Una diputada del PI-FPV, Adriana Díaz propuso a la Legislatura catamarqueña un proyecto que busca prohibir los símbolos religiosos en todos los edificios públicos de los tres poderes del Estado de la provincia de Catamarca.
El proyecto propone "prohibir la instalación y/o exhibición, permanente o transitoria, de símbolos e imágenes religiosas en todos los edificios públicos de los tres poderes del Estado provincial, así como remover los que ya estuvieran colocados".
Díaz aclaró que no está en contra de la Iglesia Católica ni del derecho a que las personas profesen un culto, sino que la iniciativa intenta separar el rol del Estado de una sola religión ya que "no puede haber favoritismo por una religión en particular", para así garantizar el principio de laicidad del Estado, y el efectivo cumplimiento de los principios de libertad de culto y de conciencia consagrados en la Constitución nacional y de la provincia de Catamarca.
En el documento detalla que "sin exagerar, es posible afirmar que no hay oficina pública, escuela pública, ministerio, dependencias legislativas (...) en que no encontremos al menos un símbolo religioso de un culto- y particularmente pertenecientes al mismo- en Catamarca".
Luego agrega: "¿La Justicia puede tener una religión, y basar sus fallos en ella? Seguramente acordaremos en que no puede ser así, entonces, ¿por qué permitimos la existencia de símbolos religiosos en los juzgados? Las leyes, decretos, declaraciones que proponemos, tratamos y aprobamos o no en este edificio, ¿pueden estar basados en una religión en particular? Si no es así, ¿por qué permitimos la existencia de símbolos religiosos en la legislatura?".
Por último indicó que "los cementerios, establecimientos penitenciarios y hospitales públicos, pueden tener un espacio ecuménico único que permita en forma igualitaria la práctica de los diferentes credos, creencias o religiones, debiéndose adecuar los espacios ya existentes a tal fin y no pudiéndose erigir nuevos que privilegien mediante sus características (...) debiendo garantizar el acceso de manera igualitaria a todos los interesados en utilizar estos espacios".
Realmente es un proyecto innovador sobre todo para una provincia del Noroeste argentino donde la religión católica, apostólica y romana está fuertemente arraigada entre las creencias de los ciudadanos y de los políticos también.
Es interesante que se plantee en el medio de la campaña "Iglesia-Estado, asunto separado" y si se aprobara ¿se propagará al resto de las provincias a pesar del arraigo con las creencias religiosas? ¿Se podrá separar credos de labor política haciendo honor al Estado Laico que promueve la Constitución Nacional?
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