ECONOMÍA / INFORME DE OPINIÓN
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Idesa). La generación de empleos productivos depende del crecimiento económico y el crecimiento de la inversión. Por eso, los incentivos para la inversión, tanto de los ahorros internos como de los que pueden provenir del exterior, son claves para cualquier estrategia que apunte a dinamizar la producción y mejorar la situación social.
Particularmente importante es la inversión extranjera directa ya que al tratarse, en general, de empresas de competitividad internacional son proyectos que pueden contribuir a la incorporación de tecnología, formación de recursos humanos y mejores prácticas de gestión.
En la década que pasó, Sudamérica recibió un importante flujo de inversión extranjera directa.
Esto estuvo asociado a los altos precios de las materias primas y la prevalencia de muy bajas tasas de interés en los mercados internacionales. Se trata de un ciclo muy favorable para la región que está llegando a su fin como lo prueba el hecho de que el flujo de nuevos proyectos de inversión es menos intenso que en años anteriores.
La CEPAL, un organismo de Naciones Unidas, considera tan importante la inversión extranjera directa para la región que, desde hace varias décadas, publica información desagregada por países.
Para el período que va entre los años 2004 y 2014 resalta que:
- La inversión extranjera directa que entró a Sudamérica fue US$ 978 mil millones.
- De este flujo, lo que llegó a la Argentina fueron US$ 90 mil millones.
- Esto implica que la Argentina recibió el 9% de la inversión extranjera directa que entró a la región.
Estos datos señalan que Argentina recibió a lo largo de la última década menos de US$1 de cada US$10 de inversión extranjera directa.
El retroceso queda reflejado en el hecho de que la participación de la Argentina en el producto bruto interno (PBI) de Sudamérica es del 14%. O sea que la participación en la inversión extranjera de la Argentina es inferior a su participación en el producto bruto interno de la región.
La situación inversa se observa en países como Chile, Perú, Colombia y Uruguay.
Ellos recibieron el 39% de todo el flujo de inversión que llegó a la región, cuando su participación en el producto regional es del 21%.
Las diferencias no son fruto de la casualidad sino de la calidad de sus políticas públicas.
Estos países, cada uno con sus particularidades, se destacan por un mayor esmero en construir instituciones estables, racionales, predecibles, respetuosas de la propiedad privada y la división de poderes. Esto último disminuye los riesgos de tratos discrecionales.
No menos importante desde el punto de vista de promover la inversión es que son abiertas al mundo.
Los gobiernos de estos países desarrollan relaciones comerciales con los grandes bloques mundiales como EEUU, la Unión Europea y Asia. La ampliación de mercados da viabilidad a proyectos de inversión de gran envergadura.
Los bajos estímulos para atraer inversiones en la Argentina están asociados a la degradación de sus instituciones.
- Manipulación de las estadísticas oficiales;
- interferencias en el funcionamiento de la justicia;
- improvisación en las estatizaciones;
- regulaciones y proyectos de inversión pública orientados a beneficiar a empresarios amigos;
- prohibiciones para exportar, importar y acceder a divisas;
- presión impositiva espuria incrementada arbitrariamente con la inflación;
- presiones y amenazas son algunos de los factores que contribuyen a que la Argentina sea poco atractiva para la inversión.
Por eso, en los últimos 4 años el producto por habitante no creció, la inflación es creciente y el empleo productivo está estancando. Los pocos proyectos de inversión que se ejecutan tienen un alto componente especulativo o están basados en rentas extraordinarias de muy corto plazo.
Que se use la cadena nacional con fines electorales o se violen las reglas de seguridad aerocomercial por diversión pueden parecer hechos anecdóticos.
Sin embargo, son el reflejo de un entorno donde la violación de las reglas se asume como normal.
Sólo revirtiendo este proceso se podrán promover las inversiones que se necesitan para incentivar la generación de empleos productivos y, con ello, el progreso social.
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