CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). El plan Progresar subsidia a jóvenes entre 18 y 24 años con la condición de que estudien. Aunque la meta es loable, la rusticidad de su diseño lo degrada a un mero mecanismo generador de dependencia y cultura por la dádiva.
Además de no focalizarse en los hogares más pobres para igualar oportunidades, tampoco incentiva los avances en educación e induce a la inactividad laboral. Sería muy positivo sustituirlo por un sistema moderno de becas de estudio y una política laboral que fomente el empleo juvenil.
En base a datos de la Encuesta Nacional de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC, se puede estimar la cantidad de familias que califican al subsidio en función de su ingreso.
Tomando en consideración la información correspondiente al 3° trimestre del 2014, se observa que:
- En Argentina hay 12 millones de hogares urbanos.
- De estos hogares, 8,7 millones declaran tener ingresos inferiores a 3 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- De éstos, sólo 3,5 millones de hogares, o sea el 40%, pertenecen al segmento del 30% de las familias de menores ingresos.
Estos datos muestran que la gran mayoría de los hogares urbanos del país califica dentro del criterio de tener ingresos inferiores a 3 veces el salario mínimo, pero sólo un 40% pertenece al segmento de la población de más bajos ingresos.
De esta forma, con el cambio incorporado recientemente al plan Progresar, se estima que 6 de cada 10 hogares que califican al programa no son pobres.
La baja focalización en favor de los pobres es uno pero no el más importante de los déficits de diseño del plan Progresar. Peor es que, si bien declama promover el estudio, en la práctica no incentiva los avances en educación.
Se limita al trámite burocrático de requerir una constancia de inscripción o alumno regular, pero prescinde del desempeño del beneficiario. En paralelo induce la inactividad laboral dado que no exige tampoco hacer los primeros intentos de incorporarse al mercado de trabajo, justo en una etapa de la vida cuando resulta más pertinente hacerlo.
En la práctica, el Progresar no alienta el esfuerzo educativo ni induce a buscar un empleo, pero crea un enorme “ejército” de jóvenes dependientes del asistencialismo estatal.
La cobertura actual del programa es de unos 700 mil jóvenes, pero con la nueva definición del requisito de acceso se podría llegar a 3 millones de jóvenes subsidiados. Para no seguir dañando a la juventud, hay que desarticular este mecanismo que promueve la dependencia y erosiona la cultura del esfuerzo.
Debería ser sustituido por otro que incentive la formación y la inserción laboral. Con los mismos recursos se podría establecer un sistema de becas, gestionado por los sistemas educativos provinciales, orientado a inducir el avance educativo de los estudiantes pertenecientes a los hogares más pobres.
Complementariamente, se podría utilizar el resto del presupuesto del programa para eliminar las cargas sociales al empleo de menores de 30 años. De esta forma, se facilitaría la inserción laboral de todos los jóvenes dándoles la oportunidad de obtener mediante su propio esfuerzo ingresos superiores a los $900 que da el Progresar.
El asistencialismo encubierto con el velo de la escolaridad o la capacitación inculca entre los jóvenes el derecho a la dádiva.
Seguramente es redituable desde el punto de vista electoral, pero muy dañino para el presente y futuro de los supuestos beneficiarios.
Por el contrario, con un sistema de becas para estudiantes que integran los hogares pobres y políticas laborales que fomenten el primer empleo se les daría a todos los jóvenes la oportunidad de progresar en base al esfuerzo y el trabajo.
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