POLÍTICA / IMPORTANTE
(U24) - La renuncia de Valentín Díaz Gilligan sigue generando problemas dentro de Cambiemos. Es que ahora, la UCR, uno de los miembros fundadores, impulsará en el Congreso un proyecto de ley para que la Oficina Anticorrupción, hoy a cargo de Laura Alonso, investigue a los funcionarios -que no sean elegidos por el voto popular- antes de asumir.
El presidente del bloque radical, Mario Negri (foto), presentó un proyecto de ley para reformar la ley de Ética Pública con el fin de que la Oficina Anticorrupción (OA) emita dictámenes previos a la asunción de los funcionarios designados, para evitar cualquier conflicto de intereses que pueda afectar al Estado nacional.
La iniciativa lleva también las firmas del secretario parlamentario del bloque de la UCR, Luis Borsani; el secretario general de la bancada, Miguel Ángel Bazze, y la diputada Karina Banfi, especialista en temas de transparencia.
Aquellos funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea un resultado directo del sufragio universal, incluirán en la declaración jurada sus antecedentes laborales a efectos de facilitar un mejor control respecto de los posibles conflictos de intereses actuales o potenciales u otros riesgos éticos o conflictos con las reglas y principios de integridad que puedan existir, estableció el escrito.
Sería para quienes fueran postulados para desempeñarse como jefe de Gabinete, ministro, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo y/o como titulares o integrantes de los órganos de gobierno de los entes reguladores de servicios públicos.
"La idea es que quienes resulten designados comparezcan ante la OA, en una suerte de chequeo previo, para ver si no hay contradicciones entre su función anterior y el cargo que van a asumir", explicó Negri.
"Se tomará en cuenta la información que se hubiera presentado y las fuentes de información públicas disponibles. Con tal objeto, (la OA) podrá también requerir información complementaria al candidato y pedir informes a los organismos nacionales, provinciales y municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a organismos privados y como particulares”, agrega el proyecto.
Con la información que recabe y analice, la OA podrá hacer una recomendación para "reparar" alguna situación detectada o hasta "no avanzar con la designación" o "la potencial intervención de otras autoridades".
Otros funcionarios bajo la lupa de la OA por posibles conflictos de intereses son los ministros de Trabajo, Jorge Triaca; de Agroindustria, Luis Etchevehere; de Finanzas, Luis Caputo, y de Energía, Juan José Aranguren.
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