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| Imagen de la tragedia en la escuela de Moreno. |
(U24) - La Provincia de Buenos Aires asignó a educación inicial, primaria y secundaria de las escuelas del Estado, un presupuesto de $143 mil millones para el 2018. Esto implica el 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, o sea, una magnitud más que importante a nivel país.
En términos de la matrícula que debe atender –que son 2,5 millones de niños y jóvenes que concurren a escuelas estatales de la Provincia– equivale a unos $5 mil por alumno por mes. Se trata de una inversión por alumno ni excesiva ni escasa, pero suficiente para evitar condiciones tan precarias y de tan alto riesgo para alumnos y docentes.
¿Qué explica entonces que las escuelas tengan tan severas deficiencias de equipamiento escolar e infraestructura?
Para echar luz sobre la pregunta se puede apelar al presupuesto 2018 de la Provincia de Buenos Aires. Según esta fuente se observa que:
- El 97% del presupuesto de las escuelas del Estado se asigna a salarios.
- Un 2% se asigna a la compra de insumos.
- Un 1% se asigna a infraestructura escolar.
Estos datos muestran que casi la totalidad de los recursos de las escuelas estatales se destina al pago de salarios. La contrapartida es una porción mínima de recursos públicos para comprar materiales de enseñanza, equipamiento escolar y mantener las condiciones edilicias en razonables niveles de confort y seguridad.
Pero lo más negativo es que el alto gasto en salarios ni siquiera premia el esfuerzo y el compromiso de los docentes. Las consecuencias son escuelas sin materiales y en pésimas condiciones edilicias con docentes ausentes o desmotivados.
Bajo estas condiciones no debería sorprender la decadencia que delatan las pruebas de evaluación de aprendizajes de los alumnos, aun cuando la inversión educativa se ha incrementado considerablemente.
El director de escuela es un actor clave ya que es responsable por los resultados pedagógicos y por la disponibilidad de medios y seguridad de docentes y alumnos. Esto colisiona con la centralización con que se administran el personal, la adquisición de insumos y las reparaciones a través de entes centralizados como son los Consejos Escolares distritales.
Por eso, la vicedirectora –víctima de la tragedia– sólo tenía como alternativas perjudicar a los alumnos suspendiendo las clases a la espera de que el Consejo Escolar reaccionara dándole una solución, o asumir el riesgo de una explosión.
El infortunio de esta escuela también explicita la ineficacia de los programas nacionales que aspiran a cogestionar funciones provinciales.
El Ministerio de Educación de la Nación administra un programa financiado con el presupuesto nacional denominado “Infraestructura y Equipamiento”.
El gasto de este programa previsto para el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires es de $671 millones. Aunque el objetivo declamado es financiar pequeños arreglos en las escuelas (procurando suplir las debilidades de la Provincia) tampoco sirvió para evitar la tragedia.
La razón es simple: si un ente distrital –el Consejo Escolar– no logra gestionar centralizadamente las escuelas de su zona, menos lo va a lograr un funcionario desde el Palacio Pizzurno de la Capital Federal.
Para mejorar los resultados educativos es imprescindible modernizar los estilos de gestión. Los pilares centrales son empoderar a los directores y una estructura salarial que premie el compromiso del docente con el aprendizaje de sus alumnos.
Para ello, es clave descentralizar recursos y poder de decisión en los directores, eliminar cargas burocráticas espurias, dotarlos de personal administrativo y mantenimiento y darles herramientas para que puedan trabajar con docentes motivados e incentivados.
En paralelo, desmontar estructuras centralizadas que no tienen capacidad para aportar soluciones.
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