Por JORGE COLINA Economista. Master of Art in Economic (Georgetown University) y Master in Finance (University of Amsterdam). Presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral de Argentina / U24
Lo que motiva al gradualismo es la decisión de suavizar los costos sociales de la reducción del déficit fiscal. Pero la persistencia del déficit fiscal está demostrando que también tiene costos sociales, y altos. Pérdida del poder adquisitivo de los hogares, encarecimiento del crédito para la producción poniendo en riesgo la incipiente reactivación económica y del empleo y la incertidumbre que genera un dólar inestable.
¿Hay entonces que abandonar el gradualismo?
No. Hay que acelerarlo, pero haciendo los ajustes donde están los derroches, no sobre la gente. En otras palabras, con una mejor gestión del gasto público. Para ello, la estrategia debe apuntar a ordenar dos instituciones centrales:
a) el federalismo, y
b) el sistema previsional.
ORDENAR EL FEDERALISMO
Se trata de acelerar la transferencia de todos los servicios que la Nación hace a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense como resabio de la vieja función que tenía cuando la región metropolitana era Capital Federal.
Esto significa transferir los entes reguladores de servicios públicos, la Justicia Ordinaria de CABA, Inspección General de Justicia, la empresa pública AYSA y todo otro organismo o empresa pública que en el resto de las provincias lo financian y gestionan las provincias.
Además, y esto está en el Consenso Fiscal, la Nación debe transferir a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, por el conurbano, los subsidios a la energía, el transporte y agua y saneamiento, ya que esto es un función provincial y en el resto del país las provincias se hacen cargo de ello.
En un país federal, el Estado nacional no financia ni gestiona ningún subsidio que tenga que ver con servicios públicos que pertenecen a la órbita local. Esto tiene fecha en el Consenso Fiscal: 2019 (subsidios energéticos) y 2021 (subsidios el transporte).
Se trataría, entonces, de acelerar el proceso. Todos estos gastos que la Nación hace para la región metropolitana producto de que quedó incompleta la transferencia de servicios que corresponde desde que la Ciudad de Buenos Aires se declaró autónoma, y con ello con rango provincial, ascienden a $120 mil millones en el 2018 o 1% del PBI.
Posiblemente no todo es ahorro (porque algunos organismos hay que transferirlos con su presupuesto) pero una gran porción sí lo sería. Asimismo, la Nación debería revisar muchos de los programas nacionales los cuales son intromisiones de los ministerios nacionales en funciones provinciales (educación, salud, desarrollo social, vivienda, etc.).
Con estos programas se hacen pequeños arreglos en una escuela de alguna provincia, se reparten algunos remedios a algunos municipios, se hacen algunas vivienda en otros municipios, se arreglan alcantarillas en otros, pero no dan una solución integral porque son episódicos, arbitrarios, de poca monta y no se sabe a quién benefician.
Lo peor es que distrae a gobernadores e intendentes de sus verdades funciones porque los induce a venir hasta Buenos Aires a mendigar algunos pesos de estos programas. Revisándolos se podría ahorrar otro 0,5% del PBI.
ORDENAR EL SISTEMA PREVISIONAL
No hay que tocar las jubilaciones porque eso ya está resuelto con la regla de movilidad. Lo que hay que hacer es darle más equidad al sistema y eliminar las ineficiencias de la doble cobertura. Actualmente hay 1,2 millón de trabajadores que están aportando a un régimen previsional especial o diferencial lo que significa que se van a jubilar antes y/o con mayor haber que en el régimen general.
Además, por el lado de los jubilados y pensionados, hay otro 1,2 millón de personas que reciben jubilación y pensión a la vez debido a que la actual regla de beneficio determina que si una persona tiene jubilación y muere su cónyuge entonces acumula la pensión del cónyuge.
Para atrás no hay que tocar nada. Por lo tanto, no sería un ahorro directo. Pero sí hay que terminar con estas reglas para que no sigan reproduciendo inequidad y despilfarro.
Con esto se lograría controlar el crecimiento del gasto previsional, que es el mayor de las cuentas públicas, dando sustentabilidad, justicia y previsibilidad a la previsión social.
En suma, más que ajustar hay que ordenar. Esto traerá eficiencia, equidad y sustentabilidad fiscal.
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