(U24) - El exgobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, no enfrentaba hasta ahora ninguna causa judicial que lo comprometiera seriamente a pesar del avance de la Justicia sobre varios exfuncionarios kirchneristas, muchos de ellos detenidos o procesados.
Pero eso empezó a cambiar ayer (23/5) cuando la justicia penal de La Plata decidió inhibir al actual diputado nacional, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.
La medida fue adoptada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.
La jueza también aceptó el pedido del fiscal para que Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país. Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.
Garmendia aclaró que el criterio sustentado por el fiscal respecto de los imputados Scioli, Collia y Miller "difiere del mantenido en la misma con relación a otras causas", entre las que menciona a la que está procesado el ex Jefe de Gabinete, Alberto Pérez que "pese a encontrarse en la misma situación Garganta oportunamente requirió a este Juzgado de Garantías se les prohíba salir del país sin previa autorización judicial, petición a la que hice lugar".
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido "nunca dádivas de ninguna persona" y sostuvo que "todas las contrataciones" durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad".
En su escrito, Scioli también negó que se haya "alterado" el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de "beneficiar a un proveedor determinado" y planteó que "es totalmente falsa" su supuesta "relación especial con uno de los proveedores".
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