SOCIEDAD / JUSTICIA
(MDZ) - Ayer el Ministerio Público Fiscal confirmó la elevación a juicio de una de las causas principales iniciadas contra dos curas y dos empleados del Instituto Antonio Próvolo ubicado en Luján de Cuyo, acusados de abusar de niños y niñas sordomudos que asistían a dicho lugar.
Tras esta novedad que implica un claro avance a nivel del procedimiento judicial, el abogado querellante Sergio Salinas especificó que el juicio propiamente dicho podría arrancar después de las vacaciones de julio y que, en principio, por esta causa en cuestión declararían once víctimas, pese a que el caso, en su totalidad, suma 30 damnificados.
En comunicación con Uno nunca sabe, el programa que se emite por MDZ Radio, Salinas explicó que "por una cuestión de la complejidad y aspectos procesales estipulamos que después de las vacaciones de julio podría comenzar el juicio propiamente dicho".
En relación a la complejidad procesal que presenta el caso, el letrado comentó: "Hemos hecho tratativas de diálogo en donde pedimos que la Corte de la provincia tome la postura como si se tratara de juicios de lesa humanidad; la idea es que la Corte establezca cuál es la cámara competente y cuándo empezaría para que eso le dé seguridad a las víctimas".
A propósito de las víctimas que declararán en esta primera causa elevada a juicio, Salinas especificó: "En esta causa que se eleva hay 11 víctimas que son hechos concretos que han cometido los dos sacerdotes Corradi y Corbacho y los dos empleados Gómez y Bordón", apuntó el abogado querellante indicando que quedarán para instancias futuras el resto de las víctimas.
Bajo este panorama, en el inminente juicio se sentarán en el banquillo los cuatro sospechosos que tienen prisión preventiva: el cura Nicola Corradi (81), con prisión domiciliaria; el sacerdote Horacio Corbacho y los empleados Jorge Bordón y Armando Gómez, todos ellos detenidos en el penal de Boulogne Sur Mer.
Fuera de este juicio quedarán el resto de los acusados: las dos monjas Kosaka Kumiko, de origen japonés, y Asunción Martínez, oriunda de Paraguay a la que se le endilga la conducta omisiva habiendo tomado conocimiento de lo que sucedía.
Tampoco se sentarán en el banquillo, en esta oportunidad, los cuatro ex directivos del establecimiento educativo y el resto del personal profesional, entre los que figuran Graciela Pascual, reconocida como mano derecha de Corradi.
A propósito de la elevación a juicio de esta primera causa, Salinas aportó que se fundamenta en "una estructura general que tiene que ver con la prueba testimonial del denunciante, la prueba pericial psicológica, en donde dice que el testimonio del denunciante es veraz y que no miente; el tercer grupo tiene que ver con la pericia física y el cuatro grupo que tiene que ver con la prueba papel, en donde están las cartas que se secuestraron recientemente y la famosa denuncia de 2008 que nadie tomó".
Con cierta contundencia, el querellante sostuvo más adelante de la entrevista que "la Iglesia oculta" todo y que a la fecha "no ha aportado nada de nada".
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