En el diseño del nuevo organismo trabaja el recién asumido ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Su misión es tenerlo listo antes de fin de año para que, eventualmente, funcione a pleno el año que viene. La oficina trabajaría bajo el paraguas de esa cartera.
Es parte de un objetivo que se fijó la gobernadora de transparentar la gestión provincial, que incluyó un decreto que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo y al personal policial, hasta la categoría de subcomisario, a presentar las declaraciones juradas patrimoniales.
Esa iniciativa luego se trasladó a la Legislatura para darle fuerza de ley, ya que en la Provincia todavía no existe una en este sentido. Cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores. Para hacerlo realmente transparente restaría conseguir la obligatoriedad de que las declaraciones de los funcionarios, que deben presentarse todos los años, sean de carácter realmente público. La nueva oficina, en rigor, será parte del Ejecutivo, con rango de secretaría o dirección provincial.
Al menos eso dicen los borradores que se vienen elaborando en Justicia. El nombre provisorio es Oficina de Fortalecimiento Institucional (OFI). Fuentes del gobierno provincial recalcaron que además de la facultad investigativa, el organismo hará mucho hincapié en la parte preventiva del trabajo de trasparencia.
El detalle de que sería un organismo que depende del Ejecutivo tiene destino de ser objetado por la oposición a Vidal, que ha presentado sus propias iniciativas de creación del ente anticorrupción en las que se habla de “autonomía y autarquía” e incluso de darle el manejo a funcionarios que no sean del oficialismo de turno.
La nueva oficina, en rigor, será parte del Ejecutivo, con rango de secretaría o dirección provincial En otras provincias existe este esquema. Pero es inevitable tomar el reflejo de lo que sucede a nivel nacional. La OA es conducida allí por Laura Alonso, una dirigente del oficialismo.
Algo que, en rigor, es perfectamente legal: el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 102/99 determina que debe estar a cargo de la misma “un Fiscal de Control Administrativo, con rango y jerarquía de Secretario, designado y removido por el Presidente a propuesta del Ministro de Justicia y Derechos Humanos”. No habla de colores políticos.
En todo caso, lo que se le ha objetado a Alonso es cierta permisividad con funcionarios del gobierno actual -el embrollo con las acciones que el ministro Juan José Aranguren tiene en la empresa petrolera Shell fue el punto más polémico-. y, desde un perfil más técnico, que no es abogada ni tiene antigüedad en la Justicia, como sí exigía el decreto antes mencionado.
El antecedente más cercano de lo que para muchos observadores sería el esquema ideal de funcionamiento de este tipo de oficina anticorrupción se dio cuando estaba al frente de la llamada Fiscalía de Investigaciones Administrativas Miguel Garrido, dirigente del radicalismo. Garrido fue propuesto en 2003 por el ex presidente Néstor Kirchner y durante su gestión se presentaron decenas de denuncias de casos de corrupción contra funcionarios nacionales.
Finalmente, renunció en 2009 acusando al gobierno de Cristina Fernández de intentar limitar sus atribuciones. Luego sería diputado nacional. La creación de un organismo anticorrupción es una vieja deuda de la clase política bonaerense.
De hecho, en la constitución provincial está previsto este paso. En la Sección I, cuando se estipulan las “Declaraciones, Derechos y Garantías”, se dice que se “creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.
Es que para la Carta Magna los actos de corrupción “agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional” (Artículo 3º). En el gobierno bonaerense explican justamente que la creación de la OFI, más allá del rango que finalmente tenga, fue pensada para llenar esa suerte de vacío hasta tanto se concrete la formación del Tribunal que prevé la Constitución provincial, algo que deberá hacerse por ley.
DECLARACIONES JURADAS
La Oficina Anticorrupción informó este miércoles que 6.125 funcionarios actuales y otros que ya dejaron la función pública todavía no presentaron sus declaraciones juradas del año pasado. Tenían tiempo hasta el 30 de junio, pero desde el organismo que encabeza Laura Alonso explicaron a BigBang que ni siquiera hasta el 15 de julio normalizaron su situación.
Por eso, ahora son considerados "incumplidores" de la ley. Los ex funcionarios Ricardo Forster, Abel Fatala y Andrea Rabolini, hermana de la ex primera dama bonaerense, son algunos de los que permanecen como incumplidores en la entrega de sus Declaraciones Juradas.
Según consta en la web oficial de la OA, el ex ministro de Justicia, Julio Alak, y los funcionarios actuales Eugenio Burzaco (viceministro de Seguridad) y Victoria Morales Gorleri (subsecretaria en Desarrollo Social), sí presentaron su Declaración Jurada tras haber figurado como incumplidores en el listado anterior, dado a conocer a mediados de junio pasado.
Otros ex funcionarios que tampoco cumplieron con el Decreto 164/99 son la ex subsecretaria de Control de Sustancias Psicoactivas del SEDRONAR, Sonia Aiscar y el ex subsecretario de Agricultura Familiar, Osvaldo Chiaramonte.
También figuran Valeria y Marisol Granados, hermanas del intendente de Ezeiza, quienes trabajan como jefas de UDAI de la Anses de ese municipio bonaerense.
Por parte del oficialismo, entre los incumplidores está el ex jefe de gabinete de la Cancillería y actual embajador en Canadá, Marcelo Suárez Salvia, y, sorpresivamente, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien trabaja ad honorem como presidente del Centro de Estudios Constitucionales y Políticos Bidart Campos, que funciona en la órbita de la cartera de Justicia.
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