Este martes (30/8) el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, publicó en el Boletín Oficial la resolución 389 donde se especifica que el servicio de protección será "de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia, desde que lo disponga y hasta tanto dicte acto administrativo en contrario".
La custodia "se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven".
Además, el texto precisa que "si el custodiado pretende prescindir del servicio, deberá notificar fehacientemente su voluntad ante las autoridades de la Fuerza de Seguridad que le brinda el servicio".
La normativa establece tres niveles de protección cuyos protocolos serán determinados por la cartera de Seguridad con "carácter confidencial".
El presidente y el vicepresidente con sus núcleos familiares componen el nivel 1, en tanto el nivel 2 lo conforman el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad.
En el nivel 3, se encuentran los ministros y funcionarios que el ministerio de Seguridad "considere deba brindar el servicio de protección de estado y custodia, y los ex Presidentes de la Nación".
La medida oficial se conoce tras las denuncias de amenazas telefónicas que durante las últimas semanas recibieron diferentes dirigentes políticos y luego del incidente ocurrido en Mar del Plata, cuando el vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue interceptado por manifestantes que reclamaban durante un acto en el barrio Belisario Roldán de la ciudad balnearia.
Quien sufrió amenazas también pero fuera de la órbita de Cambiemos fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, principal denunciante contra la expresidenta Cristina Fernández.
Macri recibirá este martes a la tarde a la dirigente del GEN. La amenaza de muerte contra Stolbizer ocurre a sólo dos días de la presentación de su libro "Yo acuso", que será presentado el jueves a las 18.30 en el Palacio San Miguel, en el centro porteño y en el que se despliegan una serie de acusaciones contra la exmandataria.
El llamado intimidatoria, que fue la semana pasada, se repitió al teléfono fijo de su casa pero también en su oficina. Y Stolbizer habría confirmado que un preso vinculado a una causa de narcotráfico, efectivamente, salió de la cárcel recientemente.
El pasado 15 de julio Stolbizer había hecho públicas situaciones de apriete que relacionó directamente a los pedidos de informes y denuncias que presentó contra Cristina Kirchner.
En la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal también viene sufriendo distinto tipo de amenazas que en Cambiemos atribuyen a su gestión para depurar a la policía bonaerense y a las mafias vinculadas al servicio penitenciario.
El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, confirmó que llevará las denuncias a los Tribunales bonaerenses. La decisión llega luego de una nueva intimidación telefónica realizada a través del 911. Vidal ya había remarcado que algunos sectores K pretendían instalar un clima de “inestabilidad”, verificado también en el ataque contra Mauricio Macri durante un acto en Mar del Plata.
Hasta el momento no ha surgido de la mayoría de los mensajes intimidatorios un peligro real, aunque parecieran existir más elementos en el caso de Vidal. Es verdad que algunos sectores ultrakirchneristas y de izquierda plantean un rechazo abierto al Gobierno de Cambiemos.
La Marcha de la Resistencia que realizó la semana pasada La Cámpora y las Madres de Plaza de Mayo plantean un clima de confrontación que se verifica en algunos escraches que sufrió Macri en actos públicos, pero no tiene lazos con las amenazas.
El kirchnerismo, y parte de la oposición, creen que todo se trata de una exageración para generar una victimización y de paso justificar algunas medidas en materia de seguridad. Los ultrakirchneristas siempre van más allá y advierten sobre un nuevo rol para las fuerzas armadas en relación a la delincuencia.
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