CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El Ministerio Público de Argentina es un órgano constitucional integrado por
- el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el Procurador General de la Nación y encargado de la acción de los fiscales, y
- el Ministerio Público de la Defensa dirigido por el Defensor General de la Nación y encargado de la acción de los defensores oficiales o públicos.
De acuerdo al artículo 120 de la Constitución Nacional, el ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera. Sin embargo, desde 1983 a la fecha, siempre el Procurador General fue de la confianza del Presidente de la Nación en funciones, respondiendo a su influencia.
En cambio la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJNA), creada el 15/01/1863, es el máximo tribunal de justicia de la República, último tribunal habilitado para impartir Justicia, por lo que sus fallos no pueden ser recurridos, si bien pueden -eventualmente- ser revisados por la misma Corte mediante el recurso de reconsideración.
En una estructura institucional republicana, es un poder independiente del Ejecutivo Nacional, y con una autoridad equivalente a las del Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación.
Por eso cuando chocan entre ellos se habla de "conflicto de poderes". Esto es importante: en la estructura de la República, el Poder Judicial tiene un rango mayor que la Procuración, y realmente puede ser independiente del Ejecutivo (aún cuando en los años '90 los opositores al Ejecutivo Nacional de entonces hablaran de una Corte de mayoría automática).
¿Por qué la Dirección de Escuchas Telefónicas depende de la Secretaría de Inteligencia, que es un organismo de dependencia directa del Presidente de la Nación? ¿Un capricho o una necesidad?
Sin duda, ridículo y peligroso pero todos los Presidentes desde 1983 a la fecha han utilizado a la Secretaría de Inteligencia en función de sus necesidades domésticas, con un rol dominante de las escuchas telefónicas en la elaboración de los informes para el mandatario de turno.
Es más: se habla de un abuso o exceso de las escuchas aún en instancias inferiores.
Por ejemplo, “en la Provincia de Buenos Aires existe un verdadero abuso de este recurso por parte de los fiscales”, denunció el juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, desde su cuenta en la red social Facebook.
Ante el anuncio de la presidente Cristina Kirchner de disolver la Secretaría de Inteligencia, el magistrado Arias aseguró que los fiscales “pueden intervenir tu teléfono sin justificación alguna y ello permanece oculto en un cuaderno de prueba al no podemos acceder ni los jueces de otros fueros”.
Él señaló: “Tengo fundadas sospechas que algunas amenazas telefónicas anónimas se realizan con un velado propósito de espionaje. En efecto, frente a la amenaza, el afectado realiza la denuncia y de ese modo, le intervienen su teléfono con la excusa de identificar al autor de la amenaza”.
Arias pidió la regulación sobre el tema: “Las tareas de inteligencia y, en particular, las escuchas telefónicas, merecen un regulación que respete el derecho a la intimidad”. Según el planteo de Arias, los fiscales no deberían controlar las escuchas, toda vez que ellos cometen un abuso del procedimiento.
Precisamente, la senadora nacional por el PRO y pre candidata a jefa de Gobierno porteño, Gabriela Michetti, criticó con dureza la decisión de la presidente Cristina Fernández de Kirchner de poner al mando de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el sistema “OJOTA”, nombre que se le da a las escuchas ordenadas por la Justicia.
“No hay un cambio sustantivo si las escuchas que tendrá que hacer la Justicia tiene que pasar por la procuradora Alejandra Gils Carbó”, afirmó Michetti.
Y, agregó: “Todos sabemos a esta altura a quién responde Gils Carbó, y los problemas para que la Procuración sea independiente del Ejecutivo Nacional”.
Gils Carbó siempre se definió como una persona “cercana al gobierno”, y ella es la referente de la agrupación kirchnerista de abogados y magistrados Justicia Legitima.
Precisamente Mauricio Macri, líder del PRO, y Sergio Massa, desde el Frente Renovador, han exigido a Cristina, igual que Urgente24, que las escuchas telefónicas se encuentren en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia, y a ella se remitan los fiscales cuando soliciten una intervención telefónica.
Son criterios bien diferentes a los de Cristina. El debate se encuentra abierto.
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