Siguen apareciendo rastros de la operatoria de la Tupac Amaru en Jujuy y los fondos con los que Milagro Sala construyó un Estado paralelo en esa provincia gracias a los aportes del Gobierno de Cristina Fernández.
En una entrevista con el portal Jujuy al Día, la Gerente de Empleo de esa provincia, Clelia Cortez reveló que al momento de hacerse cargo de la entidad, la organización liderada por Sala manejaba, sin supervisión, alrededor de 25 mil planes.
Sostuvo que esto era negociado en Buenos Aires y que a la provincia solo se bajaba la lista para los pagos, que cada uno de los beneficiarios percibía 1.200 pesos. La metodología coincide con lo denunciado tiempo atrás por una diputada del espacio de Sala que señaló a Máximo Kirchner como el quien entregaba bolsos en la Quinta de Olivos con dinero que retiraban enviados de la Tupac.
Cortez explicó que “cuando asumimos había en total más de 50 mil planes, pero debemos tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una amplia línea de planes como estos emprendimientos, pero había planes, entre los 25 o 27 mil, que eran distribuidos en la Túpac, eran los planes denominados ‘entrenamientos para el trabajo’”.
Respecto a si detectaron irregularidades, Cortez indicó “no podemos saberlo aun porque era muy difícil identificar quiénes estaban trabajando y quiénes no. La Túpac tenía al menos 800 proyectos establecidos como la textil, bloqueras, no sabemos cómo estaban distribuidos ya que estaban en toda la provincia”.
“Recién tenemos una estadística para ver cuáles son los proyectos que estaban trabajando y están cayendo. Pero las estadísticas dicen que hay mucha gente que no está trabajando, proyectos que se presentaron en diciembre del año pasado y termina en agosto de este año, y cuando dejen de cobrar las personas van a acercarse a la Gerencia a ver qué pasó con su programa. La gente que no trabaje ni haga nada no va a ir, la que si trabaja irá a ver qué pasó”.
Indicó que pasó lo mismo con el resto de las organizaciones sociales “porque este programa de ‘entrenamiento para el trabajo’ era destinado a organizaciones sin fines de lucro, y estaba distribuido en su mayoría en la Túpac”.
“Cuando me hice cargo la Gerencia no tenía injerencia, todo se negociaba en Buenos Aires, acá se bajaba el listado para pagar”, aclaró Cortez acerca de la función restringida que cumplía su organismo. En relación a los fondos que significaban estos planes que manejaba la organización social,
Cortez sostuvo que “no lo tengo presente, pero cada persona cobraba 1200 pesos y hoy cobran 1600”. Acerca de la posibilidad de realizar denuncias o auditorias por estas situaciones,
Clelia Cortez respondió “no sé si denuncias pero si desde el nivel central bajaron una lista de organizaciones que debo inspeccionar. Siempre se trabajó más desde Nación, lo que pasa es que muchos de estos proyectos de las organizaciones no dejaban inspeccionarse, ese era el problema que había acá”.
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