A partir del reciente fallo judicial que prohíbe a las inmobiliarias de la Ciudad cobrar más del 4,15% del total del contrato en los alquileres de vivienda única, la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) identificó "numerosos incumplimientos y estrategias elusivas ilegales" por parte de inmobiliarias, así como la "generalizada falta de control" por parte del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) sobre el cumplimiento de dicha obligación.
La denuncia se realizó en el Juzgado N° 17 Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, por la violación de la medida cautelar que se resolvió en el marco de la acción de amparo “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c. CUCICBA s. Amparo” –iniciada por ACIJ e Inquilinos Agrupados-, tendiente a asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos de los inquilinos que surgen específicamente de los artículos 11 incisos 2 y 57 de la Ley 2340. El 6 de mayo pasado, el juez Marcelo Segón resolvió suspender la resolución 350/2016 dictada por CUCICBA -que legitimaba el cobro de más del 4,15% como comisión inmobiliaria del total del contrato, contrariamente a lo que prevé la Ley 2340 en sus art. 11 inc. 2 y 57-.
La suspensión de la Res. 350/2016 implica que los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires no pueden cobrar más del 4,15% del total del contrato en concepto de comisiones u honorarios.
Desde ACIJ afirman que "pese a la medida judicial, numerosos corredores inmobiliarios de la Ciudad continuaron con dicha práctica ilegal, o bien han implementado estrategias elusivas que les permitan realizar cobros superiores al máximo legal autorizado -como el cobro desproporcionado de supuestos gastos, honorarios adicionales, etc.-.
A su vez, CUCICBA ha omitido cumplir con su obligación de control adecuado hacia sus matriculados para evitar estas prácticas. Por ello, se ha solicitado la aplicación de multas por incumplimiento a dicho organismo".
"Esta grave situación, que afecta a más de un tercio de la población de la Ciudad, es factible también gracias a la ausencia de conocimiento claro de sus derechos por parte de gran parte de los actuales o potenciales inquilinos, y del público en general. Por ello, se ha solicitado además la ampliación de las medidas de difusión de la decisión cautelar, a fin de asegurar un conocimiento acabado por parte de la población potencialmente afectada", agregaron desde la asociación civil.
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