El Gobierno nacional, representado por el Ministerio de Producción, la Provincia de Tierra del Fuego, el sindicato UOM (Unión de Obreros Metalúrgicos de la República Argentina) y las empresas representadas por Afarte (Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica), asumieron el compromiso de mejorar la competitividad en los próximos 5 años y lograr una baja progresiva en los precios de los productos electrónicos fabricados en la Isla.
Desde el Gobierno nacional la promesa es implementar progresivamente la rebaja en los impuestos a los productos que no se fabrican en Tierra del Fuego. A partir de enero de 2018 estos productos tributarán el 10,5% hasta llegar al 2% en el 2023. Asimismo, se trabajará para mejorar los costos aduaneros, la seguridad en las rutas del transporte terrestre, los costos del transporte marítimo de cabotaje y en llevar adelante acciones y medidas para eliminar el contrabando.
En tanto, Afarte y el gremio UOM -a través de un convenio- acordaron no incrementar las remuneraciones durante 24 meses, plazo que comenzará a regir a partir del 30/06/2018.
Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego mantendrá las condiciones tributarias actuales para el sub-régimen industrial, y se enfocará en reducir los costos portuarios como aporte para la baja de los precios.
La gobernadora Rosana Bertone manifestó que se logró por "el consenso unánime de todos los sectores y las fuerzas políticas de Tierra del Fuego en defensa de nuestra industria y nuestro trabajo". También: "Hoy hemos logrado un esquema respecto de los impuestos internos que es el principio de un camino en el que continuaremos trabajando, para que la industria de Tierra del Fuego gane en sustentabilidad, los puestos de trabajo ganen en calidad y estabilidad, y los productos tecnológicos sean más accesibles para todos los consumidores".
En cambio, el diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, dijo por FM "Aire Libre": “La política del Gobierno nacional ha sido extorsiva para los habitantes y trabajadores de la provincia de Tierra del Fuego, en el caso particular de los metalúrgicos; atento a que si no aceptábamos condiciones diferentes modificaban los aranceles y –como consecuencia de eso- se terminaba de destruir la industria y los puestos de trabajo”.
Martínez dijo que al comienzo de las negociaciones la exigencia era “una reducción salarial del 30%” y señaló que esta fue una alternativa superadora, aunque reconoció que se trata de un acuerdo “difícil, que nos expone mucho, porque la realidad es que la inflación es galopante, que la pérdida del poder adquisitivo es importante; pero en ese marco hemos logrado defender los puestos de trabajo que también era un objetivo que pretendíamos”.
Martínez insistió en que “hemos sido víctimas de una extorsión por parte del Gobierno nacional, que decidió llevar su política adelante sin ningún tipo de comprensión ni de análisis, con una soberbia enorme y quizás agrandado por una instancia electoral; donde también en Tierra del Fuego se lo apoyó con un 30% de votos y hoy estamos sufriendo las consecuencias”.
Martínez ratificó la convocatoria para el lunes 20/11 de una movilización en Río Grande, en defensa de “los puestos de trabajo, la soberanía y los derechos”. Casi a la misma hora que eligieron los gremios más combativos para lanzar una convocatoria de movilización contra el proyecto oficial de reforma laboral, prevista para el 06/12, el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) se limitó a anunciar que los triunviros viajarán al Vaticano los días 23/11 y 24/11 para participar “activamente del Encuentro de Organizaciones Sindicales de todo el Mundo, convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral”.
En tanto, el secretario gremial de la CGT y titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, dijo que la reforma es “un ataque permanente contra todos los trabajadores a través de una reforma laboral que es un mamarracho. Esperemos que muchos gobernadores que cantan la marcha peronista en la campaña no voten esta ley. Vamos a hablar con ellos para saber qué es lo que van a hacer al respecto".
"No tenemos referentes que aglutinen, pero, a pesar de esto, hay dirigentes del PJ bonaerense y dirigentes sindicales nuevos con los que estamos trabajando. Somos muchos dirigentes que no compartimos este modelo", señaló a FM La Patriada.
Pablo dijo: “Tengo miedo que vayan por Hugo (su padre) o por mí. Pero sería un orgullo caer en cana con un gobierno tan gorila. Eso no va a quitar que los dirigentes de nuestro gremio que vienen atrás nuestro sigan peleando contra toda injusticia".
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