El proyecto original del oficialismo, presentado en septiembre de 2015, busca revalorizar el Autódromo de Buenos Aires, ubicado en Villa Riachuelo e inaugurado el 17 de octubre de 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón.
Se da en el marco de un "plan integral, deportivo y comercial, con impacto económico y cultural en beneficio del Área de Desarrollo Sur de la Ciudad".
Para ello, propone un fideicomiso con privados por 30 años, periodo por el cual tendrían los derechos de uso, goce y explotación del inmueble de dominio público. Es decir que, a cambio de la puesta en valor, podrán edificar locales comerciales y gastronómicos (el proyecto habla de un bar y hasta una whiskería), un hotel, un auditorio, un museo temático, una escuela de pilotos, entre otras instalaciones para recaudar dinero.
Además, indica que las empresas automovilísticas que entren al fideicomiso puedan descontar del pago de ingresos brutos las inversiones que hagan en el Autódromo. También establece que mientras dure el fideicomiso, deberán mantenerse las actividades automovilísticas que se realizan en el predio.
Sin embargo, el Autódromo de Buenos Aires hace mucho dejó de ser la "Catedral del Automovilismo Argentino", que fuera sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1.
En julio de 2015, la Justicia porteña lo clausuró justo en la previa de una carrera de Súper TC 2000, que finalmente se realizó sin habilitación. Justamente, la séptima fecha de esa misma categoría se correrá entre el 30 y 31 de este mes, en el marco de los "200 kilómetros de Buenos Aires".
"Queremos que el Gálvez sea la cuna del automovilismo nuevamente. Estamos trabajando en un proyecto en la recuperación del autódromo. Queremos hacer un polo del deporte en el sur de la Ciudad. Esperemos que el 31 sea una fiesta", remarcó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta al anunciar, la semana pasada, la vuelta de la competencia a la Ciudad.
Sin embargo, riesgo de derrumbe en ciertas instalaciones, falta de protección en el tendido eléctrico, ausencia de luces de emergencia en las escaleras de las tribunas y otras tantas irregularidades se detectaron en las inspecciones que dejaron sin habilitación al Super TC 2000 el año pasado.
La concesión actual está en manos de Autódromo Ciudad de Buenos Aires S.A. (ACBA), cuyo gerente, Gustavo Ronchetti aseguró que "ACBA seguirá hasta 2017" y que "hay que hacer una inversión entre 20 y 30 millones de dólares y por treinta años".
Según el PRO, "el ingreso de inversores privados es una ventaja porque garantiza el financiamiento del proyecto, acotando el impacto presupuestario y sin que esto signifique perder las facultades de control y orientación del plan integral. También crearía muchos empleos, ayudaría a impulsar el Sur de la Ciudad (la Corporación Buenos Aires Sur S.E. representaría a la Ciudad) y se integraría al Distrito del Deporte", creado en diciembre pasado. Pero este proyecto quedó estancado en la comisión de Desarrollo Económico.
El PRO no pudo llegar a los 40 votos el año pasado porque parte de la oposición temía por la privatización del espacio público. Distinta sería hoy la situación, con Cambiemos porteño algo 'camuflado', aunque el oficialismo deberá negociar, tal como lo hizo con la reciente creación de la Agencia de Bienes, entidad por la cual la Legislatura delega en el Poder Ejecutivo la venta de terrenos públicos en desuso.
Al respecto, el diputado Adrián Camps expresó que "si bien serán emprendedores los que decidan el uso del autódromo, esos bienes la ciudad los pierde. Es similar al proyecto de la Villa Olímpica, por el cual el PRO creará viviendas, pero venderá 38 lotes. Eso no es necesario".
El legislador del Partido Socialista Auténtico agregó que "la concesión implicaría edificar donde hoy hay espacios verdes. Por un lado el macrismo dice que quiere que haya una plaza cada cuatro cuadras pero por el otro le entrega a privados un sector amplio en una de las últimas reservas de espacio verde de la Ciudad. Tampoco está explicitado en el proyecto de ley cuál sería el canon que deberían pagar los concesionarios".
También destacó que los 40 votos necesarios para sancionar la ley, audiencia pública mediante, "no serían un impedimento para el PRO, porque hoy la oposición en la Legislatura quedó desequilibrada, con la conformación de Cambiemos.
Se vio con la votación de la Agencia de Bienes. Todo depende de como se articulan los intereses de las empresas constructoras que responden a cada bloque. Lo cierto es que, de seguir así, cuando termine el gobierno del PRO, casi no va a quedar tierra pública en la Ciudad".
No hay comentarios:
Publicar un comentario