Escalada por Malvinas: El caso de la poderosa British Petroleum

CIUDAD DE BUENOS AIRES (NA). Una de las empresas que opera indirectamente en la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, es la poderosa British Petroleum (BP), que a su vez tiene la concesión por cuarenta años del mayor yacimiento petrolero del país, Cerro Dragón, ubicado en Chubut y participa en el proceso de importación de Gas Natural Licuado (GNL).
Uno de los accionistas de BP es la firma estadounidenses de inversión BlackRock Inc., que posee el 7.1% de la compañía, y a su vez tiene vinculaciones con tres de las cinco empresas que actualmente exploran en las cuencas Sur y Norte del archipiélago. British Petroleum es, además, una de las petroleras más importantes del mundo y en abril de 2010 fue noticia por el enorme derrame en el Golfo de México.
En 2007, las Legislaturas provinciales de Chubut y Santa Cruz prolongaron hasta 2047 la concesión en Cerro Dragón, que incluye parte del Mar Argentino, de jurisdicción provincial, donde la empresa se dispone a perforar en busca de nuevas reservas. Además, BP -con sede en Londres- tiene dentro de su flota al buque British Ruby, que participó en la carga de Gas Natural Licuado (GNL) hasta el puerto de Bahía Blanca para regasificar a bordo del Express, de bandera belga, que lo aguarda en el muelle de la compañía Mega, de la misma ciudad.
Timerman evitó mencionar si BP estará entre las empresas a las que la Argentina buscará presionar en los estrados, aunque no sería la única con intereses en la Argentina que también opera en las exploraciones hidrocarburíferas de Malvinas. La mayoría de estos grupos accionarios están relacionados a la minería en la Argentina , en el centro de la polémica desde principio de año por las protestas que grupos de asambleístas encabezaron contra las prácticas a cielo abierto.
Por ejemplo, las compañías que controlan el 76 por ciento del paquete accionario de Barrick Gold, que opera varios yacimientos mineros argentinos, tiene el 33% de la petrolera Rockhopper Exploration y de Borders & Southern Petroleum, el 25% de Desire Petroleum y el 37.8% de Falkland Oil and Gas, según denunció el partido Proyecto Sur que conduce el diputado Fernando Solanas. Pino fue el impulsor de una ley que se aprobó en el Congreso, pero que no fue reglamentada que imponía sanciones para estas empresas con intereses simultáneos.
También el Banco Barclays, contratado por el Gobierno nacional para el canje de deuda realizado en 2010, está vinculado a tres de las cinco petroleras. "Esta ley establece puntualmente de 5 a 20 años de inhabilitación para las empresas que nombró el canciller Timerman: Barclay, British Petroleum, Argos, Credit Suisse, HSBC, entre otras", afirmó Solanas.
La acción del Gobierno
El Gobierno iniciará acciones legales en tribunales nacionales e internacionales contra petroleras que operan directa o indirectamente en la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. Así lo anunció el canciller Héctor Timerman durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. "Vamos por todos los medios a castigar y a tratar de que la leyes se apliquen, que las resoluciones de Naciones Unidas sean respetadas y que Gran Bretaña dé cumplimiento a la resolución 2065 (de la ONU ) que habla de resolución pacífica de un conflicto de soberanía", sostuvo Timerman durante la presentación.
El canciller precisó que se iniciarán "acciones administrativas" y también presentaciones "civiles y penales a las empresas petroleras" que operen en la extracción de hidrocarburos, pero también a las que brindan apoyo logístico y a las que ofrecen servicios financieros para que esa exploración pueda llevarse a cabo. Las denuncias se harán en tribunales nacionales y "se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación internacional", como resultado de un equipo de investigación conformado especialmente para tal fin.
Las acciones serán canalizadas a través de la Procuración del Tesoro, pero también habrá acciones administrativas a través de la Secretaría de Energía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros organismos implicados. Durante su exposición el jefe de la diplomacia nacional enumeró a las firmas que que "poseen ilegítimas licencias" para explorar en las islas Falkland oil & Gas, Argos Petroleum, Rockhopper, Desire Petroleum y Borders & Southern Petroleum".
También identificó a siete firmas que "brindan apoyo logístico" ya sea porque son propietarias de las dos plataformas que operan mar adentro -Ocean Guardian y Leiv Eriksson- porque ofrecen buques que llevan equipamiento y provisiones. Finalmente mencionó a un conglomerado de firmas que ofrecen servicios financieros entre las que mencionó a bancos, asesorías, brokers, auditores, servicios jurídicos lobistas y analistas de riesgo.
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