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| Carlos Rosenkrantz, presidente de la CSJN |
(U24 – 07/05/19) - Desde el febrero pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía agendada para hoy la resolución sobre la posible responsabilidad de la empresa Techint en el secuestro de un empleado durante la última dictadura militar argentina.
Sin embargo, el fallo no fue publicado y todos los ojos están sobre el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.
En la Corte, se habla de que el responsable de la demora fue él y la sentencia sería favorable al grupo de Paolo Rocca.
La demanda fue presentada por la hija de Enrique Roberto Ingegnieros, un trabajador de la empresa Techint que fue desaparecido durante la última dictadura. Según la declaración de su mujer ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el hombre fue secuestrado el 5 de mayo de 1977 mientras se encontraba trabajando. Por este motivo, Techint tendría responsabilidad sobre la desaparición.
La hija del desaparecido inició acciones judiciales para reclamar a la empresa que pague una indemnización en base a la ley de accidentes de trabajo. La Cámara del Trabajo le dio la razón y ordenó a Techint que pagara la indemnización, pero la empresa recurrió a la CSJN.
Los argumentos del grupo de Paolo Rocca son que la posibilidad de presentar acciones prescribió y que no está probado que Enrique haya sido secuestrado el 5 de mayo de 1977 de la misma planta.
Fue en marzo de 2017 cuando el procurador fiscal ante la Corte Víctor Abramovich envió al máximo tribunal un dictamen en el que le pedía que confirmara el fallo de la Cámara.
A fines del año pasado se fijó un calendario con los fallos a sacar, y el de Ingegnieros estaba previsto para este martes 7/5.
La Corte no dio ninguna explicación sobre por qué no fue publicado. Según eldestape.com, los cinco ministros habrían votado: "Dos, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, hicieron un voto conjunto que sería en línea con lo planteado por la Cámara del Trabajo y en sintonía con lo que ellos mismos habían votado en el caso Villlamil en 2017.
Los otros tres, Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco también se mantendrían firmes a lo que votaron en ese caso: que las acciones civiles por el terrorismo de Estado prescriben".
Sin embargo, "el fallo nunca apareció". Según ese medio, habría sido Rosenkrantz quien lo demoró porque "habría pedido su voto para hacerle unos agregados".
Otra versión sostiene que los tres últimos "querían contestar a los argumentos de Maqueda y Rosatti y que no habían tenido tiempo para hacerlo porque el voto de los dos ministros llegó tarde". Se trata de la primera vez que no se cumple con la agenda definida por la CSJN y se trata de un caso que involucra a uno de los grupos económicos más importantes del país.
El delito, de lesa humanidad, también es sensible. En la Corte habría quienes dicen que el fallo saldrá mañana. La verdad es que la CSJN ya desató cierta polémica sobre los crímenes de lesa humanidad.
En la era Macri, el falló que con las firmas de Rosenkrantz, Rosatti y Highton le habilitó el beneficio del 2x1 a un represor del Hospital Posadas marcó un hito y provocó una marcha multitudinaria.
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