La única foto que se conoce de Hugo Chávez en el cajón
Leamsy Salazar, encargado de la custodia del mandatario bolivariano, se encuentra exiliado en USA, desde donde reveló que Chávez no murió en marzo de 2013 sino en diciembre de 2012, pero que el hecho fue ocultado durante más de 60 días.
Guillermo Cochez, ex embajador ante la OEA, dijo que Salazar reveló esta información a las autoridades de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) junto con datos de supuestos vínculos del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el narcotráfico.
Según la versión del ex custodio de Chávez, el caudillo caribeño no murió el 5 de marzo de 2013 como se informó oficialmente, sino a las 19.32 del 30 de diciembre de 2012.
La revelación escandaliza a Venezuela ya que en los dos meses anteriores a la muerte “oficial” de Chávez se firmaron decenas de decretos a su nombre.
Los encargados de esa manipulación pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de los mandatos supuestamente válidos del militar muerto.
Entre enero y febrero de 2013, siempre según la versión del diplomático panameño, fueron firmados decenas de decretos a nombre de Chávez, quien era oficialmente el presidente de Venezuela.
La revelación no aporta nombres, pero deja entender que se trató de una maniobra de su círculo más cercano, entre los que se encontraban, el actual mandatario Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como el desertor Salazar, en calidad de jefe de seguridad (y por lo que se ve de espía).
Más represión
Entretanto, este miércoles se conoció que el Ejército de Venezuela podrá usar armas de fuego para controlar manifestaciones.
El Gobierno de Nicolás Maduro así lo ha aprobado en una resolución, firmada por el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López y publicada el miércoles en la Gaceta Oficial.
El texto, según informa el diario El País en su edición digital, asegura que el uso proporcional de la fuerza se desarrollará en un “manual de normas y procedimientos operativos” que estará listo en tres meses.
La resolución, que no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, choca con dos artículos de la Constitución venezolana.
En concreto, con el artículo 68, que dice textualmente: “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”; y con el artículo 329, que sólo otorga a la Guardia Nacional competencias para mantener el orden público —siempre y cuando la policía no esté en condiciones de hacerlo— y prohíbe la intervención del Ejército.
Denuncia ante la ONU.
La oposición venezolana rechazó y pidió revisar la resolución del Ministerio de la Defensa, en la que se indica que las fuerzas armadas podrán aplicar el “método del uso de la fuerza potencialmente mortal” durante manifestaciones, cuando la situación lo requiera.
La vocera de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, informó que el próximo lunes una comisión de esta coalición acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la anulación de la resolución que consideran inconstitucional, gestión que también realizará ante organismos internacionales.
“También iremos a la ONU y a donde tengamos que ir para mostrar nuestro rechazo a la aplicación de esta resolución”, dijo. Solórzano, coordinadora del Comité de Derechos Humanos de la MUD, acusó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de pasar por encima del Parlamento al realizar esta resolución.
“País militarizado”. “Esta resolución está legitimando la militarización del orden público”, dice Inti Rodríguez, investigador de Provea, una de las ONG del país que ve con preocupación la creciente ola de criminalización y represión de las protestas desde que Maduro asumió la presidencia.
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