los medicamentos de mayor demanda, que fueron los otros protagonistas en aquella asociación ilícita.
El entonces juez federal Norberto Oyarbide también comprobó que a través del cobro de subsidios de la Administración de Programas Especiales (APE), Juan Rinaldi, ex titular de la Superintendencia de Seguridad de la Salud y del APE, defraudó al Estado.
Sin embargo, a partir del 10 de diciembre de 2015, los laboratorios comenzaron a presionar al gobierno para que poco a poco se elimine esta regulación. Pero el pasado viernes (23/09) el Boletín Oficial sorprendió con esta polémica medida contrarrestada con la incorporación de 49 medicamentos de baja demanda.
Según confiaron a Urgente24 fuentes del sector, "los laboratorios venían charlando con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) para eliminar los controles, pero siempre se supo que hasta que Mario Quintana y Juan Tonelli no dieran el OK, era muy difícil llegar a buen puerto".
"La trazabilidad es la herramienta más eficiente para controlar en tiempo real las transacciones de los medicamentos, verificar el origen de los mismos, registrar la historia de localizaciones y traslados a lo largo de toda la cadena de distribución. Es ideal para detectar anomalías en un circuito de provisión legal definido, logrando entonces garantizar al paciente, la calidad y seguridad para su salud de los tratamientos a los que se expone.
De igual forma, se evitan perturbaciones en los agentes financiadores, asegurando la viabilidad del sistema en su integridad. Un adecuado sistema de trazabilidad debiera permitir, por ejemplo, la localización inmediata de los medicamentos que, por diferentes motivos sanitarios, hubieran de ser retirados del circuito asistencial o comercial", detalla la ANMAT en su página oficial.
Dicha medida fue justamente implementada para que sean monitoreados todos aquellos medicamentos de mayor demanda y alto costo, como el caso de los oncológicos, HIV y hemoderivados.
También estaba bajo la lupa del Estado, Alplax (Alprazolam), Lexotanil (Bromazepan), Rivotril (Clonazepan) y Rohypnol (Flunizepan), que son con los que muchos hacen su negocio por tratarse de fármacos utilizados para la 'Jarra loca'.
El objetivo final era reemplazar por completo el sistema de troqueles durante este año, pero los laboratorios han venido demorando su cumplimiento y presionaron para flexibilizar el sistema circunscribiéndolo sólo a los medicamentos más costosos, como era al inicio.
Así se lo manifestaron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) al ministro de Salud, Jorge Lemus, y a Carlos Chiale. A partir de ese lobby se llegó a la disposición 10.564 publicada el viernes en el Boletín Oficial que incorporó 49 principios activos en un listado que figura como Anexo I y sustituyó los anexos de las disposiciones de Anmat de 2012, 2013 y 2015, que en conjunto incluían 391 principios activos, por un nuevo listado de 298 principios activos que se incluyó como Anexo II.
Al comparar ese Anexo II con las disposiciones de los años anteriores se puede comprobar cuáles son los 93 principios activos que ahora fueron dejados al margen, entr e los cuales figuran los psicotrópicos, agrega el diario Página/12.
Al parecer, la justificación de los laboratorios es que esa trazabilidad encarece los costos por la logística que conlleva.
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