Apenas unos días después de que Mauricio Macri consiguiera cómodamente la aprobación en el Senado de los pliegos de las autoridades de la AFI, Elisa Carrió, aliada del Presidente en Cambiemos, presentó un proyecto de ley para eliminar a la Agencia Federal de Inteligencia.
La iniciativa es parte de un paquete de propuestas de "lucha contra el crimen organizado". Además de la derogación de la ley que instauró la AFI, Carrió impulsa la creación de una agencia federal contra el crimen organizado, la federalización de los delitos de narcomenudeo y la federalización de los delitos de torturas.
Según informa un comunicado, la posición de la CC-ARI, el partido de Carrió que impulsa estas reformas, la central de Inteligencia es "donde se producen las más graves violaciones a los Derechos y Garantías de los ciudadanos garantizadas en la Constitución Nacional, facilitando el desarrollo del crimen organizado".
Cabe recordar que entre los senadores que se opusieron a los pliegos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani estuvo Magdalena Odarda (CC-ARI/Río Negro), quien actúo de esa manera por pedido de Carrió.
“Se propone una reforma integral de la seguridad federal para la eliminación de los nichos de corrupción y la connivencia entre el poder político, la policía y la delincuencia, mejorando la efectividad de las acciones preventivas e investigativas”, explicó Carrió.
El proyecto de ley crea, por un lado, el Sistema de Inteligencia Nacional y, por el otro, y separado de este, el Sistema Nacional de Investigación con el objeto de luchar contra los delitos federales de terrorismo, narcotráfico, sedición, tráfico de armas, tráfico de divisas, tortura, tráfico y trata de personas.
También se incrementan las funciones y atribuciones del control Parlamentario a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia e Investigación.
Dentro del Sistema de Inteligencia se crea la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Argentina, que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, la que procesa, analiza e interpreta la información de fuentes abiertas.
No cuenta con medios propios de reunión de información ni de investigación, como hasta ahora tenía la AFI, y prohíbe, a su vez, el agente encubierto (es decir, aquellos que cuentan con más de una identidad o doble legajo).
El proyecto transparenta y restringe los fondos reservados, señala el comunicado. Carrió propone crear la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, a fin de proporcionar a las Fuerzas de Seguridad la inteligencia oportuna para la prevención del delito y para auxiliar la ejecución de investigaciones.
La diputada también presentó un proyecto tendiente a retrotraer la desfederalización de los delitos de narcomenudeo. “Se pretende con este proyecto de ley retrotraer a la situación anterior al 2005, año en el que se sancionó la ley 26.052, oportunidad en la que nuestro bloque advirtió sobre las graves consecuencias que aparejaba su sanción en relación a la política criminal”, dijo Carrió y explicó “Señalamos que su implementación no lograría más que fraccionar o seccionar las investigaciones, atentando contra el éxito de la pesquisa en cuanto a los delitos de mayor gravedad y de las cabezas del crimen organizado. Se produciría un fraccionamiento de las investigaciones, puesto que la ley 23.737 no establece un parámetro para determinar a partir de qué cantidad de estupefacientes el magistrado debe considerar que se está frente a un caso de comercialización o de tenencia”.
Por último, Carrió propone el proyecto de federalización de los crímenes de torturas. "El delito de tortura debe ser de índole federal aun cuando fuera cometido en el territorio y por funcionarios de las provincias. Puesto que tratándose de conductas violatorias de derechos humanos le corresponde la obligación de juzgarlos al Estado Nacional como garante de los derechos humanos de todos sus habitantes".
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