En una movida que seguramente no le gustará al cocinero Martiniano Molina, actual jefe comunal de Quilmes por el PRO y que denunció penalmente a la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez, el exintendente kirchnerista aterrizará en el directorio del Bapro debido a un acuerdo entre el peronismo y el gobierno de María Eugenia Vidal que ya causa enojo en Cambiemos.
Gutiérrez asumiría en el Grupo Bapro en la primera semana de octubre, precisó el portal La Política Online.
En tanto, el portal Letra P recuerda que el actual secretario de Interior de la Central General de Trabajadores (CGT) que proviene del sindicalismo metalúrgico, logrará entrar al Bapro en medio de la discusión presupuestaria y de endeudamiento que debe afrontar el gobierno de Vidal en la Legislatura bonaerense. Sería una prenda de cambio.
Ocurre que Gutiérrez es esposo de la diputada provincial del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Evangelina Ramírez. La legisladora forma parte del bloque que preside Walter Abarca y que responde a los intendentes del Grupo Esmeralda.
Hubo una movida similar en el Senado con el senador peronista Patricio García y su hermana, la ex diputada nacional, Andrea, quien consiguió que el Senado preste acuerdo en la designación de su hermana como una de las directoras del Banco Provincia.
Ahora le toca a Gutiérrez, auque no se necesitó acuerdo. Martiniano Molina hizo varias denuncias contra la gestión de Gutiérrez. La primera involucró irregularidades detectadas en los planes de viviendas de los barrios Mozart y La Matera.
Allí, los letrados determinaron la existencia de certificados de obra que documentaron supuestos adelantos nunca concretados, además de la entrega de viviendas que obligaron a los moradores a estar “en condiciones inhumanas” de hábitat, según se indicó.
La segunda de las causas iniciadas denunció judicialmente el contrato suscripto entre la administración Gutierrez y la firma BASA, por el que se abonó la suma de 450 mil pesos mensuales por el uso de hangares que sirvieron de base para la escuela de Policía Local.
Tras revisar el contrato y pedir tasaciones, la administración Molina avanzó en solicitar a la Justicia que investigue la posible comisión del delito de estafa contra la administración pública. La última fue sobre faltantes patrimoniales en el área de Medio Ambiente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario