(U24) - Pasaron más de cinco meses de los incidentes en la Plaza del Congreso a raíz del debate por la reforma previsional y las fuerzas de seguridad siguen sin poder encontrar a Sebastián Rodrigo Romero, el militante de izquierda famoso tras haber sido fotografiado y filmado disparando un mortero casero contra la policía.
Ante la falta de información sobre Romero, ahora el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich ofreció una recompensa de $1.000.000 a aquellos que brinden datos que permitan detener al denominado ‘militante del mortero’ que sigue desde el 18 de diciembre pasado.
Por medio de la Resolución 416/2018 publicada este miércoles (23/5) en el Boletín Oficial, y con la firma de la ministra Patricia Bullrich, el texto dice que sobre Romero pesa una orden de captura nacional e internacional "por haber participado en las conductas violentas" ese día en el Congreso.
Por eso señala que se ofrece "como recompensa, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de pesos un millón ($1.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que sirvan para dar con la aprehensión de Sebastián Rodrigo ROMERO, argentino, titular del D.N.I. N° 31.390.547, nacido el 29 de enero de 1985".
A su vez pide que "las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al número de acceso rápido 134".
El 23 de abril la Sala I de la Cámara Fede ral de Casación Penal había rechazado un recurso extraordinario presentado por la defensa de Romero, que ya había intentado antes llevar el tema al máximo tribunal penal.
La Casación había declarado antes que era inadmisible el recurso con el que los abogados de Romero habían intentado impugnar el fallo de la Cámara Federal porteña que rechazaba la exención de prisión, a la que también se había negado el juez de primera instancia.
La causa en la que se lo investiga está radicada en el juzgado federal que conduce Sergio Torres y tiene como fiscal a Alejandra Mangano, quien le imputó la comisión de los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad.
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