(U24) - El juez Pablo Omaechea dictó el procesamiento de doce ex funcionarios porteños que actuaron durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno, por “incendio culposo seguido de muerte” por la muerte de diez bomberos ocurrida el 5 de febrero de 2014, debido al derrumbe tras el incendio en la empresa Iron Mountain en el barrio de Barracas.
En el fallo de 494 páginas, el juez explicó las omisiones de control por parte de los ex funcionarios, además de la negligencia de los empresarios. Los procesados son Vanesa Ileana Berkowski, ex directora general de Fiscalización y Control, quien ya está acusada por otra tragedia con muertos, la del derrumbe del boliche Beara, en el barrio de Palermo, en setiembre de 2010, además de Rafael Roldan; Pedro Luis Chapar; Roberto Chiesa; Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; y los inspectores Félix Raimundo Lugo; Jorge Néstor Papanicolau; Ricardo Edmundo Grunfeld; y Alberto Daniel Graciani.
A todos se les aplicaron embargos que van desde los 7 hasta los 17 millones de pesos. Pero por ahora seguirán libres porque fueron procesados sin prisión preventiva. El procesamiento alcanzó al responsable de la empresa de seguridad de Iron Mountain, Oscar Alfredo Godoy; a los directivos de la empresa Eduardo Alfredo Sueyras, el gerente general Guillermo Lockhart y Ricardo Daniel García; Christian Castiñeiras, quien debía garantizar el funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio, como rociadores, alarmas, extintores.
En la causa hay varios sobreseimientos que serán apelados por la querella. El derrumbe en Barracas causó la muerte de los bomberos Damián Veliz, Eduardo Conesa, Maximiliano Martínez, Anahí Garnica, la primera mujer bombero de la Policía Federal y Juan Matías Monticelli, del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal.
También murieron Leonardo Arturo Day, jefe de Departamento Zona I de la Superintendencia Federal Bomberos; Julián Sebastián Campos, Bomberos Voluntarios Metropolitanos de Vuelta de Rocha; José Luis Méndez, del cuartel de Villa Domínico, y Pedro Baricola, de la Dirección General de Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires y Facundo Ambrosi, bombero voluntario de Vuelta de Rocha.
Las indagatorias de una docena de ex funcionarios habían sido pedidas hace más de un año por la fiscal Romina Monteleone y además impulsadas por las querellas, representadas por los abogados Javier Moral y Miguel Ángel Arce Aggeo.
Hasta el día del incendio, en el edificio de Iron Mountain se archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas DirecTV Argentina, Cargill S.A.C.I., Prudential Seguros SA, Expeditors Argentina SA, Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros SA, Galicia Retiro Cía. de Seguros SA, entre otras.
Sobre Berkowski, ex directora General de Fiscalización y Control entre enero de 2008 y agosto de 2011, el juez resaltó que las inspecciones realizadas durante su gestión para prevenir el incendio fueron defectuosas.
"Berkowski ha carecido de eficacia y eficiencia en el ejercicio de su función, pues no solamente no corroboró que las inspecciones que se efectuaron en el predio de Azara 1245 de esta ciudad, se hubieran llevado a cabo debidamente sino que además no supervisó que dicho establecimiento estuviese incluido en la programación del plan operativo anual a partir del año 2011", dice la resolución a la que tuvo acceso el portal Infobae.
De hecho, está probado que la última inspección en el depósito de la calle Azara 1245 fue el 15 de marzo de 2010 pese a las irregularidades constatadas en las inspecciones anteriores y que se trataba de un establecimiento en el que se depositaban objetos altamente combustibles. Según consta en la causa, en esa inspección se detectó, entre otras cosas, que los rociadores de agua no funcionan correctamente porque no había la presión necesaria.
"Existían irregularidades que resultaban notorias y no fueron consignadas en el acta de comprobación de referencia, tales como: excesiva carga de fuego, falta de recubrimiento término en cabriadas, sobrecarga de las estanterías y falta de espacio transversal y longitudinal entre los estantes", agrega del fallo del juez Omaechea, titular del juzgado en lo Criminal y Correccional N° 18.
En febrero de 2015, un año después del incendio, los peritos de la División Siniestros de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) concluyeron que el incendio podría haber sido intencional.
Pero luego un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) relativizó esa hipótesis aunque destacó que el incendio se propagó por una respuesta tardía.
"Los ocupantes del edificio al momento del siniestro demoraron 17 minutos en acercarse al depósito 7 donde el sistema de alarmas señalaba la emergencia, y comprobar la situación crítica", es una de las conclusiones de ese informe.
# ¿LAVADO DE DINERO?
Tiempo atrás, el portal Nuestras Voces, de la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti, publicó una nota del periodista Ari Lijalad que informó que cuando se difundió la noticia del incendio de Iron Mountain, la primera en actuar fue la Comisión Nacional de Valores (CNV), por esos días a cargo de Alejandro Vanoli.
La entonces Gerente de Emisoras de la CNV, Karina Bermúdez, mandó a consultar a todas las empresas controladas por el organismo si tenían papeles en ese depósito. Hasta entonces las empresas no estaban obligadas a informar sobre donde guardaban su documentación.
Recién el 14 de agosto de 2014, producto de la experiencia de Iron Montain, la resolución 629 de la CNV estableció las normas de guardado de documentación y la obligatoriedad de informarle donde y qué guarda. Pero al momento del incendio, esto no existía.
La pesquisa dio resultado y fue remitida a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por entonces conducida por Carlos Gonella, desde donde cruzaron los nombres de las empresas con causas abiertas sobre lavado de dinero.
Encontraron 29 coincidencias entre clientes de Iron Mountain e investigaciones o denuncias por lavado de dinero, fraudes y delitos tributarios. Otro dato notable, según dicho portal, es que varias de las empresas investigadas por lavado retiraron cajas de ese depósito justo antes del incendio, entre diciembre del 2013 y febrero del 2014.
El JP Morgan Chase Bank retiró 27 cajas con documentación sobre balances y contratos varios. BNP Paribas retiró 12 cajas con información sobre comercio exterior del año 2008; el HSBC retiró llamativamente 249 cajas con documentación a partir del 2010. Por otro lado, varias cajas con documentación que se perdieron por el incendio eran de empresas de la familia Macri.
En el ranking de las empresas que más documentación perdieron se encuentra Servicio Electrónico de Pago SA, nombre legal de Pago Fácil, empresa controlada por SIDECO, del clan Macri. De las 18.150 cajas que tenía en el depósito se le quemaron 6.585, o sea, el 36%.
Si bien los rótulos de la cajas no son determinantes, ya que no es una nomenclatura legal sino que cada empresa pone la referencia que quiera, son más que sugerentes y cobraron otro significado tras las revelaciones de las Panamá Papers: La caja Caja N° KN100156447 tenía el rótulo “VARIOS PARATY-PANAMA-OMEXIL-UR”.
Sugestivamente, Panamá es donde aparecieron varias sociedades offshore vinculadas al clan Macri; Omexil es una de ellas. Había dos cajas cuyos rótulos eran Caja N°: 31184218 7 INF. DIAR IECSA BCE BRASIL y Caja N° 552218760 BRASIL CTAS.
Cabe destacar que según las investigaciones derivadas de los Panamá Papers, el negocio de los Macri en Brasil estaba relacionado con el sistema de Pago Fácil a través de las empresas creadas en paraísos fiscales.
Es decir, una hipótesis posible es que en Iron Mountain se quemaron papeles vinculados a las operaciones de Pago Fácil en Brasil. También hay vinculaciones a Macri desde otro banco que tenía papeles en Iron Mountain mientras era investigado por la PROCELAC: el Banco Interfinanzas Creditanstalt, finalmente comprado por familiares de Macri.
También aparece el nombre de Juan José Gómez Centurión quien en 2012 fue designado por el entonces jefe de gobierno de la ciudad al frente de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). Desde la AGC tenía bajo su responsabilidad el control de depósitos como el de Iron Mountain, que no cumplía con diversas normativas de seguridad.
Pero hay otros datos sugestivos: una vez retirado del Ejército, Gómez Centurión trabajó en varias empresas privadas, entre ellas las cadenas Cencosud y Jumbo y el Banco Velox. Y tanto Jumbo como Cencosud tenían cajas en Iron Mountain. Jumbo es la cuarta empresa que más cajas perdió (45% de sus cajas). Cencosud, por su parte, retiró 243 cajas del depósito en los días previos al incendio.
Respecto al banco Velox, el Fideicomiso Revel tenía papeles que figuran con el rótulo Velox que se perdieron en el incendio. O sea, empresas donde trabajó Gómez Centurión tenían intereses en Iron Mountain.
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