Pasaron 5 años y aún se discute en la justicia bonaerense si los acusados por el impactante asesinato en el partido de San Martín de la niña Candela Rodríguez, tras haber estado 9 días secuestrada, tendrían que ser sometidos a juicio por jurado o no.
En el banquillo no estarán ni los narcos ni los policías que participaron de su muerte, ni los políticos que los encubrieron. Otro tanto lleva inconclusa la condena de 3 policías que mataron a la adolescente Natalia Mellmann en Miramar y que por un fallo de la Corte podrían quedar este mes en libertad.
Entraderas, salideras, secuestros exprés, robos y todo un repertorio de delitos que dan vueltas por las puertas giratorias ocupan no sólo la atención de los medios, sino que hacen cundir la sensación de desamparo en una ciudadanía que cada vez se entera de más casos criminales cercanos, entre los que les ocurren a familiares y conocidos, anke a sí misma.
Como sucedía en los tiempos en que Aníbal Fernández era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, aparecen en este contexto estadísticas de lucha contra el delito que no le dan tan mal al actual gobierno, si bien la inseguridad se manifiesta en las últimas encuestas como una de las mayores preocupaciones de los argentinos.
En esta oportunidad, la ministra Patricia Bullrich también recibió números alentadores de una medición realizada en el último mes de 2015, según la cual sólo creció 0,8% el número de víctimas de al menos un delito en el primer año macrista respecto del último kirchnerista.
Aunque el porcentaje de diferencia no llegue a un punto, salpica al 34,7% de los hogares en 40 centros urbanos del país, pero además está potenciado porque, de cada 100 hogares, 23 sufrieron al menos un robo con violencia, modalidad que lidera la tabla con el 59%. En tanto, el hurto de objetos personales y el robo en vivienda se ubican por detrás con el 10,0%.
De todos modos, ¿cuántos de los delitos se denuncian y cuántos no? En la Argentina, los delitos de investigación resuelta no cuentan con una estadística a su favor y esto provoca una cierta incredulidad de parte de la sociedad que impacta en la decisión de denunciar o no, o de qué delitos se denuncian y cuáles no.
Haciendo esta salvedad, el relevamiento realizado por el laboratorio de investigaciones sobre crimen, instituciones y políticas de la Universidad Torcuato Di Tella contó con 1.208 consultas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –que se encontró por debajo del promedio nacional-, el Gran Buenos Aires y el interior del país (Patagonia, zona pampeana, Cuyo, NOA y NEA).
Según se destacó, el Gran Buenos Aires se encuentra por encima del valor del índice de victimización con el 35,8% y el interior con el 37,1%. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, señaló en diálogo con la agencia Télam, con los datos a mano del Operativo Sol que se efectúa todos los veranos en los destinos turísticos de la provincia, que “este año afectó a 19.926 policías (15.926 para las regiones atlántica y de las sierras y 4.000 en el Gran Buenos Aires) y abarcó 42 localidades, que representó un incremento sustancial con respecto a 2016, que incluyó 11.600 efectivos y 24 destinos turísticos”, declaró.
Y detalló el funcionario que “los asaltos disminuyeron 107% con respecto a 2015 y 6% en relación con 2016”. Puntualizó que “hubo un 148% menos de robo de autos que hace 2 años”.
LA CRIMINALIDAD DEL MILENIO
Los números en más y en menos poco le dicen al ciudadano común, a quien la preocupación por la inseguridad se le inoculó a fines de la década de los ‘90, cuando las tasas de criminalidad aumentaron drásticamente, alcanzando niveles históricos durante el colapso económico y la crisis social del 2001-2002.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Khatchik DerGhougassian, y su colega de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Rioja, Sebastián A. Cutrona, encararon un trabajo de investigación que toma como punto de partida 1991, cuando según los reportes oficiales, se registraron un total de 498.290 delitos, mientras que en 1999 las cifras prácticamente se duplicaron.
Sitúan, sin embargo, el pico en 2002 cuando Argentina registró 1.340.529 delitos. Pero con la recuperación económica y el crecimiento a partir de 2003, juntamente con las iniciativas oficiales tales como la 2da . Reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, la preocupación ciudadana por la seguridad disminuyó considerablemente en las encuestas de opinión pública, aunque nunca desapareció completamente.
Efectivamente, desde 2010-2011, en medio de ciertas dificultades económicas y una disminución del apoyo al gobierno nacional, los problemas de seguridad comenzaron nuevamente a convertirse en una prioridad para los argentinos, afirman los catedráticos.
Ellos -en un enfoque que bien podría resultar del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- ponen de relieve que no resultara extraño, entonces, que diferentes medios de comunicación nacionales, especialmente aquellos críticos del gobierno, focalizaran su atención en la inseguridad. Y que, en particular, este fenómeno a menudo se lo vinculara con el consumo de drogas a través de diferentes historias donde jóvenes delincuentes son continuamente estigmatizados como la causa principal de la inseguridad en el país.
Hay otra línea de pensamiento alejada del confort de DerGhougassian y La Rioja: los delitos ocurren siempre, sólo que los medios de comunicación no siempre los comunican. En todo caso podría debatirse la decisión de cuándo se comunican y cuándo no.
Pero no es cierto que no sucedan cuando no se comunican. Luego, el consumo sustancias ilegales provoca tiene relación en general con una reacción más violenta en la sociedad. Basta con escuchar a quienes realizan esfuerzos de rehabilitación.
Es cierto que no todos los consumidores son delincuentes pero sí es terrible cuando los delincuentes son consumidores.
El enfoque ideológico que DerGhougassian y La Rioja le atribuyen a la sensación de inseguridad sitúa, en la vereda de la derecha, a la represión y el reclamo de endurecimiento de penas (la iniciativa para acortar la edad de imputabilidad a los menores, la última); y a la izquierda, al mal llamado garantismo judicial y a la justificación social del auge de la delincuencia.
En el medio hay una zona de nadie que amerita un debate profundo y equilibrado.
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