Hace pocos días, el director de la DGREC (Dirección General de Reciclado), Lucas Peverelli, renunció a su cargo al denunciar el vaciamiento del servicio de recolección diferenciada como parte de un proyecto impulsado por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para privatizarlo.
Ante esto, el diputado del Partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, expresó que el "sistema de reciclaje con inclusión social debe ser ley, para no depender de la voluntad del gobierno de turno".
Desde la cartera que dirige Eduardo Macchiavelli están "evaluando ajustes del sistema de reciclado", que en los últimos 2 años le costó a la Ciudad unos $600 millones. Frente a esta denuncia, los presidentes de las 12 cooperativas de cartoneros que hoy forman parte del sistema de reciclaje diferenciado exigieron el cese del vaciamiento en la cartera de Ambiente, que depende de Eduardo Macchiavelli, bajo el lema "¡Sin cartoneros no hay Basura Cero!" para que "no se negocie el futuro del sistema de reciclado en una mesa chica a espaldas de los trabajadores".
Al respecto, el legislador Adrián Camps exigió que "el sistema de reciclado con inclusión social debe ser ley en la Ciudad, para no depender de la voluntad del gobierno de turno".
Destacó que "el proceso que se da en la Ciudad con las cooperativas es un éxito a nivel mundial, con la incorporación de 5500 trabajadores informales en 12 cooperativas que se manejan en distintos centros verdes en la Ciudad. Hoy gozan de beneficios, prestaciones sociales para sus hijos. Tienen reconocimiento mundial y, hay que destacar, buena predisposición del Gobierno porteño, como del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, que conoce perfectamente el problema porque tuvo un papel importante para la redacción de los convenios".
Efectivamente, la licitación con las cooperativas se concretó en el 2011, en el edificio del Centro Cultural San Martín. Pero pasaron más de 2 años hasta que firmaron un contrato, el 02/01/2013, que reconoció a los cartoneros como “recuperadores urbanos”.
El convenio fue suscripto por el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, en ese momento a cargo del actual Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y la Dirección General de Reciclado. La firma de estos contratos cerró un ciclo que comenzó en el 2010 y marcó un inicio formal a la prestación del servicio de recolección de los residuos reciclables de la ciudad por parte de las cooperativas por un plazo de 4 años.
En virtud de esto, las cooperativas pueden contar con presupuesto propio, que es del 10% del total destinado a higiene urbana. El diputado del Partido Socialista Auténtico agregó que "en la Ciudad, rige la ley 4.120 que separó los sistemas de recolección de residuos en húmedos y secos y otorgó a las cooperativas el trabajo sobre estos últimos. Esto se está manejando mediante un convenio que se renueva todos los años, pero que en la actualidad quedó desactualizado. Por eso convendría sancionar una ley marco para que esto quede plasmado en la Legislatura y no haya riesgo de privatización".
"Pedimos al oficialismo en la Legislatura que interceda ante el Ejecutivo para que este sistema de recolección tan avanzado que tiene la Ciudad, que permite recolectar 600 toneladas diarias de materiales reciclable, se mantengan los medios necesarios para que estas cooperativas puedan funcionar y así no retrocedamos a otras épocas de la Ciudad que ya tenemos superadas", finalizó Camps.
Las diferencias radicarían, específicamente, en un nuevo llamado a licitación para poner en marcha el sistema de reciclado, en la que podrían participar empresas privadas. En días más se brindarían más detalles respecto a las empresas que ofertarían, por ende no se descarta una nueva movilización al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que conduce Macchiavelli, donde aseguraron que hubo "motivos personales" detrás de la dimisión de Peverelli y que "se están evaluando ajustes del sistema de reciclado, hay muchas quejas de los vecinos por las deficiencias en la recolección".
Hay que destacar que el gobierno porteño asegura a los cartoneros un sueldo básico de $4.500. Y consiguen un plus con la venta del material. En promedio, se llevan unos $6.000. Si bien, afirmaron, el Estado ahorra gastos tanto en transporte como el canon que conlleva el enterramiento, hacer funcionar el esquema, con la compra de maquinaria y la construcción de los centros verdes de reciclado, demandó una inversión de $ 600 millones en los últimos 2 años, según cifras oficiales.
Además, el funcionario es consciente de que se trata del 4to. cambio para los vecinos, que siguen sin separar sus residuos. Por eso evaluan algunos cambios, como descartar las campanas verdes.
"Estamos atravesando un proceso de ordenamiento, tenemos que hacer más eficiente la recolección. Creemos que dispondremos menos en los lugares donde hay mayor concentración de población y allí sólo habrá sistema puerta a puerta, es decir, que el vecino combine con las cooperativas para que retiren en mano los reciclables. En tanto, se repartirán más campanas en las zonas de densidad baja", indicaron desde el ministerio.
"Es necesario rediseñar el mapa. Tenemos pensado acordar con las comunas, los lugares en donde son necesarios estos contenedores y aquellos en los que no. La Ciudad ha desarrollado otros dos modos de recolección que funcionan: los puntos verdes para acercar los residuos en parques y plazas, y el retiro que hacen las cooperativas en cada edificio, con cada encargado. Perfeccionaremos el uso de la campana verde"agregaron y explicaron que, por el momento, no se sumarán más recipientes a los 1894 que ya hay instalados.
En tanto, el abogado y dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, denunció que hace más de 18 meses que el Gobierno no entrega los uniformes de trabajo y se discontinuaron las inversiones en los Centros Verdes. Tampoco se renovó la flota de vehículos para las cooperativas y, en lo que va del año, no se ha presentado el Plan Anual, que estipula las actualizaciones de los contratos.
“Se pretende colocar al cartonero como chivo expiatorio de los problemas de higiene en la Ciudad y apelando al pensamiento mágico se ofrece la privatización como receta para solucionarlos”, denunció al hacer referencia a las deficiencias en la higiene de la Ciudad que no pueden atribuirse a los recuperadores urbanos cuya función es la recolección diferenciada de RSU secos y no la limpieza propiamente dicha.
La limpieza de la Ciudad está a cargo de las empresas privadas de higiene urbana que cobran $8.000 millones anuales para realizar ese trabajo. El trabajo de las cooperativas se basa en un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR).
El acuerdo divide a la ciudad en 14 zonas donde los recuperadores desarrollan su actividad a partir de la separación que los vecinos hacen entre basura orgánica y residuos secos como cartón, vidrio, metales y plásticos.
Las 12 cooperativas que trabajan en la Ciudad son El Amanecer de los Cartoneros, El Álamo, Recuperadores Urbanos del Oeste, Recolectores del Oeste, Cartoneros del Sur, El Trébol, Alelí, Reciclando Trabajo y Dignidad, Baires Cero, Primavera, El Ceibo y Las Madreselvas.
Además, actualmente funcionan 8 Centros Verdes gestionados por cooperativas de recicladores urbanos. A estos establecimientos llega todo el material recolectado por los recicladores y por los camiones que recogen los contenidos de los contenedores verdes que están dentro del circuito de RSU monitoreado por el Gobierno porteño.
La tarea de los recuperadores consiste en trasladar los residuos secos desde la vía pública hasta los establecimientos de la cooperativa. De esta manera, se favorece el medio ambiente ya que se evita que miles de desechos sean enterrados en terrenos del CEAMSE. Desde la FACyR, temen que los contratos con las cooperativas de cartoneros que se firmaron en 2011 y 2012, terminen en enero 2017.
"Para renovar el proyecto hay que elaborar un pliego de nueva contratación, que se estaría barajando con empresas privadas y no a las cooperativas de cartoneros. Es a partir de eso que nosotros vemos que es patente la intención de privatizar", destacaron. Según el convenio entre el GCBA y los recuperadores urbanos, la DGREC debe llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de venta para las cooperativas tales como generar un Manual de procedimiento de compra – venta de materiales reciclables y realizar una compulsa de precios invitando a compradores inscriptos en el
“Registro de Comercializadores de Materiales a Reciclar”. Asimismo, desarrollará un plan anual para la implementación de los programas en cada zona en acuerdo con la cooperativa y convocará a la creación de un Comité de seguimiento y control de los objetivos de la aplicación del sistema con participación de todas las cooperativas prestatarias.
También compromete asistencia técnica para la prestación del servicio y la inclusión social de los Recuperadores Urbanos y la generación de un Reglamento de Recuperadores Urbanos.
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