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| LUCIANO DI CÉSARE |
En todos los juzgados federales existen hoy expedientes en los que se investiga a ex funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández por casos iniciados en diferentes etapas de los 12 años del gobierno K: La jueza María Servini de Cubría tiene a su cargo la investigación de la utilización de los fondos del programa Fútbol para Todos; el juez Sebastián Ramos tiene un expediente en el que se analiza el modo en que se distribuyeron los subsidios ferroviarios previamente a la Tragedia de Once, y una investigación en la que está imputado Jorge Coscia por haber el doble empleo de un ex funcionario cuando estaba al frente de Cultura; Daniel Rafecas está a cargo del caso Hotesur y del expediente por enriquecimiento ilícito de César Milani, quien fuera el Jefe del Ejército en el gobierno kirchnerista; Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral, Casanello, y tantos otros, llevan demasiados casos en sus juzgados.
Pero es en el de Ariel Lijo, quien tiene el caso Ciccone por el que fue procesado el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, las investigaciones por enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente y de la ex presidente de la Casa de Moneda, Katya Daura, donde está la investigación para determinar si el ex director de PAMI Luciano Di Cesare –imputado por el fiscal Franco Picardi el último día hábil de 2015- cometió delito cuando se adjudicó un pago de algo más de 2 millones de pesos por vacaciones no gozadas en la obra social de los jubilados.
Para intentar normalizar al PAMI, organismo históricamente utilizado por los sucesivos gobiernos como una caja negra, el actual interventor, Carlos Regazzoni, encontró que su sucesor en el cargo, el mismo kirchnerista Di Césare, habría cometido "defraudación contra la administración pública", orquestando toda una red montada desde la misma dirección del PAMI para sortear los mecanismos de control.
Según confían desde el riñón más cercano a Regazzoni, Di Césare "dejó en funcionamiento una compleja red de corrupción para desarmar", destacando incluso que el ex interventor mantendría una "vinculación directa con muchas empresas prestadoras de servicios".
Di Cesare dejó deudas millonarias con proveedores, en su mayoría instituciones públicas, además de haber instaurado en el organismo una especie de "estado policíaco" en el que sólo valía su deseo, dejando de lado lo primordial que era la atención de los adultos mayores.
La situación en el manejo del organismo fue tan ridícula, que incluso semanas antes de concluir el 2015 se pudo conocer que más de 6.000 militantes rentados de La Cámpora fueron contratados por el organismo público, copando la obra social.
Además, según reconoció hace poco Regazzoni, el kirchnerismo dejó al PAMI con una deuda $5.000 millones, lo que afecta severamente la calidad de las prestaciones. "Si todos los nombramientos se hubiesen realizado para designar mayor cantidad de profesionales para dar más y mejores servicios, otra sería la historia. Ello no ocurrió. Cuando yo asumí al frente del PAMI, había más de 13 mil personas nombradas, muchas de cuales eran ñoquis y contratos políticos. Echamos a más de 2000 de estos personajes. Nosotros venimos denunciando desde hace tiempo la enorme cantidad de nombramientos políticos en los últimos años, que se hicieron principalmente para beneficiar a La Cámpora, y el desfinanciamiento de la obra social. Resulta realmente lamentable que, luego de las dos consolidaciones de la deuda del PAMI que se habían aprobado en el Congreso, ahora estemos en esta situación tan crítica", dijo la ex interventora del PAMI, Graciela Ocaña, en diálogo con el diario 'Hoy'.
También afirmó que el "desfinanciamiento también se dio a través del direccionamiento de recursos para favorecer a determinadas empresa de salud privadas". En ese sentido, la legisladora puso como ejemplo las clínicas privadas que son regentadas en Berisso y Ensenada por Juan Manuel de Rosa, el médico privado de Hebe de Bonafini, que habría recibido una cantidad de cápitas muy por encima de la capacidad que tienen esos centros de salud.
A mediados de enero, Regazzoni no descartó que se promuevan despidos, al advertir que su gestión está alineada "con la política general del Gobierno" de apartar a los empleados que "cobran un sueldo para hacer política, no para trabajar", porque la gente "pide un cambio en eso".
Finalmente señaló que el PAMI "es víctima de un desmanejo desde hace muchos años" y por eso hoy tiene "una deuda de unos 5.000 millones de pesos" que pone a la obra social "en situación de riesgo" y eso ya se ve con alguna falta de insumos, porque "a muchos prestadores se les deben seis o siete meses de servicios".
"No puede ocurrir que el PAMI siga dando déficit, porque es insostenible una institución que sea permanentemente deficitaria", mencionó el funcionario. Esta semana se conoció también que la nueva administración detectó que desde 2013 se viene pagando $500 millones por año en la compra de medicamentos de afiliados muertos.
Esos remedios luego eran revendidos en el "mercado negro" a clínicas y farmacias, cuando el organismo estaba a cargo del kirchnerista. Uno de los casos que se detectaron es el de una mujer de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial con un costo mensual de 1.000 pesos. La jubilada murió en agosto de 2013, pero a las pocas semanas empezó a recibir una gran cantidad de recetas de insulina y de tiras que nunca había usado, por un valor diez veces mayor a los consumos anteriores.
"Detectamos 7.500 personas fallecidas que aparecen con la compra de medicamentos con descuento parcial o total del PAMI", aseguró Regazzoni. "No hubo controles internos, no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, había médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria", explicó.
El funcionario indicó que se auditan las cuentas de la obra social, que desde 2011 no presenta balances.
Ocaña se refirió también al nuevo escándalo que se destapó al descubrir que se vendían remedios a 7500 jubilados fallecidos, y calificó la acción como "un choreo" y explicó que ese tipo de cuestiones suceden porque se aflojan los controles y no se cruzan los padrones entre activos y fallecidos.
En declaraciones al programa "Todos en La Ocho", Ocaña señaló que "parece que las cosas malas en Pami se vuelven a repetir". En ese sentido recordó que cuando estuvo al frente del Pami había un informe que indicaba que "el padrón estaba sobreestimado". "Cuando hicimos el cruce con las bases de la Anses que tiene un control bastante eficiente, le dimos de baja a muchos, el padrón estaba en 3600 millones y bajó a 3100 millones, de ahí en más hicimos un control cada mes para que eso deje de pasar", recordó.
Ocaña calificó que el fraude con los medicamentos "es bastante burdo, pero lo que sucede es que todos los controles y auditorías que nosotros habíamos impuesto se han vulnerado. Hay gente de adentro del propio Pami que es parte de esta maniobra, empresarios de farmacias, que hacen un circuito para robar y volver a colocar esos medicamentos".
"Las autoridades del Pami anterior decidieron que la obra social en vez de ser un lugar de calidad y buenas prácticas, fuera un lugar de choreo", sentenció. "Las auditorías son posibles, en la medida que se quiera controlar, pero cuando el control es parte del choreo montado desde la cabeza de la organización, obviamente empieza el descontrol", agregó.
Por último, Ocaña dijo que espera que "la Justicia actúe y con los controles de la nueva gestión se encamine esto". Ahora Di Cesare está procesado por defraudación a la administración pública. Claudio Bonadio fue quien procesó al ex titular del PAMI por administración fraudulenta, además de al vicepresidente Amado Boudou por la compra de un auto con documentación falsa, y quien motorizó la denuncia contra la familia Kirchner por el caso Hotesur.
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