ECOLOGÍA: INFORME ESPECIAL

En Santa Fe la soja crece más rápido que la justicia

“Creo que hay que hacer una buena limpieza en la justicia porque asquea el proceder de muchos funcionarios. Lo más grave es ver una vez más que la justicia santafesina demuestra que los jueces sojeros están al servicio de la producción, y del envenenamiento antes que la vida” dijo la abogada Graciela Gomez para describir el proceso de un amparo.

 

Y agregó. "Los voy a llevar a la Corte de ser necesario, a mi no me van a correr con sus mañas procesales ni con sus amenazas".

La saga, que puede explicarse en los motivos que incitan los actos y se relaciona con el pedido de una medida cautelar y un amparo que muestra los procedimientos de la peor cara de la justicia.

La comuna de Ibarlucea y el gobierno provincial de Santa Fe parece haber encontrado al mejor de los socios en el accionar del Juez Néstor Osvaldo García a cargo del Juzgado de Distrito de la Sexta Nominación de Rosario. El amparo que duerme en los cajones del lego patrocina a un menor afectado por fumigaciones, luego de la aprobación de una ordenanza que admite aplicaciones de agroquímicos a sólo cien metros de las viviendas. El caso admite premura ya que además se estaría violando una ley provincial, sin embargo para Osvaldo García aún no es tiempo para que confirme los contenidos de su resolución que guarda bajo siete llaves.

El recurso de amparo es contra la Comuna de Ibarlucea a cargo de Juan José Prino y contra la Provincia de Santa Fe por la violación de la ley Nº 11.273 que regula el uso de Productos Fitosanitarios y por la Ordenanza Nº 602/10 que condena a toda la población de la localidad a seguir literalmente bañados e inhalando agroquímicos dispersados mediante prácticas de fumigación que se realizan en campos linderos.
El caso es promovido por un recurso de amparo presentado en el Juzgado a cargo del Juez Néstor Osvaldo García, denominado "Maria Celeste Bravo c/ Comuna de Ibarlucea y otros" comuna a cargo de Juan José Prino y contra la Provincia de Santa Fe".

El Juez tampoco dio curso a la medida cautelar y es tanto el tiempo transcurrido que pudo realizarse una cosecha sin que hubiera resolución alguna.

Además de los plazos vencidos a la abogada que lleva la causa adelante no le dejan ver el expediente en el juzgado que ya contaría con el acto resolutivo y que además sería contrario a los interese de los vecinos según cuentan diversas fuentes. El juez tenía que dictar sentencia el 15 de Abril del corriente año, pero en cambio citó a los abogados ya que el representante comunal ofreció presentar una propuesta que nunca llegó. Eduardo Sosa es el letrado de la comuna de Ibarlucea quién además amenazó a la doctora Graciela Gómez, una de las abogadas de la causa que defiende a los Bravo.

El 12 de mayo se pidió al Juez que dicte sentencia sobre el amparo. Según fuentes confiables el 18 de mayo en forma extemporánea el abogado de la comuna presentó ante el juzgado una nueva propuesta que se desconoce.

Sosa había intentado imponer la idea de que la familia tenía el carácter de okupas por lo que su derecho a reclamar no era pertinente. Sin embargo la presentación de Sosa prosperó y el juzgado solicitó la escritura de la propiedad.

El derecho a la salud y a un ambiente sano, es letra muerta en este juzgado.
Los vecinos de Ibarlucea dicen que la comuna les habría ofrecido que a cambio de aceptar la propuesta de la comuna, no les cobrarían las costas por haber perdido el amparo. Dicho en otras palabras los a que unos niegan a otros dan y siempre para el mismo. Gómez por su parte volvió a denunciar a la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales. www.ecoportal.net
 
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