El juicio contra los fondos buitre podría terminar la próxima semana, más exactamente, el martes 27, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York trate uno de los últimos casos que aún permanecen abiertos.
Se trata del bonista Muhammad Ladjevardian, que no ingresó en los canjes de 2005 y 2010 y que se convirtió en uno de los pocos en seguir litigando, y hasta ahora mantiene su postura pese a que el 98% de los acreedores ya aceptó el plan de pagos que en febrero pasado llevó el secretario de Finanzas, Luis Caputo, a Nueva York.
Según informa esta mañana el diario 'Ambito Financiero', "hace un mes, el grupo de argentinos que aún mantenía el juicio, el autodenominado Grupo Varela, retiró las demandas y también aceptó la oferta del Gobierno de Mauricio Macri. Sólo restan Ladjevardian y otros fondos de inversión, los que, se supone, compraron deuda argentina y consideran, según la visión que se tiene desde Buenos Aires, continuar el juicio a modo de "boletazo"".
(...) Desde Argentina se confía en que la segunda instancia judicial continuará con la jurisprudencia que siempre mantuvo en este caso, de sostener las decisiones de la primera instancia judicial. Como Thomas Griesa rechazó la presentación en mayo pasado, descartan en Buenos Aires que la Cámara avalará la decisión del juez y respaldará el acuerdo mayoritario al que llegó el país con los acreedores. Si la Cámara de Apelaciones reafirma la postura de Griesa, el juicio estará terminado y la Argentina habrá cerrado definitivamente la causa del default de 2001.
(...) Ladjevardian busca obtener el pago al contado de US$56 millones, con bonos comprados a fin es de los 90 por unos u$s13 millones y luego de haber rechazado los canjes de 2005 y 2010 y la oferta argentina de febrero de 2016. Había esperado el acuerdo final para comenzar una nueva demanda contra el país, basándose en que debía recibir el mismo tratamiento que otros grupos de acreedores.
Solicitaba el embargo de los pagos futuros de la Argentina y que se avanzara en la cláusula Discovery. Griesa rechazó todos los argumentos, y ratificó además el derecho del país a negociar individualmente en términos diferentes con cada acreedor. El demandante llevó luego toda la presentación a la Cámara de Apelaciones, que aceptó tratar el caso basándose en el derecho de Ladjevardian de tener una definición en la segunda instancia judicial. La fecha fijada fue la del 27 de septiembre y allí nuevamente el país tendrá que responder a las quejas de un acreedor. Se confía en que sea la última."
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