JUSTICIA / CAUSA POR CORRUPCIÓN
La justicia federal ordenó este martes la detención de Juan Carlos Lascurain (foto), quien fuera presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante el kirchnerismo. Lascurain, actual vicepresidente 5° de la entidad empresaria, es investigado en el marco de la causa por el que fue detenido en las últimas horas el intendente de Río Turbio (Santa Cruz), Atanasio Pérez Osuna, por una supuesta maniobra defraudatoria realizada cuando éste era interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRB).
La orden del juez Luis Rodríguez llega en medio de cruces entre la UIA y el Gobierno Nacional. Según trascendió, el empresario ya se entregó ante el juez federal. En concreto, lo que se investiga es qué ocurrió con $50 millones destinados a una obra que nunca se terminó.
La apoderada de la empresa receptora de esos fondos era, en ese entonces, Romina Mercado, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner. La obra en cuestión es la readecuación de la llamada "Avenida YCF (antiguamente Yacimientos Carboníferos Fiscales)", que es el camino que va desde la rotonda de ingreso de Río Turbio hasta la vecina localidad de 28 de Noviembre.
En esta causa el juez Rodríguez ordenó las detenciones de Pérez Osuna y Miguel Ángel Larregina, uno de los ex gerentes de la empresa minera de Santa Cruz.
El presupuesto fijado por el ex ministerio de Planificación para el camino de siete kilómetros -que nunca se hizo- fue de 494.235.000 pesos. La constructora a cargo fue Fainser SA, denunciada en esta causa por el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán y cuya apoderada es la hija de Alicia Kirchner.
Zeidán sostuvo ante la Justicia que pocos días antes del recambio del Gobierno nacional, en diciembre de 2015, Fainser SA recibió $50 millones por parte de YCRT a través de un convenio con el municipio y fondos nacionales para la readecuación de la avenida.
Después de los tres primeros pagos hechos a Fainser, las nuevas autoridades de YCRT suspendieron los desembolsos.
Así y todo, Fainser SA envió una carta documento a las autoridades locales, ya que la obra se hacía en convenio con el municipio e YCRT, reclamando un anticipo de más de 25 millones de pesos. Ese monto nunca se pagó, y ahora investiga la justicia.
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