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| MIGUEL MARIZZA |
PARANÁ. Otra investigación que involucra a funcionarios de la gestión anterior avanza en la Justicia. Se trata de la causa que se instruye por las contrataciones para la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrolló en Paraná los días 18 y 19 de diciembre de 2014, con la presencia de un puñado de presidentes latinoamericanos.
Se están realizando una serie de allanamientos en oficinas de las empresas constructoras Caballi SA, que preside Miguel Marizza; Szczech & Szczech, a cargo de Iván Szczech; y Luis Losi SA, presidida por Gabriel Losi. Todas de Paraná.
También se allanó la oficina de la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez de Feltes, que fue coordinadora general del Comité Operativo de la Cumbre.
A pesar de la discreción con que se manejaron los procedimientos, la información se filtró a través de fuentes del propio Gobierno provincial y fue confirmada a la web Página Judicial desde los tribunales provinciales.
Los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Juan Francisco Malvasio y están a cargo de agentes de la Policía de Entre Ríos, junto con peritos contadores y delegados judiciales de la provincia.
Según se indicó, buscan documentación contable, computadoras, medios de almacenamiento de información y elementos que podrían ser de interés para la investigación. La causa se inició a raíz de informes periodísticos que revelaron datos llamativos respecto de las contrataciones de servicios que se hicieron para la cumbre de presidentes.
El delito que se investiga, por ahora, es el de fraude contra la administración pública. Para que pudiera desarrollarse en Paraná la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur y Cumbre d e los Estados Parte del Mercosur y Estados Asociados fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se anunció como de $40,7 millones, aunque luego el presupuesto se duplicó, de acuerdo con la rendición de cuentas que hizo el Gobierno a la Legislatura.
La empresa Caballi SA, de Marizza, ejecutó la mayoría de esas obras, 12 en total, por contratación directa, y el Estado entrerriano acordó pagarle $11.722.585. Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM). Se trata de un ente creado por el Poder Ejecutivo mediante la Ley Nº 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios en forma directa.
El ente tuvo como coordinadora general a Alicia Feltes, por el sector público; y a Miguel Marizza, por el sector privado y en representación de la Cámara de Construcción de Entre Ríos. En la rendición de cuentas ante la Legislatura, el gobierno de Sergio Urribarri reconoció pagos por $84.577.000,29 con motivo de la Cumbre de Mercosur, según consta en las planillas en marzo de 2015 a la Cámara de Diputados.
En el informe, la UOCM admitió haber emitido 251 órdenes de pago. A su vez, para el evento, la Cancillería transfirió $18 millones para gastos, mientras que el Gobierno provincial reconoció haber hecho desembolsos por $26,3 millones.
En la documentación constan las 29 contrataciones directas efectuadas por la UOCM para adquirir lo requerido por la Cancillería, que se distribuyeron entre 21 contratistas, según publicó oportunamente el sitio AccesoLibre.org/
En marzo, el fiscal Santiago Brugo, que investiga al ex gobernador Urribarri, familiares y allegados por enriquecimiento ilícito, había solicitado en la Cámara de Diputados la rendición final de los gastos de la Cumbre del Mercosur.
MIGUEL MARIZZA OTRA VEZ EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
Por otro lado fuentes de los tribunales de Paraná dejaron trascender que el empresario Miguel Marizza estaría siendo investigado por su pasado durante el menemismo.
En relación a ello quienes están al frente de esa investigación aseguran contar con datos aportados por alguien que conoce al dedillo las maniobras realizadas entonces y de las que se benefició Marizza.
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