por TORCUATO SOZIO
El mal funcionamiento de los servicios de inteligencia del país termina generando, en paralelo, un mal funcionamiento de la Justicia cuando tiene que tramitar causas delicadas. Desde 1983 hasta el presente, el Poder Ejecutivo y los órganos de Gobierno no han podido hacer un manejo adecuado de los servicios de inteligencia, que no son cualquier repartición, sino una que debe estar orientada a fines específicos, que sin duda no pasan por la investigación de la vida privada de un ciudadano.
Cuando se trata de una pesquisa sensible como la del atentado contra la AMIA, todas las instituciones públicas involucradas deben trabajar de una manera profesional y seria, especialmente en la provisión transparente de la información.
El trámite de dicha causa muestra un manejo inaceptable de esa cuestión por parte de la Justicia y de los servicios de inteligencia.
Los distintos presidentes de la democracia y no solamente la mandataria actual han utilizado la Secretaría de Inteligencia de manera deficiente.
La peor falencia de esta institución reside en que, con el pretexto de que el funcionamiento debe ser reservado, todo es oscuro.
Hay ciertas cuestiones que deberían ser ventiladas en la Comisión Bicameral del Congreso creada para controlar los servicios de inteligencia y, sin embargo, ese comité está desactivado.
La Secretaría de Inteligencia simplemente carece de fiscalización. Es un órgano del Estado con tanta arbitrariedad y ambigüedad para el uso de los recursos públicos y el manejo de la información que parece un monstruo.
En otros países democráticos no ocurre lo mismo: disponer de un servicio de inteligencia no quiere decir que haya que desmembrarlo del sistema estatal.
El Congreso de la Nación con representación del oficialismo y de la oposición tiene que ser capaz de monitorear la agencia: no puede ser que la Secretaría de Inteligencia sea un cuerpo más poderoso que el propio Estado y eso es lo que uno siente a veces en la República Argentina.
De alguna manera esta situación está determinada por los quistes heredados de la dictadura. El Gobierno democrático, cuando desplaza al régimen de facto, debe ocuparse de “desenquistar” ciertas tradiciones.
En la Asociación por los Derechos Civiles vemos que ese proceso de pulverización del servicio de inteligencia que en su momento fue empleado para finalidades claramente ilegales no se ha logrado. Es decir, hoy tenemos un servicio de inteligencia con resabios de la etapa anterior a 1983.
El desafío de la clase política es implementar muchas de las leyes que existen y que son útiles para reformar los servicios.
El caso del fiscal Alberto Nisman definitivamente debería ser un punto de inflexión al respecto.Para que ello suceda, la sociedad ha de tomar conciencia sobre la situación crítica de este ámbito del Estado.
Soy moderadamente optimista sobre la posibilidad de revertir la opacidad de la Secretaría de Inteligencia porque, en general, los nuevos presidentes llegaron al poder con la intención de un cambio, pero, después, creyeron que la agencia, tal y como estaba, podía ser útil para gobernar.
Es fundamental que la próxima gestión no caiga en ese error y establezca una política de inteligencia con participación de las minorías políticas.
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