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| Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués |
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) tomaron el edificio del Rectorado de la UNLP para pedir que se separe “de inmediato” a los magistrados Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués.
En tanto en la Cámara provincial se aceleró un proyecto para el inicio del proceso de juicio político contra los magistrados cuestionados, a partir de los pedidos presentados en los últimos días ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, por los senadores Cristina Fioramonti (FpV) y Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y los diputados Fernando Navarro (FpV) y Christian Castillo (Frente de Izquierda).
Durante la sesión se pidió que los legisladores con título de abogados se abstengan de votar para luego no sufrir recusaciones si eventualmente deben integrar el jurado de un juicio político contra los magistrados.
El juicio político contra los cuestionados jueces ya está en curso: el presidente de la Corte Suprema bonaerense firmó la apertura del jury el 07/04, por un fallo anterior, del 15/03/2011, cuando ambos magistrados anularon una condena por corrupción de menores al pastor de un culto no reconocido Francisco Ávalos –quien abusó sexualmente de 2 niñas y las dejó embarazadas– con el argumento de que vivían en “comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas” y que además “poseían experiencia sexual”.
Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués redujeron la pena de 18 años a 9 años y 6 meses de prisión. Piombo llegó a afirmar: “No lo veo como algo moralmente edificante, pero tampoco como un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, ‘la pompa de la deshonestidad’, marcando –claro está– al concepto de honestidad con el variable contenido actual”.
Nunca se probó, por otra parte, en el juicio, que las víctimas tuvieran experiencia sexual, aunque ése no era el punto en debate, obviamente. La apertura de ese jury la firmó el entonces presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Fernando Soria.
Pero pasaron 4 años desde que Piombo y Sal Llargués fueron denunciados por la sentencia que benefició al pastor Francisco Ávalos, pedido de juicio político presentado por los ex diputados provinciales Raúl Pérez, y Juan Carlos Piriz.
Ahora la sumarán la sentencia que dejó en libertad a un dirigente de un club de Loma Hermosa acusado de abusar del niño de 6 años, con el argumento de que el menor de edad tenía supuestas inclinaciones “homosexuales” y que el acusado no había sido el primero en ultrajarlo, porque el padre del menor estaba preso por ese delito, dato que nunca se comprobó en la causa judicial.
El presidente de la Corte provincial es Juan Carlos Hitters, quien será el presidente del jurado de enjuiciamiento. Ya fueron sorteados los otros 10 integrantes de ese cuerpo –que se eligen para cada caso–, 5 entre los legisladores que son abogados, y los otros 5, entre los abogados de la matrícula de la provincia.
El jurado de enjuiciamiento estará conformado por los abogados Roberto Gabriel Mateo, Jorge López Moreno, Marcelo Víctor Abal, Horacio Pablo Garaguso y Jorge Alberto Álvarez, y por los diputados Eduardo Buil, Guillermo Alejandro Britos, Lleonel Omar Zacca y Lorenzino Matta, y el senador Roberto Raúl Costa.
El pedido de jury se fundamenta en
- el argumento usado para descartar la condena por corrupción de menores contra el pastor Francisco Avalos, que esgrimió Piombo y a cuyo votó adhirió Sal Llargués. “La categórica y general afirmación de que las niñas de condición social más vulnerable no pueden ser víctimas del delito de corrupción de menores –señaló Pérez en su presentación– resulta de inusitada gravedad, presentándose como violatoria de principios constitucionales y de tratados de derechos humanos”, al “conculcar el principio de igualdad”; y
- en “la injustificada e inaudita demora en el trámite de la causa” que terminó beneficiando al imputado. La Sala I de Casación, que integran Piombo y Sal Llargués, se tomó 7 años para pronunciarse, después de que el defensor de Avalos, en ese entonces el abogado Luis Sergio González, recurriera la sentencia de 1ra. instancia, dictada el 08/09/2004, demora que le provocó un beneficio adicional al imputado porque además de reducirle la pena, se le computó la llamada "ley del 2 x 1" por haber estado sin sentencia firme ese lapso, con lo cual se le terminaría licuando la condena.
Ávalos había sido condenado por el TOC 4 de Morón a 18 años de prisión por “cuádruple abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado un ministro de culto” en perjuicio de 2 chicas de 14 y 16 años.
Las dos niñas que concurrían a la Iglesia Evangélica Jesús es el Camino, de la localidad de Merlo. El 12/12/2012, la Corte bonaerense anuló el fallo al considerar que se basó en prejuicios discriminatorios, haciendo lugar al recurso extraordinario “de inaplicabilidad de la ley” presentado por el fiscal adjunto ante Casación, Jorge Armando Roldán.
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