La presidenta brasileña Dilma Rousseff, apartada del poder temporalmente desde el 12 de mayo, se defendió ayer en el Senado de Brasil durante más de 14 horas, interrumpidas sólo por dos pausas para comer y cenar.
Comenzó a las diez de la mañana y terminó más allá de las diez y media. Fue una de las ya acostumbradas sesiones maratonianas que este proceso de impeachment suele celebrar.
Rousseff escuchó —y contestó— las preguntas de los 51 senadores que quisieron intervenir. Durante ese tiempo no sólo se habló de los supuestos delitos fiscales en los que, según la acusación, incurrió la presidenta en 2015, sino de asuntos mucho más variados: la marcha de la economía, las prospecciones petrolíferas, la defensa de los indios, las acusaciones de corrupción que penden sobre el Partido de los Trabajadores (la formación de Rousseff y Lula), las que penden sobre el Partido do Movimento Democrático de Brasil (PMDB) (el partido del actual presidente interino Michel Temer), las virtudes políticas de Temer o la mortalidad infantil, entre otras decenas de temas.
A pesar de las respuestas de Rousseff, todos los especialistas siguen coincidiendo en que el impeachment se va a aprobar. Con todo, hasta el último momento el expresidente Lula, desplazado a Brasilia, trató de convencer a algunos de los senadores indecisos. Todo está previsto para que se acabe este martes. Por la mañana hablarán, por última vez, los representantes de la defensa y de la acusación. Posteriormente, harán un discurso los senadores que quieran.
Dada la experiencia de sesiones anteriores, se da por sentado que la mayoría querrá hacerlo, así que se volverá a celebrar una sesión interminable y agotadora, que no acabará hasta la madrugada del miércoles 31.
Entonces, los senadores votarán. Si más de 54, como es lo más probable, votan a favor, Dilma Rousseff quedará definitivamente depuesta. Algunos ex aliados que ahora votan contra Rousseff la acusaron políticamente de haber aplicado un ajuste fiscal en 2015 durante la sesión, pero uno de sus defensores, Roberto Requiato, del PMDB de Temer pero contrario al impeachment, denunció que "el golpe parlamentario" apunta a "precarizar las leyes sociales y el empleo" con una agenda neoliberal.
Rousseff dijo que era una "ironía de la historia" que gente acusada de crímenes graves la juzgara por delitos que no cometió. "He sido intransigente en la defensa de la democracia", dijo. La mandataria suspendida comparó el momento actual con los golpes de Estado sufridos por los ex presidentes Getulio Vargas y Joao Goulart y las intentonas a Juscelino Kubitschek, los que atribuyó a "las clases dominantes que no pueden acceder con sus programas de gobierno mediante el voto popular".
"Se trata de un proceso estrictamente político que viola abiertamente la Constitución". En un clima de despedida, Rousseff, vestida con un traje de colores sobrios, se rodeó de sus fieles escuderos, de exministros y de antiguos amigos, como el cantautor Chico Buarque, quienes la acompañaron desde la platea del concurrido Senado.
La votación
El Senado brasileño celebrará este martes el debate previo a la votación final en el proceso que le puede costar la destitución a la presidenta Dilma Rousseff, que el lunes, ante la Cámara, denunció que es víctima de un "golpe" para instalar un gobierno "usurpador".
En la sesión de este martes los 81 senadores podrán hablar por 10 minutos cada uno y la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media cada uno, con derecho a sendas réplicas de una hora, por lo que si se respetan los tiempos, el debate se puede extender por 18 horas.
Una vez acaben las deliberaciones, tendrá lugar la votación final, que se realizará de forma nominal, lo que previsiblemente ocurrirá la madrugada del miércoles, según cálculos del presidente del Senado, Renán Calheiros. Para que se apruebe la destitución, será necesaria una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) entre los 81 senadores, una cifra que se presume accesible para los favorables a la salida de la mandataria.
En dos votaciones previas realizadas en fases anteriores del proceso en la Cámara Alta, los que apoyan la destitución de Rousseff sumaron 55 y 59 votos.
"Estamos a un paso de la efectivización de una grave ruptura institucional. Estamos a un paso de que se concrete un verdadero golpe de Estado", dijo el lunes Rousseff en su alocución, en la que defendió su gobierno y acusó a la oposición de haber boicoteado su gestión tras la reelección en 2018. La mandataria, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo último, también denunció al "gobierno usurpador" de su vicepresidente Michel Temer, y anunció que en caso de ser condenada apelará al Supremo Tribunal Federal porque según ella no cometió delito de responsabilidad contra la Constitución por haber alterado prioridades en el presupuesto 2015.
Temer, por su parte, siguió en el Palacio del Planalto la sesión, confiando en que su base aliada logrará más votos que el piso de 54 que se necesita para condenar a Rousseff, prohibirla de la vida pública durante ocho años y terminar con 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT).
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