Víctor Santa María, diputado del Parlasur por el Frente Para la Victoria y titular del sindicato de encargados de edificios (SUTERyH) -entre la enorme cantidad de que cumple-, no estaría pasando un buen momento.
Luego de la derogación de la ley que le daba representatividad a los encargados para determinar, por ejemplo, el porcentaje de aumento de las expensas, su ART (Interacción S.A.) se encuentra imposibilitada de emitir pólizas de seguro e inhibida de bienes.
La fuerte medida impuesta por la Superintendencia de Seguros ocurrió luego de que una auditoría encontrara un faltante de $203.500.000 de pesos en el balance 2015, un rojo que representa el 80% del patrimonio.
El además presidente del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires y director del grupo de medios Octubre (Página/12, Caras y Caretas), intentó minimizar la realidad al detallar que "ahora hay cinco días para apelar el rechazo y seguir trabajando como veníamos trabajando" y que se trataba de un simple "error contable".
Aunque arremetió: "Hay una demonización contra los trabajadores y contra todos los que tuvimos alguna afinidad de pensamiento ideológico con el gobierno anterior".
"Hoy el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo del país está crisis, por ejemplo Provincia-ART está muchísimo peor que nosotros, aunque la Superintendencia no le ha iniciado ni siquiera una demanda", ejemplificó.
Dicho organismo de control comunicó a su vez, que la ART tendría unos 5.000 juicios no registrados, lo que le elevó a los $1.400 millones el monto de capital exigido, para eventualmente, responder a esos litigios.
Al no disponer de ese dinero, colocó a la empresa en la obligación de tener que, de ahora en más, contar con el aval de la Superintendencia para pagar los pleitos.
Según advierte Clarín, esta judicialización se retrotae al mes de mayo y quien maneja la causa es el juez Claudio Bonadio.
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