(U24) - En 2019 el gobierno de Cristina Fernández sancionó una polémica Ley Nacional de Salud Mental aplaudida y elogiada por todo el progresismo vernáculo pero que no se ajustaba a la realidad, de hecho la expresidente tardó tres años en reglamentarla (lo hizo en marzo de 2013) y varias provincias todavía no adhirieron a la norma a 8 años de haber sido promulgada.
Pero ese no es el único problema que tiene la norma. Como en otros aspectos de la gestión K, se buscó reducir la participación de los privados. El límite a las internaciones y a la disponibilidad de camas dejaban afuera de la atención a los centros privados mientras el sector público seguía precarizado y saturado, dejando a los pacientes sin más opciones que caer en el deteriorado atención estatal.
Por ejemplo, según pudo saber Urgente24, el Estado sólo tiene 3 camas de desintoxicación en el Hospital Fernández. Y no hay inspección de comunidades terapéuticas desde que salió la ley. En setiembre de 2016 debía cumplirse con el plazo máximo para reducir las internaciones fijando el límite a las camas, pero el Ministerio de Salud dejó sin efecto esa disposición emanada de la ley de salud mental y puso al frente de la aplicación de la norma a Andrew Santiago Blake.
El Ministerio de Salud emitió la resolución 1003/2016 que dejó sin efecto la 1484, de septiembre de 2015, que establecía “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”.
Y que en el caso de los ya existentes, por resolución 1484 debían adaptarse a la Ley de Salud Mental. La resolución (ya derogada) fijaba las “normas mínimas” para la habilitación de los establecimientos, que debían aplicarse con un plazo máximo fijado para el 10 de septiembre de 2016.
Derogada la 1484, el Ministerio de Salud creó una Comisión para elaborar “normas de habilitación de los establecimientos de Salud Mental y Adicciones”. A fines de 2017, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley en el Congreso para modificar la Ley de Salud Mental, generando un amplio rechazo en las entidades que participaron del texto de la norma K vigente, pero desde entonces el parlamento no avanzó en el tratamiento de es a iniciativa.
El proyecto de reforma del decreto que reglamenta la Ley de Salud Mental volvió a enfrentar a los psicólogos y psiquiatras como había ocurrido en 2010, por quién debe estar al frente de un servicio de salud. Los médicos tenían un rol central en el discurso de las instituciones y desde que se sancionó la ley se habilitó a otros profesionales.
Las autoridades de la Asociación Argentina de Psiquiatras hicieron pública una carta enviada al jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, donde le trasmitieron su “conformidad con el Proyecto de Reglamentación de la Ley 26657 que se encuentra a la firma del señor presidente de la Nación” y consideran que la reforma “será beneficiosa para los pacientes, sus familias y el equipo interdisciplinario”.
La Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) apoyó el proyecto oficial a través de una declaración en la que reafirma su “irrenunciable defensa de los derechos humanos, en general, y de aquellas personas que padecen dolencias en la esfera mental en particular”, así como su “firme convicción acerca de la necesidad del trabajo multidisciplinario de las distintas profesiones, de acuerdo con sus competencias e incumbencias, para poder llegar a un diagnóstico y terapéutica más efectivos”.
“A partir de ello, sostenemos que la nueva Reglamentación de la Ley de Salud Mental (a la cual históricamente hemos criticado en algunos aspectos pero siempre hemos rescatado en términos globales y respetado en tanto normativa nacional) como todo instrumento legal es perfectible en el futuro y, por lo tanto, lo entendemos como una etapa propia de los tiempos actuales”, expresó la Asociación de Psiquiatras Argentinos.
En ese sentido “la propuesta de Reglamentación de la Ley 26.657 es un avance que mejora aspectos de la ley, al dar precisiones indispensables que faltaban en el anterior instrumento; atiende al principio de congruencia normativa con otras leyes que regulan aspectos que atañen al campo de la Salud Mental”, agrega la declaración.
Los críticos al proyecto macrista dicen que atenta contra el paradigma de los Derechos Humanos y niega a los usuarios el acceso a una asistencia integral y pública; reinstala la lógica del manicomio y el paradigma biologicista.
Además, cuestionan que implicaría la reducción en el presupuesto en salud mental: menos cargos, más despidos, eliminación de funciones y tratamientos desde un enfoque interdisciplinario.
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