CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El gobernador mendocino Alfredo Cornejo se reunirá este mediodía con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia para analizar e intercambiar opiniones sobre el fallo referente a las prisiones preventivas que el máximo tribunal emitió sorpresivamente hace tres días y causó gran revuelo no solo en el Gobierno provincial, sino también nacional.
Según el mandatario, la sentencia "entorpece al sistema de seguridad y a los compromisos que establecimos con la ciudadanía". Aunque se mostró confiado en llegar a un consenso con los magistrados.
En una conferencia de prensa ofrecida en el cuarto piso de Casa de Gobierno, donde Cornejo estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Montero, el ministro de Seguridad Gianni Venier y el director de la Policía Juan Carlos Munives, entre otras autoridades ejecutivas y legislativas, el gobernador reveló, este fin de semana, que mantuvo una charla con el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, en la cual acordaron reunirse hoy a las 12.30, para tratar sobre el polémico fallo que ordena revisar y agilizar los pedidos de prisiones preventivas.
Para el mandatario provincial, el fallo "trae un problema adicional al que tiene el sistema de seguridad: mucha gente que está privada de la libertad no va a seguir en esa situación y muchos que se detengan en el futuro inmediato van a ser detenidos por 24 horas y serán liberados inmediatamente".
A su vez "acarrea inconvenientes operativos para el sistema policial en sí mismo", añadió. Si bien Cornejo aclaró que "tenemos un amplio respeto por la división de poderes, con un interés propio pero con gran vocación de tener plena armonía", resaltó que "no podemos menos que señalar que este fallo tiene problemas de aplicación severas y que entorpece al sistema de seguridad".
"Un compromiso que hemos establecido con la ciudadanía es mejorar la situación de seguridad. Este fallo entorpece esos objetivos y no está con el espíritu ni con los objetivos del Gobierno y la sociedad", destacó.
En ese sentido, insistió en que "tomar decisiones en abstracto puede perjudicar a los mendocinos en su conjunto". Con respecto a lo que espera en la reunión, el gobernador indicó que "me gustaría escuchar tanto cuáles son los fundamentos como al autor del fallo, que es el juez Omar Palermo".
Sobre este magistrado, Cornejo lo señaló como el responsable de la sentencia, que tuvo cuatro firmas: "(El fallo) se parece muchísimo a la acción colectiva que presentaron los abogados Lavado y Salinas, y también existe una armonía perfecta entre ambas partes".
"Si Omar Palermo considera que los jueces y fiscales están actuando mal, podría haber corregido esas conductas. (Los jueces) han esperado un hábeas corpus colectivo para ordenar al sistema en su conjunto en un grado mucho mayor de lo que se pidió", agregó.
Por otra parte, Cornejo consideró que "seguramente hay muchas salidas" alternativas al fallo para aliviar el hacinamiento carcelario, pero destacó que "preferimos la búsqueda del diálogo y el entendimiento".
De todos modos, indicó que esperarán a obtener una respuesta de la Suprema Corte para informar las medidas que podría tomar en el futuro. Aunque el gobernador aseguró que la sentencia del máximo tribunal provincial "no es una intromisión", dejó sus dudas con respecto al posible contenido político de la misma: "Soy desconfiado pero no puedo decir que sea así. Diego Lavado y todo ese grupo estuvieron en el gobierno de Celso Jaque".
"Durante los dos últimos gobiernos no se construyó un solo metro cuadrado de cárceles, y el criterio general de la gente que ha estado en el gobierno en los últimos años considera que las prisiones no son necesarias. En 2007 habían 2307 personas privadas de la libertad, hoy hay 4025 personas y la cantidad de metros cuadrados es casi la misma", expresó, cargando parte la responsabilidad del hacinamiento a la gestión kirchnerista.
Por su parte, la vicegobernadora Laura Montero manifestó que "el problema es que no se nos ha consultado previamente. En el fallo hay cuestiones contrapuestas con respecto al cumplimiento de los objetivos con los instrumentos que disponen".
"Sería una buena señal de la Corte que nos hiciera parte no solo en los comentarios, sino parte del proceso, para que nuestra perspectiva sea tenida en cuenta", resumió. En la mañana de este 24 de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo público un fallo que respondió a un habeas corpus presentado de la ONG de derechos humanos mendocina Xumek, que le pone un claro límite a las detenciones realizadas por la policía y obliga a los fiscales y jueces a ser muy estrictos con los tiempos máximas en que una persona puede estar privada de su libertad.
Así, el escrito dispone que los fiscales provinciales deberán informar cada detención, en un máximo de 24 horas, a un juez de Garantías y éste, en el mismo plazo, resolver si esa persona debe continuar detenida o bien ser liberada.
La Corte también pone límites a las prisiones preventivas, que deberán ser dictadas por un período determinado y como última opción. La resolución es la segunda en una semana que complica al gobierno de Cornejo.
La semana anterior, el máximo tribunal le cerró la puerta definitivamente a las inversiones de la mega minería en Mendoza al ratificar la ley antiminera, la 7.722, cuando determinó su íntegra constitucionalidad.
El ministro de la Corte Omar Palermo fue el encargado de argumentar a favor de la postura de Xumek, y detallar las razones de la limitación a las detenciones. Su postura fue acompañada por los demás supremos Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde y Julio Gómez. Palermo es un magistrado muy identificado con la política de DDHH del kirchnerismo. Incluso antes de ser propuesto de Paco Pérez para ser parte de la Corte local, se desempeñaba como fiscal especial para delitos de lesa humanidad en la Justicia Federal de Mendoza.
Entre los argumentos que sostienen el fallo, la Corte toma datos estadísticos del Ministerio Público Fiscal, que afirman que 56% de los detenidos permanece privado de libertad por la sola decisión del fiscal a cargo de la investigación y sin intervención de un juez; además, 47% de las detenciones preventivas dictadas este año, hasta pasado el 17 de noviembre, finalizaron con la liberación de los acusados por falta de pruebas para llevarlos a juicio oral y público.
Justamente la presentación inicial, realizada por los abogados de DDHH Pablo Salinas y Diego Lavado, se escudó en estos datos para pedir que se terminara con la arbitrariedad de los fiscales provinciales a la hora de decidir la libertad o no de un detenido, con plazos imprecisos que muchas veces hacían que los detenidos pasaran mucho tiempo en la cárcel sin avances en sus causas.
En ese sentido, y con afán de no provocar al Poder Ejecutivo, el referente en DDHH Fabricio Imparado, opinó que “la decisión de la Justicia en nada afecta al Gobierno. La intención no es llenar a las calles de delincuentes, lo que planteamos es el sistema funcione y no que por la falta de recursos para acelerar las causas haya gente perjudicada”.
Citadas por medios locales, Susana García y Belén Salido, fiscal de Cámara y jueza de la Séptima Cámara del Crimen, respectivamente, coincidieron en un primer análisis que el fallo de la Corte “es lo adecuado, lo que corresponde, es un fallo que da garantías para todos y la sociedad no tiene que alarmarse”.
Por su parte, el titular de la Asociación de Magistrados de Mendoza, Armando Martínez, consideró que el fallo “es al menos apresurado”. Y destacó que “tiene buenas intenciones, pero me parece apresurado”.
En ese sentido, el juez afirmó que “la Corte no puede decirle a los fiscales cómo trabajar, ya que eso es atribunción del procurador”. “En ese punto creo que la Corte pasó una barrera”, agregó. Analizando las posibilidades concretas de cumplir con la postura del máximo tribunal, Martínez afirmó que “es materialmente imposible cumplir con eso, no tenemos recursos humanos ni infraestructura para hacerlo.
Además, la Cámara de Apelaciones ya ha dicho que ese plazo de diez días que establece el Código Procesal Penal es ordenatorio y no fatal, es decir que no tiene un vencimiento claro. En definitiva, creo que no es el momento para un fallo así”.
El ministro de Seguridad provincial, Gianni Venier, llegó a decir que la resolución de la Corte, lisa y llanamente, “fortalece a la delincuencia” y advirtió de los posibles “descalabros” que provocará. “No se está teniendo en cuenta la problemática de la provincia. Hoy Mendoza no resiste un fallo como este. Se podría decir que es un ‘fallo sacapresos’, pero no porque ese sea el objetivo final, sino porque es lo que va a terminar ocurriendo cuando los fiscales y los jueces no puedan cumplir con los tiempos que se están pidiendo. Y si no quedan en libertad los sospechosos, se habilita la posibilidad de que después le reclamen al Estado”, bramó Venier.
También desde el gobierno nacional de Mauricio Macri pusieron el grito en el cielo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la encargada de criticar el fallo, que defendió este domingo en 'Página/12', el periodista y presidente del Cels, el Centro de Estudios legales y Sociales, Horacio Verbitsky.
En la columna titulada "La insubordinación" consideró que con la actitud tanto de Bullrich como de Cornejo de cuestionar la decisión judicial y reclamar ser consultados al respecto "el Poder Ejecutivo profundiza su conflicto con la legalidad vigente y muestra que su respeto por las decisiones judiciales es apenas retórico".
El periodista porteño que supo ser asesor de llegada a Cristina Fernández alienta en su nota la idea de un presunto quiebre institucional por no acatar una orden judicial. Cornejo, Bullrich y los secretarios Gerardo Milman y Gonzalo Cané evaluaron “la imprudencia y el peligro que significaría el fallo”, anunciaron el propósito de que en vez de ejecutarlo la Corte Suprema lo suspenda o prorrogue hasta tanto se convoque a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia y sostuvieron que por ser Mendoza una provincia de frontera, “esta decisión podría alterar la política de seguridad dictada a nivel nacional y disponer de una cantidad de recursos que deberían ir a la lucha contra el narcotráfico y no a la ejecución del mencionado fallo”.
Para Bullrich esto crea “un ambiente de indefensión en la población de la provincia”, pone en peligro la integridad de los testigos en las causas y genera un “estado de ‘gravedad institucional’ al provocar una situación de emergencia de seguridad”. Para Verbitsky "es una forma de confesar que el cumplimiento de las leyes y Convenciones obligatorias que ordenó la Corte se opone 'al diagnóstico efectuado por las autoridades locales en la última reunión del Consejo Federal de Seguridad, donde se votó unánimemente por la necesidad de declarar la emergencia en seguridad pública". En tanto, esta mañana, a horas del encuentro del mandatario provincial con Llorente, desde la Procuración de las Personas Privadas de la Libertad tildaron de "triste" la reacción del Ejecutivo de oponerse a la medida, mientras que desde el Ministerio de Seguridad insistieron: "Este fallo es lo último que esperábamos"
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