CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La reestructuración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pretende Cristina Fernández de Kirchner es sólo una parte de la ofensiva para controlar el Poder Judicial, con el argumento de que hay que reformarlo. Pero, mientras Cristina aumenta su presión, también se conocen más y más temas que comprometen judicialmente o a la Presidenta de la Nación o a sus colaboradores más cercanos.
Y, entonces, la opinión pública comienza a tener la sospecha de que, en los K, todo es sólo la búsqueda de impunidad.
Aquí 5 ejemplos de la prensa dominical sobre escándalos judiciales que comprometen al Mundo K y estrategias para tomar por asalto el Poder Judicial:
Nicolás Pizzi en el diario Clarín: "(...) Fuentes oficiales admitieron que se evalúa adelantar el envío al Congreso de la ley complementaria prevista en el nuevo Código Procesal Penal para que pueda entrar en vigencia. Y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que organiza la nueva estructura.
También se impulsaría la creación de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación. Para el caso de los fiscales, el anexo del Código habla además de una partida presupuestaria y un programa de capacitación que aún no se concretaron.
¿Por qué el Gobierno apura los tiempos? No encuentra respuestas en la Justicia. La precautelar que dictó el viernes el juez Enrique Lavié Pico desarmó la estrategia oficial. Ese magistrado está de feria hasta el viernes próximo y difícilmente cambie de opinión, coinciden varias fuentes judiciales luego de interpretar, en detalle, la resolución que frenó las designaciones.
Si el Gobierno intenta recusar a Lavié Pico, actuaría la jueza Liliana Heiland, que está de suplente hasta el 15 de enero y ya le trajo varios dolores de cabeza al kirchnerismo cuando falló a favor de la empresa LAN, por la pelea de espacio en Aeroparque, o cuando suspendió varios artículos de la reforma al Consejo de la Magistratura.
En la segunda quincena de febrero se hará cargo de la causa el juez Esteban Furnari, quien ya contará con el informe que debe presentar la Procuración justificando las designaciones (tiene un plazo de cinco días). Pero tarde o temprano, actuará la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Aunque era un tribunal cercano al Gobierno, fuentes oficiales y de la Justicia coincidieron que es poco probable que revoque una cautelar contra las designaciones. (...)".
Hugo Alconada Mon en el diario La Nación: "Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.
El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay. Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, "inhallable".(...)".
Tribuna de Periodistas cita a Daniela Blanco, por la revista Noticias de la Semana: "“Hola. Soy 214. Hoy a las 19 vuelvo a salir, así que voy a necesitar un muchacho para que me custodie”. Esta frase se escucha en un bar del barrio porteño de Núñez y pertenece a una comunicación telefónica de Sergio Hovaghimian, el ex representante de la joyería Jean-Pierre que en la penúltima edición de Revista Noticias reveló que la Presidenta había comprado “hasta 1 millón de dólares en joyas por año”, y “en negro”.
El hombre asegura haber recibido tres amenazas telefónicas anónimas luego de la publicación y se las hace escuchar a esta revista. Una dice: “Qué hijo de puta que sos. Lo vas a pagar. Todo se paga del otro lado”. Además, Hovaghimian es testigo protegido por la causa penal tributaria contra Enrique Stad, dueño de la joyería en cuestión. Durante todo el tiempo que dura esta nueva entrevista con Noticias, un custodio observa la escena desde la mesa de al lado. “El Estado me puso custodia. No puedo salir a la esquina sin ella”, advierte. Una semana después de la salida a la calle de la confesión de Hovaghimian, la ONG Paso por paso Argentina, del abogado Juan Ricardo Mussa, efectuó una denuncia penal contra Cristina Fernández por la compra de joyas ante el juzgado de Luis Rodríguez. En tanto, la causa por evasión fiscal que enfrenta la joyería Jean-Pierre derivó en un segundo expediente por contrabando de joyas en el juzgado Penal Económico nº 3.
Hovaghimian dice: “Me llamaron en plena feria judicial para declarar. Las joyas son de Hong Kong, Las Vegas y Nueva York, pero se las compran a chinos. Para pasarlas, se las llevan puestas Enrique Stad, su sobrina o su hermana. Las más caras. Las otras las pasan con las valijas”. (...)".
Gabriel Ziblat en el bisemanario Perfil: "Amigos del poder se quedaron con los balnearios del Partido de La Costa que se licitaron en los últimos cuatro años. A través de concesiones cuestionadas, el intendente Juan Pablo De Jesús le otorgó la administración del negocio a nuevos actores que comparten una particularidad: todos tienen algún vínculo con el poder, que en este caso no se reduce a una cuestión local sino que tiene nexos que llegan incluso hasta el vicepresidente Amado Boudou.
Desde 2010, se licitaron unas treinta Unidades Turísticas Fiscales, más conocidos como balnearios. Una quincena cambiaron de dueños, y fueron a parar a estos amigos del poder. El resto quedó en manos de sus antiguos concesionarios, que mantienen una buena sintonía con el intendente. El modus operandi fue siempre el mismo. Cuando el plazo de las concesiones iban llegando a su fin el municipio llamaba a licitación y cambiaba el dueño de los balnearios con los que no tenía un buen vínculo.
El primer paso, en la mayoría de los casos, implicaba armar el pliego de licitación en el estudio contable de Amado Zogbi, donde primero había que abonar unos $15 mil. Zogbi es conocido en el partido de La Costa por su vínculo con Boudou. Era el contador de la empresa Cantera FC, que contrató el vice para hacer viviendas cuando era secretario de Hacienda del municipio. A pesar de que se realizó un millonario pago, las viviendas nunca se hicieron.
Cuando Boudou dejó el cargo, Zogbi, que ya trabajaba en su equipo, lo reemplazó. Más tarde asumió como rector de la Universidad Atlántida Argentina, que en la zona se dice que fue comprada por allegados al vice. Hoy Zogbi está procesado como partícipe necesario de una multimillonaria estafa de un fondo de inversión. Según detallaron actores involucrados, operadores del intendente los enviaban al estudio de Zogbi cuando todavía estaban negociando para mantener la concesión, aunque algunos luego igual perdieron. Y varios informes presentados en los pliegos que resultaron ganadores fueron hechos por especialistas del equipo de Zogbi o tercerizados.
PERFIL se comunicó con el estudio, pero la consulta no fue respondida. (...)".
Antonio Rossi en La Política Online: "Con el apoyo de La Cámpora y del ministro de Economía, Axel Kicillof había logrado desembarcar hace más de tres años en la cúpula directiva de ENARSA. Su principal misión era corregir las desprolijidades administrativas y terminar con los negocios pocos claros atribuidos a los funcionarios identificados con el ministro de Planificación, Julio de Vido.
Pero ahora, Juan José Carbajales -- el gerente general y virtual vicepresidente de ENARSA--ha quedado en la mira por haber avalado una polémica ampliación contractual de generadores transportables que beneficia a la filial local del grupo multinacional Aggreko. Con el argumento de poder “contar con mayores recursos para cubrir la demanda creciente de energía eléctrica y las situaciones de emergencia”, Carbajales impulsó una adjudicación directa con Aggreko para incorporar un paquete adicional de 50 MW (Megawatts) de pequeñas usinas transportables.
El nuevo convenio --que forma parte del “Programa de Unidades de Generación de Energía Eléctrica Móvil” (UGEEM) y fue piloteado integramente por Carbajales --se cerró en las últimas semanas de 2014 y se extenderá, en principio, hasta diciembre de 2016. Según señalaron fuentes del sector energético, la contratación promovida por el funcionario camporista tiene dos puntos que resultan llamativos. El primero de ellos es el precio reconocido por la potencia puesta a disposición: US$ 32.000 por megawatt/mes (MW/mes).
Este valor supera ampliamente las nuevas tarifas que Aggreko pasó a cobrar desde octubre pasado por las 13 usinas del programa de “Generación Distribuida” que tiene funcionando en distintos sitios del país. Para éstas usinas, la empresa aceptó bajar los precios iniciales de hasta US$ 35.000 MW/mes que percibía desde 2010 a un nuevo rango tarifario que oscila entre los US$ 17.588 MW/mes (de la central Isla Verde) y los US$ 29.243 MW/mes de la central Nueva Pompeya.
Y el segundo punto que despertó suspicacias tiene que ver con una cláusula que le permite a ENARSA poder extender en forma directa con la compañía privada la provisión de otros 50 MW móviles bajo las mismas condiciones contractuales. (...)".
No hay comentarios:
Publicar un comentario