(U24) - "Pretende cobrar tanto la jubilación de expresidenta como la prestación que, por el mismo régimen especial, se derivó del fallecimiento del también expresidente Néstor Kirchner, sin tener que optar por una de las dos. El pago de la primera de esas asignaciones (conocidas como de privilegio) fue suspendido en diciembre de 2016 y, por eso, la senadora busca también que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por Ganancias (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la Corte Suprema, a quienes no se les retiene impuestos)".
De esa manera, comienza la nota de Silvia Stang en el diario 'La Nación' que informa sobre el reclamo millonario contra el Estado que mantiene la expresidente Cristina Fernández, en la Justicia, que a la vez la tiene procesada en varias causas por corrupción y defraudación al mismo Estado que ella acusa por haberle quitado la jubilación de privilegio.
Según recuerda el mismo artículo, el beneficio vitalicio de expresidenta le había sido otorgado a Cristina por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social emitida en 2015, poco antes de que finalizara su mandato, cuando al frente de esa cartera estaba su cuñada, Alicia Kirchner.
Entonces, ya percibía la asignación heredada tras la muerte de Néstor Kirchner. En noviembre de 2016, luego de que trascendiera el cobro del doble ingreso, la actual ministra Carolina Stanley dispuso, a través de la resolución 1768 y tras evaluar un dictamen del entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín, que la exmandataria debía optar por uno de los dos pagos. Y se suspendió uno de ellos.
La ley 24.018 establece en su artículo 5 que la percepción de la asignación de expresidente es "incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal".
En marzo último y según datos de la Anses, el beneficio en curso de pago -el correspondiente a Néstor- fue de $285.937 (bruto) o de $176.744 (neto). La prestación suspendida fue de $292.717 (bruto) o de $180.520 (neto).
El monto de cada beneficio equivale a unas 12 veces el haber jubilatorio promedio del sistema de la Anses. Y a 23 veces la jubilación mínima. Tras ver suspendido el pago de una asignación, Cristina inició un juicio.
En la demanda de la causa "Fernández, Cristina Elisabet c/Ministerio de Desarrollo Social s/Nulidad de acto administrativo", se argumenta que no es por cumplir la ley que no se abonan ambos beneficios, sino que es por una persecución "política, judicial y mediática", a la cual se suma, con la decisión de suspender el pago, "un ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente desde el mismo Poder Ejecutivo".
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