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| Diputados nacionales Pablo Kosiner y Diego Bossio, con el senador nacional Miguel Ángel Pichetto: aliados. |
(U24) - Blitzkrieg: en alemán, ‘guerra relámpago’. Es el nombre popular que recibe una táctica militar de ataque que implica un bombardeo inicial, seguido del uso de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente.
El proyecto de "Ley de Equidad Federal de Servicios Públicos" propone que las provincias no financien, a través de su aporte al Presupuesto Nacional, a empresas que ofrecen, con exclusividad, sus servicios a Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Por lo tanto, se propone la transferencia de la Nación al Área Metropolitana Buenos Aires de los contratos de concesión de las privatizadas Edesur y Edenor, y de la reestatizada AySA, que prestan servicios en los territorios de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
La situación -que no conviene a Cambiemos, porque muchos de sus diputados nacionales querrían votar favorablemente el proyecto opositor, que sólo le conviene al oficialismo en su versión más PRO- detonó cuando la Casa Rosada le concedió a sus interlocutores peronistas, los gobernadores Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, la baja del IVA, de 21% a 10% para los servicios públicos, luego de impedirlo en Diputados.
Los firmantes son los diputados nacionales Pablo Kosiner, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio, Sergio Ziliotto, Melina Delú, Ariel Rauschenberger, Javier David, Andrés Zottos, Juan José Bahillo, Mayda Cresto, Martín Llaryora y Walberto Allende, todos integrantes del interbloq ue Argentina Federal, presidido por el salteño Kosiner.
“Estimamos que para fines de este año, el Gobierno Nacional, desde el inicio de su gestión, habrá transferido a AySa SA más de $34.500 millones que provienen de la recaudación realizada en todo el territorio nacional a una empresa que solo presta servicios en la Ciudad Autónoma y parte de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde Argentina Federal.
El cordobés Llaryora, uno de los impulsores de la propuesta, calificó a la iniciativa como “un avance en la construcción de una Argentina más justa, solidaria y federal. No existen fundamentos para seguir sosteniendo una situación de clara desigualdad.
Cada distrito debe procurar la sustentabilidad de sus servicios públicos”. “El tratamiento de este proyecto debe ser una prioridad si queremos alcanzar un país con mayor igualdad y dar un paso fundamental en el camino de un verdadero federalismo”, sostuvo el diputado nacional.
El tema provocará un intenso debate.
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