En una muy dura y grave denuncia de casi de trescientas páginas, el Fiscal General Dr. Alberto Nisman acusó ante la justicia federal argentina a Cristina Fernández de Kirchner y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA, con el propósito de fabricar la inocencia de Irán. Intereses geopolíticos y comerciales del gobierno de Cristina Fernández iban a beneficiarse con la fabricación de esta inocencia en relación con el terrible atentado terrorista que asesinó a ochenta y cinco personas y dejó más de cien heridos en 1994.
Nisman denunció la existencia de un sofisticado plan delictivo, destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA. Además, probó que esta maniobra comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento -27/01/2013-, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner -27/10/2010-, y que la misma involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con unos de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en la Argentina.
Esta confabulación criminal fue decidida por la Sra. Presidente de la Nación, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y puesta en funcionamiento, principalmente, por su Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Héctor Marcos Timerman. Asimismo, la denuncia acreditó la activa participación criminal de terceros en la maniobra, entre los que cabe mencionar al Diputado Nacional Andrés Larroque, a personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, a los dirigentes Luis Ángel D’Elía y Fernando Luis Esteche, al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y al referente comunitario iraní, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil. Ello motivó que el Sr. Fiscal solicitara respecto de todos los nombrados la declaración indagatoria y un embargo de bienes por la suma de doscientos millones de pesos, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, hecho ocurrido el 18 de julio de 1994 y calificado judicialmente como crimen de lesa humanidad y genocidio.
Para la época en que se urdió e instrumentó este plan criminal, la urgencia energética que atravesaba -y aún atraviesa- Argentina y el anhelo por un acercamiento geopolítico y el restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán fueron, según las pruebas presentadas, los factores determinantes para que la primera mandataria, Dra. Cristina Fernández tomara la aciaga decisión de llevar adelante este plan de impunidad, sacrificando la justicia en el caso AMIA.
El plan denunciado tuvo un único y delictivo propósito: lograr la impunidad definitiva de los acusados iraníes y el cese de toda actividad jurisdiccional en su contra, en pos de dar un paso hacia un acercamiento geopolítico y al restablecimiento de plenas relaciones comerciales a nivel estatal con la República Islámica de Irán, sin soportar reproche alguno por parte de la sociedad argentina.
El Fiscal Nisman se ocupó de aclarar que nada había de reprochable en la relación comercial y/o en la vinculación geopolítica entre estados, pero que aquí correspondía formular acusación porque en este caso se había constatado la existencia de conductas delictivas por parte de las autoridades del gobierno argentino denunciadas, que consistieron en sacrificar una causa judicial en trámite, desconocer lo decidido por la justicia nacional y urdir un plan criminal para borrar de un plumazo las serias acusaciones que pesan sobre los prófugos iraníes, para otorgarles impunidad definitiva.
Múltiples elementos probatorios confirmaron que el anhelo por el petróleo iraní fue uno de los motores de las acciones delictivas denunciadas. Se buscaba restablecer relaciones comerciales de Estado a Estado, sin perjuicio de los intercambios que ya existían a nivel privado.
En primer lugar y antes de la firma del acuerdo, cuando se conocía la existencia de encuentros diplomáticos entre iraníes y argentinos en Suiza por el caso AMIA, pero nada se sabía de lo que se estaba negociando verdaderamente, Fernando Esteche, partícipe de esta maniobra, aseveró: “…los tipos quieren restablecer relaciones…que lo van a hacer… multidimensionalmente eso. A nivel gobierno, te digo, a nivel Estado…lo que tiene que ver con establecer relaciones entre los dos Estados…”.
En segundo lugar, en mayo de 2013, pocos días después de regresar de Irán, el referente local del régimen Jorge Khalil afirmó: “…el tema que necesita Argentina, es petróleo…hay un verdadero interés para empezar y entablar las relaciones comerciales de gobierno a gobierno, con funcionarios del gobierno de acá, una delegación de allá viajaría o a Caracas o al Golfo o a Beirut mejor…para empezar las relaciones directas de funcionarios a funcionarios…”. Días más tarde, Luis D’Elía manifestó: “…Ahí hablé con Julio”, en referencia al Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio De Vido, y agregó: “…acá hay urgencia energética…”.
Después, el 20 de mayo y por orden de Cristina Fernández, se reunieron el Ministro De Vido y Luis D´Elía, quien luego dio cuenta del encuentro al referente de Irán: “…ellos están dispuestos a mandar a la gente de YPF con nosotros a hacer negocios allá”, en alusión a Irán, “…está muy interesado en cambiar lo de aquellos por granos y carne”, en referencia al petróleo. Y agregó: “…la reunión fue porque lo pidió la Jefa, ¡eh!...Estamos al más alto nivel…”.
Más tarde, ese mismo día, Jorge Khalil informó a Irán del avance de las negociaciones: “…el tema que necesita Argentina es petróleo, todo petróleo, y todo lo que está comprando…Irán en grano se lo pueden dar, ese petróleo a cambio de granos…” y agregó: “…Argentina tiene una gran necesidad de petróleo e Irán tiene una gran necesidad de granos y todo eso, empezar el intercambio…”.
El comienzo del intercambio comercial argentino-iraní estaba supeditado a la ratificación de Irán del Memorando de Entendimiento, es decir, al avance del plan de impunidad. El acuerdo era un medio para habilitar el comercio. En la presentación judicial, se acreditaron reuniones y contactos ejecutados por expresa orden presidencial, con el objeto de presionar la ratificación interna del Memorando por parte de Irán, a fin de avanzar en los intercambios comerciales de Estado a Estado.
Al respecto, luego de reunirse con De Vido, D´Elía comunicó a Irán: “…tiene un problema político, necesitan que se apruebe el memorando…”. A ello, para explicar los motivos por los que Teherán estaba dilatando la aprobación interna del acuerdo, Khalil le replicó: “…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas, esto es así de claro, no cumplió con algunas cosas…”.
No obstante la réplica, Khalil comunicó a Irán la necesidad transmitida por Cristina Fernández a través del Ministro De Vido: “…Acá hay luz verde para hacer las operaciones y mandar a la gente, el tema es que quieren que se apure el memorándum… De Vido entiende que para dar un paso en esto…o sea oficial, de Estado a Estado, tiene que haber firma del memorándum, porque si no, siguen los privados, nada más…como están laburando…O sea, que se firme primero el memorándum para empezar a hacerlo de Estado a Estado, porqu e por ahora los únicos que están trabajando son los privados…”.
Pero, además, las pruebas reunidas evidencian que de estas negociaciones participó nada menos que uno de los prófugos iraníes, Mohsen Rabbani, quien recibía periódicos reportes telefónicos de los avances que ocurrían en el seno de nuestro gobierno.
Para citar un ejemplo de los tantos que constan en la denuncia, se transcribe uno de los informes telefónicos recibidos por Rabbani: “…hoy terminamos una reunión con el Ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…Irán fue el primer comprador de Argentina y ahora no compra casi nada…pero puede cambiar…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listos para vender petróleo a la Argentina…y también comprar armas...”.
Esta posibilidad de comprar armas a la Argentina fue comunicada por Mohsen Rabbani a una persona de su entorno, Adalberto Assad, quien ese mismo día venía de reunirse con un alto funcionario del gobierno argentino, que iba intermediar para conseguirle una reunión personal con la Sra. Presidente.
En el marco de este plan criminal, Jorge Khalil ha sido la persona de confianza de Rabbani, que le ha reportado constantemente desde Buenos Aires: “...Sheik, quédese tranquilo que yo hoy a la noche, cuando llego a mi casa, le mando un informe de todo todo lo que estoy haciendo…”. Gracias a Khalil, Rabbani estaba mejor informado que los familiares y víctimas del atentado, que la dirigencia judía local y que las autoridades judiciales argentinas, ninguno de los cuales, al mes de mayo de 2013, conocía estas tratativas.
Es decir, mientras la justicia nacional acusaba fundadamente a ciertos funcionarios iraníes de haber decidido, planificado y ejecutado el atentado terrorista contra la sede de la AMIA y mientras públicamente la Sra. Presidente y el Sr. Canciller aseguraban que sus acciones estaban exclusivamente motivadas en la búsqueda de justicia para la causa AMIA y que el Memorando de Entendimiento era única solución viable para el caso, uno de esos imputados, Mohsen Rabbani, secreta y clandestinamente negociaba con nuestras autoridades a través de intermediarios y canales ocultos, un intercambio de petróleo por granos, la venta de armamento, y lo que es más grave aún: su impunidad.
En consecuencia, la denuncia pone de resalto la siguiente secuencia. El 18 de julio de 1994 ocurrió un atentado terrorista en Buenos Aires. La justicia investigó y determinó responsabilidades de varios sujetos de nacionalidad iraní en la ideación y planificación de ese atentado. Esas personas han estado hasta la actualidad protegidas por el régimen al que pertenecen y que gobierna la República Islámica de Irán. El gobierno nacional negoció un acuerdo con ese país y, pasando por alto a la justicia y a la Constitución Nacional, brindó el marco jurídico necesario para que aquellos acusados puedan quedar desvinculados fraudulentamente de la causa por el atentado e impunes. Y en ese contexto, uno de los prófugos de la justicia argentina y beneficiario del pacto ilegal, Mohsen Rabbani, envalentonado por la posición del gobierno argentino, en lugar de responder a las serias acusaciones en su contra, negoció su impunidad, decidió los pasos a seguir, controló el avance del plan criminal y, además, planificó “comprar armas”.
Lo denunciado reviste una gravedad institucional extrema e inusitada, tanto por la jerarquía funcional de varios de los involucrados en la maniobra criminal como por la calificación legal del delito que se encubre, esto es, el “delito anterior” objeto del encubrimiento, que es, ni más ni menos, que el atentado terrorista a la sede de la AMIA, judicialmente declarado crimen de lesa humanidad y calificado de genocidio por el juez de la causa, Dr. Rodolfo Canicoba Corral.
En la causa “AMIA” ya se ha determinado que las máximas autoridades iraníes de 1994 fueron quienes tomaron la decisión de cometer el atentado terrorista, diagramaron la implementación de ese ataque y encomendaron su ejecución a la organización terrorista libanesa Hezbollah.
A consecuencia de ello se solicitó la captura nacional e internacional del ex Presidente de la República Islámica de Irán, Ali Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani; del ex Ministro de Relaciones Exteriores, Ali Akbar Velayati; del ex Ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan; del ex Jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; del ex Jefe de la Fuerza Al Quds y ex Ministro de Defensa, Ahmad Vahidi; del Ex Agregado Cultural de la Embajada iraní en Argentina, Mohsen Rabbani; del ex Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina, Ahmad Reza Asghari y del ex Embajador de la República de Irán en nuestro país, Hadi Soleimpanpour.
A raíz de los cuestionamientos de Teherán ante Interpol, se inició un extenso trámite en ese organismo policial. En el marco de esas diligencias, la Oficina de Asuntos Legales de Interpol efectuó una saludable distinción entre las solicitudes de detención de ciudadanos iraníes formuladas por el ex juez Galeano (a las que denominó AMIA I) y las órdenes de capturas libradas en noviembre de 2006 a solicitud del Dr. Nisman (a las que llamó AMIA II) recomendando que, sobre cinco de las ocho personas acusadas, se acceda a la solicitud de publicar notificaciones rojas.
Además, sobre la presentación que formuló el Fiscal General del caso, Alberto Nisman, en la sede de INTERPOL, la Oficina de Asuntos Jurídicos y el entonces Secretario General, Sr. Ronald Noble, sostuvieron: “...la altamente profesional explicación de su caso, acusado por acusado, proporcionada por los fiscales argentinos que intervienen en la causa fue importante en la conclusión de la Oficina de Asuntos Jurídicos de que el caso del pedido de las notificaciones rojas por parte de la OCN Buenos Aires no revestía un carácter políti co predominante como para que entrara en vigor la prohibición del artículo 3…[Carta de la Organización Internacional de Policía Criminal- Interpol]”
A raíz de estos esfuerzos, en noviembre de 2007, la Asamblea General de Interpol decidió emitir notificaciones rojas respecto de cinco de los imputados iraníes: Fallahijan, Rezai, Vahidi, Rabbani y Asghari; sobre los que pesa, entonces, la máxima prioridad de búsqueda que registra la policía internacional. Con apoyatura en tales imputaciones, la República Argentina ha venido reclamando por años a la República Islámica de Irán –hasta el momento, infructuosamente- la detención con fines de extradición de los acusados iraníes.
En efecto, durante su presidencia, Néstor Kirchner no solo llevó el caso a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, sino que rechazó rotundamente todos los ofrecimientos de Teherán, siempre destinados a acordar una salida políticamente negociada a esta cuestión, netamente judicial. Varios testimonios –del ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández; de los ex Cancilleres, Rafael Bielsa y Jorge Taiana y del ex Vice Canciller, Roberto García Moritán- coinciden en describir los pactos propuestos por Irán y su rechazo de plano por parte del ex presidente argentino. Al respecto, el nombrado García Moritán afirmó que los iraníes habían ofrecido un acuerdo que “también tenía 9 puntos y era muy similar al actual” y que “con sus matices, tenía el mismo espíritu”, comparándolo al pacto firmado por Timerman.
En todos los casos, el gobierno de Néstor Kirchner y el ex presidente en particular entendió que estas propuestas conllevaban una injerencia inadecuada del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial. Tal era el criterio del ex presidente que, en forma consecuente, decidió remover a Luis D´Elía de la función pública cuando éste encabezó –en noviembre de 2006- una protesta contra la acusación judicial a los ciudadanos iraníes por el caso AMIA.
D´Elía sostuvo públicamente que: “el dictamen judicial que acusa a la República Islámica de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad”.
Funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner explicaron –en aquel momento- a la prensa que, a entender del presidente, D´Elía había cruzado “una línea infranqueable: nunca jamás, un funcionario del gobierno debe abrir juicios sobre causas judiciales abiertas, y menos si atañen a un tema tan sensible como la voladura de la AMIA”. Además, en aquella ocasión Kirchner se comunicó con su par de Venezuela, Hugo Chávez, quien a los pocos días hizo cesar la misión diplomática del Embajador Roger Capella en Arge ntina, promotor de la protesta comandada por Luis D´Elía.
En suma, durante todo su mandato y podría decirse mientras vivió, el ex Presidente Néstor Kirchner fue consecuente con su postura con el caso AMIA: un fuerte reclamo a Irán por su falta de cooperación en la causa, la firme decisión de rechazar las propuestas iraníes que propiciaban dejar de lado las conclusiones de la justicia argentina y su inestimable apoyo a la investigación judicial por el atentado contra la sede de la AMIA fueron los ejes centrales de esta política de estado.
En la denuncia se documenta que Irán siempre intentó una salida negociada y política al caso AMIA, que evite enfrentar y –mejor aún- desarticule la acusación judicial. Así, en abril de 2005, Irán condicionó la respuesta a un exhorto librado en la causa, en los siguientes términos: “...Si asistimos al poder judicial argentino: a) ¿No estaremos siendo vistos como acusados o sospechosos? b) Supongamos que recibimos los exhortos y los contestamos [...] Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la AMIA? c) ¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? d) ¿cómo podemos saber si el juez cerrará el dossier o no?”
Y añadió: “el asunto principal es que de alguna manera podamos estar convencidos de que si colaboramos, el juez de la causa llegará a la conclusión de que el señor X o el señor Y no están ni estuvieron implicados en la explosión de la AMIA. Recuerden que desde el 19 de julio de 1994 nos manifestamos dispuestos a colaborar con la justicia argentina, posición y oferta que continúa aún válida. Si tuviéramos garantías objetivas, cosas tangibles (resultados tangibles) no tendríamos ningún problema en: a) recibir todos los exhortos; b) contestar tod os los exhortos; c) incluso más: hacer algunas investigaciones ulteriores en Irán…”
Otro ejemplo de esta actitud iraní en cuanto a sus falsos ofrecimientos de colaboración con la causa surge de un “non paper” entregado por la diplomacia iraní a la argentina, en el que se proponía el siguiente acuerdo: “1. Las partes aceptan que no ha existido ninguna acusación c ontra ciudadanos iraníes en relación con la Causa AMIA; no obstante ello, el proceso que sigue el Juez argentino a cargo de la investigación en lo que respecta a los ciudadanos iraníes fue ordenado con el mero fin de recopilar información. 2. Las partes… se abstendrán de efectuar cualquier tipo de inferencia criminal, tanto en forma directa como indirecta, o acusación contra la otra parte y sus funcionarios.3… las cartas rogatorias libradas por el Juez de la Argentina serán enmendadas de forma tal que no se formule ningún alegato o acusación, ya sea en forma explícita o implícita, contra el gobierno iraní y sus ciudadanos…4. Tras lo dispuesto en el párrafo tercero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán recibirá oficialmente las cartas rogatorias…5. La parte argentina…revocará cualquier orden de arresto librada por el Juez a cargo de la investigación contra los ciudadanos de la República Islámica de Irán…”.
Esta histórica postura de Irán respecto al caso AMIA se deriva de una estrategia del régimen consistente en negar toda relación de sus ciudadanos con el atentado y jamás brindar información a la pesquisa, para desligarse de toda responsabilidad por actos de terrorismo.
Esto fue expuesto por dos ex cancilleres. Rafael Bielsa mencionó la oferta iraní de cuatro mil millones de dólares en compras de maíz y trigo, condicionada a dejar de lado la causa AMIA. Sobre la diplomacia iraní, expresó: “…era una actitud extorsiva…Siempre nos estaban haciendo trampa…Les decíamos: los vamos a seguir hasta debajo de la cama, acá no hay arreglo, contesten los exhortos.
Uno de sus argumentos era: se están perdiendo 4 mil millones de dólares…Jamás hubo la más mínima concesión… ellos querían que un punto sugiriera que podía haber algún error por parte del Poder Judicial en el requerimiento de estos dignatarios iraníes…”. Jorge Taiana aseveró que por parte de Irán: “No hubo ninguna muestra de que existiera la más mínima voluntad de ayudar a esclarecer el hecho…”. Se trata, además, de una estrategia que ha sido replicada por Irán ante otras acusaciones por terrorismo, como en el caso “Mykonos” y en el asesinato de Chapour Bakhtiar; y fue reconocida por el ex Canciller iraní Ali Akbar Salehi como una estrategia “exitosa” del Líder Supremo.
Así, quedó expuesto en la denuncia la evidente decisión política del régimen iraní de garantizar impunidad en un atentado planeado y ordenado por el mismo régimen. Ahora bien, la línea forjada por Néstor Kirchner en torno al caso AMIA continuó durante los primeros años del mandato de su esposa Cristina Fernández.
Sin embargo, la inconmovible negativa iraní fue logrando, de algún modo, erosionar las expectativas del gobierno nacional, sin que ello modifique, al menos inicialmente, el objetivo perseguido, que siempre consistió en que Irán someta a los imputados a nuestra jurisdicción. Ejemplo de ello fue el ofrecimiento formulado por Argentina en septiembre de 2010 para realizar el juicio por AMIA en un tercer país ante la presencia de veedores internacionales.
Dicha oferta fue rechazada mediante una carta del Representante Permanente de la República Islámica de Irán ante Naciones Unidas, Embajador Mohammed Khazaee, en la cual expresó que las acusaciones argentinas carecían de fundamento y que la actual investigación transitaba un “camino equivocado” que no llevaría a encontrar a los “auténticos autores” del atentado. Khazaee tachó de falsa, arbitraria e infundada la acusación contra los ciudadanos iraníes, afirmando que el procedimiento judicial argen tino estaba plagado de irregularidades, violaba garantías procesales y derechos fundamentales y no tenía por fin la verdad y la justicia.
Asimismo, aseveró que: “El Gobierno de la República Islámica del Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión del AMIA”. Y acusó a las autoridades argentinas de colaborar y financiar a grupos terroristas, como los Muyahidin Jalq. En suma, el ofrecimiento argentino para realizar el juicio en un tercer país quedó trunco por una respuesta de Teherán, tan falazmente fundada como provocativa. Así las cosas, por mucho tiempo la relación bilateral estuvo signada por la indiferencia iraní a los reclamos argentinos y, como contrapartida, por la sólida resolución de nuestro país de no avanzar en ningún frente vincular sin antes obtener cooperación en el caso por parte de Teherán, es decir, la entrega de los acusados para su juzgamiento por la justicia nacional. La consistencia que durante años tuvo la postura oficial argentina en torno al caso AMIA, sufrió un cambio radical a partir de la decisión de la actual Presidente de avanzar en un plan encubridor que permitiera a los imputados iraníes eludir y sustraerse definitivamente del accionar de la justicia, a efectos de facilitar, entre otros fines, un intercambio comercial a nivel estatal con la República Islámica de Irán.
El ex canciller Bielsa resaltó el cambio de posición del gobierno de la Dra. Fernández cuando sostuvo: “le dice a los familiares que los que comercian son las empresas y no el Estado. Me parece un argumento pelotudo, me fastidia mucho porque era un tema sagrado para Néstor….Cuando era canciller, hablar de venderle o comprarle a Irán era casus belli”.
En la presentación judicial del Fiscal Nisman se aclaró expresamente que no se estaba cuestionando un cambio de política exterior –resorte exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional y por lo tanto, tema no judiciable-, sino que se denunciaba que se haya optado lisa y llanamente por el camino del delito: borrar una acusación y una investigación judicial en pleno trámite.
Justamente, la denuncia demuestra que, en este contexto histórico y con el cuadro de situación descripto, entre octubre de 2010 y enero de 2011, el gobierno argentino presidido por Cristina Fernández experimentó un giro de 180 grados en relación a su consideración del caso AMIA. Se detectó una circunstancia indicativa de que hasta agosto de 2010 no se habían registrado cambios en el rumbo de la política argentina en torno al caso AMIA, esto es, que la decisión de encubrir aún no había sido tomada.
Prueba de ello es que el día 11 de agosto de 2010, el Ministro Timerman mantuvo una reunión con la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Sra. Hillary Clinton, y luego declaró: “…pude conectar que un atentado que se frustró en Estados Unidos al aeropuerto JFK involucraba a Mohsen Rabbani, el que era agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires.
No lo sabía ni Hillary Clinton ni la gente que investiga acá. Ahora hay una conexión entre un atentado que se frustró en Estados Unidos y el de la AMIA…”.
El 27 de octubre de 2010 falleció el ex Presidente Néstor Kirchner. Lo cierto fue que la causa AMIA dejó de ser una “política de estado” para convertirse en un fusible de ajuste. Una pieza descartable. Así comenzó a negociarse la impunidad.
Su mayor opositor, Néstor Carlos Kirchner, había fallecido. El camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado despejado. Hacía más de 20 años que Irán protegía a los acusados y obstruía la investigación.
A esa histórica protección iraní se le sumó este plan de impunidad orquestado por la máxima autoridad del gobierno argentino, Cristina Fernández y su Canciller Héctor Timerman. Así las cosas, el plan criminal se activó en enero de 2011, cuando Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo y secretamente se reunió con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que las autoridades políticas argentinas estaban dispuestas a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento de orden geopolítico y restablecer plenas relaciones comerciales entre ambos estados.
Concretamente, el 23 de enero de 2011, Timerman arribó a Damasco, donde se reunió con el canciller sirio Walid al-Mohalem. Posteriormente, viajó a Alepo, donde se entrevistó con el Presidente Bashar Al-Assad. La cancillería no emitió comunicado al respecto. No obstante, un cable público de la agencia oficial de noticias Siria –SANA- informó que, con fecha 23 de enero de 2011, el canciller sirio se había reunido con sus pares de Argentina y de Irán, uno después del otro, y que al día siguiente ambos cancilleres viajaron a la ciudad de Alepo.
Obran evidencias que demuestran que existió “un mano a mano entre Salehi y Timerman para tratar el tema” La denuncia del Fiscal Nisman demostró que el Canciller Salehi tomó nota de tal ofrecimiento y se lo comunicó por escrito al entonces Presidente Mahmoud Ahmadinejad: “…
Argentina ya no está más interesada en resolver aquellos dos atentados…en cambio prefiere mejorar sus relaciones comerciales con Irán”. Sobre el tema, se citó el testimonio del periodista José Ricardo Eliaschev quien declaró, bajo juramento, haber accedido a una copia de ese documento secreto redactado por el canciller iraní.
Como si estos elementos no fueran suficientes, el propio Alí Akbar Salehi reconoció posteriormente: “…nos hemos reunido durante dos años con el Canciller argentino Héctor Timerman…”, esto literalmente ubicó el inicio de las negociaciones en enero de 2011, justamente, para la reunión de Alepo. De esa forma, Salehi desmintió categóricamente a Timerman que, empeñosamente, había intentado mantener oculto el inicio de las maniobras delictivas.
Así, la cumbre de Alepo marcó el primer indicio concreto y corroborado de la existencia de una decisión de los más altos funcionarios denunciados del gobierno argentino de abandonar la legítima pretensión de enjuiciar a los acusados iraníes judicialmente imputados por el caso AMIA. Fue la primera vez que un estado agredido prácticamente imploró a un estado agresor para que firme un acuerdo que otorgase impunidad a los agresores.
De este modo, comenzó un período de negociación secreto entre los gobiernos de Argentina e Irán que se extendió hasta septiembre de 2012 y durante el cual, ambas partes realizaron gestos claramente indicativos del acuerdo que, en esa época, se estaba incubando. El primer indicio consistió en la reacción a la noticia publicada por José “Pepe” Eliaschev en el diario Perfil cuando, en marzo de 2011, reveló la existencia de la reunión en Alepo y su verdadera finalidad.
En lugar de dar explicaciones que esclarecieran las graves implicancias del trascendido informativo, el Canciller Timerman en persona salió a cuestionar al Sr. Eliaschev, sosteniendo simplemente que los datos publicados eran falsos y tenían por objeto dañar su casi contemporánea visita a Israel.
Expresó: “… esa fue una información falsa, fue una operación que se hizo en contra de mis relaciones, o sea de mi viaje a Israel…Fue el oportunismo de un pseudo-periodista que no vaciló en decir cualquier cosa con tal de ofenderme…”
Otro de esos gestos tuvo lugar en julio de 2011, cuando el gobierno argentino calificó de “muy positiva” una misiva de la cancillería persa por la cual se ofrecía colaborar con la investigación, curiosamente, en una nueva hipótesis, distinta a la esgrimida por la justicia.
Un tercer indicio se verificó el 22 de septiembre de 2011, ocasión en que la Sra. Presidente instruyó al entonces Embajador argentino ante las Naciones Unidas, Jorge Argüello, para que permanezca en su asiento mientras pronunciaba su discurso el, en aquel tiempo, Presidente de la República Islámica, Mahmoud Ahmadinejad.
Ello, en contraste con la decisión sostenida por la mandataria en los años previos, de retirar a la delegación argentina del piso y no presenciar los discursos de Ahmadinejad. Otro gesto registrado tuvo lugar en septiembre de 2012 cuando, por primera vez en años, Presidencia de la Nación decidió no invitar a formar parte de la comitiva argentina que viajó a la 67ª Asamblea General de Naciones Unidas a ninguno de los dirigentes comunitarios de las instituciones judías locales.
Así lo reconoció uno de ellos: “…el último año no hemos sido invitados, lamentablemente. Y es cuando surge justamente la propuesta de esta mesa de diálogo por parte de la Presidenta de la Nación…”, en referencia al anuncio presidencial de “inicio” de negociaciones con Irán que, ahora se sabe, ya venían llevándose a cabo desde antes y en secreto por –al menos- un año y medio.
Un quinto indicador de este acercamiento secreto con Irán se materializó en el “silencio cómplice” de las autoridades argentinas denunciadas ante declaraciones de funcionarios iraníes que acusaron a “agentes de Tel Aviv” por el atentado y que catalogaron de “sionista” al Fiscal Nisman. Nunca antes el gobierno argentino había permanecido en silencio ante este tipo de declaraciones.
De hecho, Néstor Kirchner siempre repudió este tipo de descalificaciones, exigiendo –por vía diplomática- las explicaciones correspondientes, como lo hizo, por ejemplo, en el año 2006, cuando trascendidos aseveraron que la justicia iraní solicitaría el arre sto y la extradición del Fiscal Nisman por la acusación emitida por la justicia argentina contra exfuncionarios iraníes, luego avalada por Interpol.
En síntesis, trascendió a la prensa la reunión secreta que Héctor Timerman mantuvo en Alepo y el canciller argentino cuestionó duramente al periodista que difundió la noticia. De un día para el otro y sin justificativo alguno, en julio de 2011, Irán se declaró dispuesto a negociar en relación al atentado y el gobierno argentino lo celebró, pese a que la propuesta suponía una hipótesis distinta a aquella sostenida por la justicia nacional.
El gobierno argentino presenció por intermedio de su embajador, después de dos años de no hacerlo, el discurso del Presidente Ahmadinejad ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Presidente Fernández omitió invitar a las instituciones comunitarias judías, como había sido su costumbre, a formar parte de la comitiva que la acompañó a la siguiente reunión anual de las Naciones Unidas y justamente, en esa oportunidad, anunció una negociación con la República Islámica de Irán en relación al ataque terrorista del 18 de julio de 1994.
La denuncia descartó de plano que todos estos signos pudieran ser tomados, simplemente, como frutos de la casualidad; sino que fueron, inequívocamente, manifestaciones amistosas de dos partes que estaban negociando un acuerdo secreto.
En efecto, suficientemente avanzadas dichas negociaciones secretas donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, en el mes de septiembre de 2012, Cristina Fernández oficializó las reuniones, siendo que, públicamente ante la Asamblea General de Naciones Unidas, adujo que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de negociar por el caso AMIA y anunció haber instruido a su canciller en ese sentido.
Entonces se clarificaron los motivos por los cuales la Sra. Presidente, en aquella oportunidad y por primera vez, no había invitado a las instituciones comunitarias judías a formar parte de su comitiva a la apertura del Debate General. El anuncio que haría habí a sido acordado con anterioridad y con una finalidad distinta a la que se invocó. Tal manifestación de la Sra. Presidente fue solo una puesta en escena, la primera de varias que ocurrirían durante el camino que recorrió el plan de impunidad ideado y orquestado por los funcionarios argentinos aquí denunciados. Con este gesto se oficializaba “un hecho consumado”.
Se buscó ocultar que el acercamiento había sido promovido por Argentina, y no por Irán como se dijo; y se quiso hacer creer que las negociaciones se iniciaban en ese momento, cuando ya llevaban –al menos- un año y medio. Para impedir que trasciendan, primero la existencia de los contactos y después, su contenido, se recurrió a la negación de los hechos, a su tergiversación y hasta se llegó a cuestionar y desacreditar a las fuentes que brindaban información sobre el tema.
Aún más, mientras transcurrían las negociaciones diplomáticas públicas, el plan de impunidad avanzaba solapadamente a través de canales paralelos de comunicación y negociación con Irán, gestándose en aquel momento un aspecto fundamental del plan criminal: la desviación de la investigación hacia una falsa hipótesis que incrimine a terceros inocentes, pero –fundamentalmente- que desincrimine a los iraníes.
El resultado visible de las negociaciones, tanto secretas como públicas, fue el Memorando de Entendimiento firmado el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el referido memorando, que no fue -en realidad- el inicio sino la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución. La versión oficial argentina indicó que se trataba de un instrumento jurídico que permitiría avanzar con las indagatorias de los prófugos. La realidad fue que solo se trató de uno de los medios elegidos para viabilizar el plan criminal que negociaron durante dos años, pues su letra resulta funcional a esta maniobra espuria. Que quede bien claro.
El acuerdo entre representantes iraníes y las autoridades argentinas excede con creces la mera letra del memorando. El plan criminal consistió en la eliminación de las imputaciones que la justicia argentina esgrimió contra funcionarios iraníes y el mejor modo que se halló para despejar tales acusaciones, brindar impunidad y presentar el tema de la manera más prolija posible a los ojos de la ciudadanía engañada, fue la suscripción del mencionado acuerdo bilateral. Este debía poder ser presentado como un instrumento pensado para procurar justicia, cuando –en realidad- estaba y está claramente destinado a lo contrario: a obstruirla y a impedirla.
De allí la elaborada sofisticación del delito denunciado. La denuncia explica que la letra del Memorando de Entendimiento prevé mecanismos para lograr la baja de las notificaciones rojas de Interpol; que contiene tantas etapas sucesivas sin plazo alguno que permite prolongar indefinidamente su vigencia en el tiempo hasta diluir por completo la causa; que las conclusiones de la “Comisión de la Verdad” ya estaban arregladas de antemano y que su actuación permite la introducción de la nueva hipótesis, falsa y armada con pruebas inventadas.
En la práctica, las únicas trabas a la impunidad de hecho de la que gozan los acusados iraníes han sido las notificaciones rojas de Interpol, que tienen la capacidad de dificultar su movilidad trasnacional. Claro ejemplo de ello fue el episodio protagonizado por el entonces Ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi quien, en el mes de junio de 2011, debió abandonar territorio boliviano ante la presión generada por la vigencia de la notificación roja en su contra.
Este tipo de dificultades gestaron el interés iraní que llevaría a que las partes acordaran, como lo hicieron, hacerlas cesar. De allí que el punto 7 del Memorando tenga su razón de ser. Trátase del único punto de aplicación inmedia ta sin necesidad de que el acuerdo haya sido ratificado, es decir, del único con carácter operativo.
La baja de las notificaciones rojas fue el primer y trascendental paso acordado secretamente entre Salehi y Timerman hacia la desvinculación definitiva de los imputados. Esto fue corroborado también por el documento descripto por el Sr. Eliaschev en su declaración testimonial, en el cual el Ministro Salehi proponía al Presidente Ahmadinejad, que lo autorice a solicitar la revocación de los pedidos de captura internacional con respaldo de Interpol, expresando un especial interés en mejorar la situación procesal del entonces Ministro de Defensa Ahmad Vahidi, uno de los imputados con notificación roja vigente. Según el citado documento, la cancillería iraní recomendaba: “…avanzar en un acuerdo importante con Argentina porque…están dadas las condiciones para que los argentinos decidan dar vuelta de página…”.
Por otra parte, la denuncia demostró la existencia de, al menos, un antecedente al pacto con Irán que data del año 2006, redactado por Fernando Esteche que, a través de Jorge Khalil, llegó a las autoridades iraníes. Al respecto, Khalil reconoció: “…ese plan lo hicimos con Fernando Esteche hace seis años…cuando se lo llevé a Baharvand, me dijo no…”, en referencia al entonces Encargad o de Negocios de Irán en la Argentina.
Hoy se puede concluir que el rechazo iraní se pudo deber a que, en aquella época, Interpol no había emitido aún las notificaciones rojas contra los funcionarios persas y, en consecuencia, no existía el motivo que activó posteriormente el interés de Teherán en avanzar con un acuerdo por el tema, conforme ha sido probado en la presentación del Fiscal.
Antes de las notificaciones rojas, no había interés de Irán para firmar acuerdos de este tipo con Argentina. El gobierno argentino daba por sentado que el punto séptimo del Memorando bajaría automáticamente las notificaciones rojas, lo que –al mismo tiempo- era desmentido por sus voceros. Sin embargo, las agrupaciones de víctimas, familiares y entidades comunitarias advirtieron que su aplicación podía derivar en el cese de estas notificaciones y, por lo tanto, propiciaron un anexo al Memorando de Entendimiento que especifique que éstas no caerían.
Si bien primero trascendió que ello había sido aceptado por Timerman, luego el Canciller negó haberse comprometido a elaborar dicho anexo. Las víctimas tenían razón. Al mes de haberse firmado el Memorando de Entendimiento, un agente de inteligencia de Presidencia de la Nación individualizado en la denuncia como parte del plan de impunidad le comunicó al operador iraní Khalil: “Tengo un chisme…me dijeron ahí en ´la casa´ [en referencia a la Secretaría de Inteligencia]…Interpol va a levantar el pedido de captura de los amigos [en alusión a los prófugos iraníes]…lo va a levantar ahora”.
Es decir, se trataba de un resultado esperado y que se palpitaba inminente. Por su parte, la interpretación que Irán tenía del punto siete del acuerdo surgió palmaria en el artículo publicado por la agencia oficial de noticias iraní IRNA, bajo el título “Memorando de Entendimiento firmado entre Irán y Argentina: Gran éxito diplomático”, que consistió en un análisis jurídico del texto del acuerdo por el experto iraní en derecho internacional, Mohammad Hossein Mahdavi, que sostuvo: “El propósito del artículo [punto 7 del memorando], en realidad, era que las dos partes conjuntamente señalaban a INTERPOL que la diferencia entre las dos partes por el caso AMIA, y que motivó que algunas personas aparezcan en la lista de alerta roja de esta organización, se había resuelto a través de la cooperación mutua, y por lo tanto, la INTERPOL podía anular esta lista….”
Esta interpretación fue indiscutidamente refrendada por las declaraciones del propio Ministro Salehi -cofirmante del tratado- cuando, según informó la agencia de noticias IRNA, manifestó que: “según el acuerdo firmado por ambos países, la Interpol (Policía Internacional) debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes”. Se esperaba que aun sin entrar en vigencia, el acuerdo sirviera para dar de baja las notific aciones rojas de Interpol. Si éstas caían, ya nada llevaría a los sospechados a ponerse verdaderamente a disposición de la justicia argentina.
Para comprender cabalmente el rol del memorando en el plan, corresponde tener presente que se trató de la excusa esgrimida para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas. La comunicación de la firma del acuerdo a un organismo exclusivamente policial, sin injerencia ni interés alguno en los tratados o avenimientos entre sus estados miembros, como es Interpol, tuvo como único propósito el cese de esas notificaciones.
Estos objetivos se vieron truncados cuando, con fecha 15 de marzo de 2013, la Organización Internacional de Policía Criminal –Interpol- envió una misiva al Canciller Timerman, firmada por Jöel Sollier, Consejero Jurídico del organismo, en la que, en referencia al memorando de entendimiento, afirmaba: “…La Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de INTERPOL manifiesta que dicho acuerdo no implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación a los crímenes investi gados en la causa AMIA…”
La, para las partes, sorpresiva negativa de Interpol a dar de baja las notificaciones rojas se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes. Salehi criticó a Interpol por haber aseverado que las alertas permanecían vigentes.
Pero Interpol se mantuvo firme y desde que comunicó la vigencia de las notificaciones rojas contra los acusados por el caso AMIA, la República Islámica de Irán retiró el acuerdo de su agenda parlamentaria y hasta el momento de la denuncia, no ha comunicado oficialmente su aprobación interna por nota verbal. Es decir, el interés iraní en torno a la ratificación del acuerdo desapareció al no caer las notificaciones rojas.
Nótese que con fecha 10 de marzo de 2013, el Memorando de Entendimiento había sido elevado al Parlamento de Irán para su convalidación. Días después, el 15 de marzo, Interpol garantizó la estabilidad de las notificaciones rojas. Al día siguiente, el Canciller Salehi expresó públicamente su disconformidad con lo resuelto por la Organización Internacional de Policía Criminal, al aclarar que, conforme lo convenido, con la sola firma del acuerdo, Interpol debía hacer cesar las notificaciones rojas.
La consecuencia de dicho revés desalentador para Irán fue que el tratado nunca re cibió tratamiento parlamentario y pareció quedar fuera de la agenda legislativa iraní, pese a que había sido ingresado y tenía asignado tratamiento prioritario. Se tornó evidente que sin la baja de las notificaciones rojas, la República Islámica de Irán había perdido interés en el acuerdo. El motivo de semejante vuelta atrás surge nítido de las pruebas aportadas.
En mayo de 2013 y al día siguiente de regresar de Irán, el agente persa Khalil comunicó a las autoridades argentinas la razón de la tardanza: “…hay un poquito de desazón de allá, de allá…hay desazón…Me parece que el ruso este de mierda se mandó alguna”, en referencia a Héctor Timerman, y agregó “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares”, en alusión a las notificaciones rojas.
Luego de la reunión del 20 de mayo de 2013 entre D´Elía y De Vido y ante el reclamo local por la demora de Teherán en la aprobación interna de Memorando de Entendimiento, Khalil afirmó: “…De Vido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…”.
Existía una promesa por parte del canciller Timerman para dar de baja las notificaciones rojas. Timerman no cumplió, no porque no haya querido, sino porque Interpol se lo impidió. En los meses de septiembre y noviembre de 2013, Timerman continuó intentado subsanar la inesperada vigencia de las notificaciones rojas.
Con ese fin se reunió con el entonces Secretario General de Interpol, Ronald Noble, para convencerlo de que ceda y autorice el cese de dichas notificaciones, bajo el argumento que el acuerdo entre las partes siguió avanzando. Por fortuna tampoco entonces pudo lograr su cometido. Este revés no desarticuló la operación de encubrimiento montada por las autoridades argentinas denunciadas.
Además y de acuerdo con el derecho penal argentino, para la configuración del delito de encubrimiento en este caso resulta irrelevante el interés de Irán o su predisposición respecto de la maniobra desplegada por los autores y partícipes argentinos, dado que esta figura penal no exige consentimiento del sujeto encubierto y ni siquiera demanda su conocimiento.
Ahora bien, la denuncia también destaca que afirmaciones como “…estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares…” y “…Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así de claro. No cumplió con algunas cosas…” transmiten la certeza, junto con otros elementos, de que además del Memorando de Entendimiento firmado han existido entre las partes otros acuerdos secretos.
Al ver truncada la posibilidad de avanzar con el compromiso asumido, Salehi no trepidó en poner en evidencia a Timerman y al sentirse traicionado, reconoció sin ambages: “Interpol debe eliminar las acusaciones contra las autoridades iraníes….El [contenido] del acuerd o entre Irán y Argentina en relación con la cuestión AMIA será hecho público en el momento adecuado y la cuestión [de los imputados iraníes] está incluida y nosotros la estamos siguiendo…”.
Habiendo sido realizada esta declaración en el mes de marzo de 2013, resulta evidente que Salehi no se estaba refiriendo al Memorando de Entendimiento sino a otro convenio que a esa fecha aún no se había dado a conocer. Estos acuerdos secretos quedaron también evidenciados en otro episodio, cuando en febrero de 2013 el entonces vocero de la cancillería iraní, Ramin Mehmanparast, afirmó: “…El tema de la indagatoria de un responsable iraní [por Vahidi] es totalmente falso…Parece que los que se inquietan por este acuerdo difunden este tipo de informaciones…”.
Es decir, Irán sostenía públicamente que el ex Ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi, nunca sería interrogado pese a que esta medida estaba incluida en el Memorando. Al respecto, Jorge Khalil aseguró que el rumor era cierto, que ese tema en particular “estaba conversado antes….estaba dentro del marco” y que el acuerdo era “más profundo todavía”.
Es decir, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Timerman no solo firmó un Memorando de Entendimiento abiertamente inconstitucional que garantiza la impunidad de los acusados iraníes, sino que también cerró acuerdos secretos mucho más beneficiosos para los prófugos.
De allí que se compruebe que no se trató, como se presentó públicamente, de dos partes contrapuestas que negociaron un acuerdo bilateral, sino que fueron dos socios que confeccionaron un sofisticado plan criminal de impunidad para desligar definitivamente a los prófugos de la causa AMIA de toda relación con el atentado y cerrar toda investigación respecto de ellos. De hecho, luego de suscribirse el acue rdo, un agente de inteligencia argentino involucrado en este plan le confesó a su par de Irán: “…Tranquilo, ya ganamos, es decir, ganamos una partida, yo te dije, vos no me tenías fe…”, dejando en evidencia que ambas partes han tenido el mismo objetivo criminal.
Ahora bien, como ya se dijo, la oportuna intervención de Interpol manteniendo vigentes las notificaciones rojas no frustró ni imposibilitó a futuro el encubrimiento orquestado. Los autores habían tenido la precaución de idear mecanismos alternativos para conseguir sus fines, contenidos en la letra del Memorando de Entendimiento, dotando al plan de la suficiente flexibilidad para poder adaptarlo a distintos escenarios.
En ese sentido, la denuncia explica que el cese de las notificaciones rojas podría lograrse por una vía indirecta, esto es, a través de la aplicación del punto quinto del acuerdo. Este artículo regla la realización de audiencias en Teherán para que la comisión interrogue a los imputados iraníes con notificación roja de Interpol, es decir, solamente a cinco de los ocho acusados.
Si hubiera habido una verdadera voluntad de someter a todos los imputados iraníes a la acción de la justicia argentina, como se argumentó ante la opinión pública, todos ellos –los ocho- hubieran estado incluidos en esas audiencias y se hubieran acordado verdaderas declaraciones indagatorias conforme la ley argentina, y no meras entrevistas.
Del texto del acuerdo no surge, en modo alguno, que el interrogatorio esté a cargo de las autoridades judiciales argentinas como así tampoco incluye referencias expresas a la aplicación de la normativa procesal argentina en ese acto y, menos aún, habilita al juez a detener a los imputados. Por el contrario, la acusación debe estar respaldada por un juez iraní de acuerdo a lo reglado por la ley iraní, lo que nunca sucederá si se tiene cuenta lo expresado públicamente por el régimen de Teherán, en tanto afirmó haberse asegurado de la inocencia de todos sus ciudadanos.
Ello demuestra que estas audiencias constituyen una vía indirecta prevista para dar de baja las notificaciones rojas. Una vez que los iraníes buscados por Interpol participen de esas simples entrevistas, se podría argumentar que han desaparecido los motivos legales para seguir requiriendo su máxima prioridad de búsqueda, habilitando –de esa forma- el cese de las notificaciones rojas. Sin embargo, es completamente falaz afirmar que los imputados se encontrarían a derecho con solo presentarse a la entrevista ante la “Comisión de la Verdad”, conforme lo estipula el punto 5.
La amplitud y vaguedad del instrumento y las múltiples interpretaciones posibles, abrirían necesariamente un debate, con el sólido riesgo de que esta discusión se desarrolle con las notificaciones rojas ya extintas.
Como puede advertirse, todo está estructurado para la impunidad, con varias alternativas posibles para lograr tal fin.
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