Cobrarían unos $ 8000 por mes, según la red KPMG; demandan un presupuesto total de $ 20.160 millones
PAULA URIEN - LA NACIÓN
La definición en lunfardo de "ñoqui", aquel que sólo cobra una vez por mes y no trabaja, no tiene que ver con quienes se presentan al lugar de trabajo y hacen poco y nada, sino con aquellos que directamente no trabajan pero tienen un sueldo estatal.
"El Estado es la compañía número uno en contratación de personas con un escaso y deficiente control sobre ellas", dice Diego Bleger, socio a cargo de Forensic Services de KPMG.
Por qué existen estas contrataciones irregulares son preguntas que tienen múltiples respuestas.
La más importante está relacionada con el financiamiento de la política. "Es un modo de obtener dinero público para hacer política. Por ejemplo, si se necesitan $ 5 millones por mes, se contrata a 500 personas con un sueldo de $ 10.000 por mes. Esas personas quizás ni se enteran", explica Bleger.
Cuántos empleados hay en el Estado es difícil de establecer porque no hay cifras oficiales. Incluso, en los últimos meses se incorporaron de a miles a la planta permanente.
Según la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el número trepó de 3.583.000, en 2012, a 3.995.000 este año.
Al asumir Néstor Kirchner, en 2003, había 2.210.000 empleados públicos. Para la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hay tres millones de empleados públicos. Tomando una cifra intermedia, existen hoy 3,5 millones de empleados públicos.
Según estudios anteriores de KPMG, entre el 5% y el 7% del total de una planta son "empleados fantasma" que cobran un promedio de $ 8000 mensuales. Para llegar a este porcentaje, la firma entrecruzó datos y puso en marcha un 0800-ñoquis, con muy buena repercusión, ya que los empleados que sí trabajan ven con muy malos ojos a aquellos que cobran sin concurrir a la oficina.
El 6% de los 3,5 millones de empleados públicos serían 210.000 personas que le cuestan al Estado $ 20.160 millones anuales, por salarios, sin contar aguinaldo y vacaciones.
A modo de comparación, por la Asignación Universal por Hijo (AUH) el Estado pagó $ 24.196 millones al tercer trimestre de este año, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública.
El presupuesto para 2015 fue de $ 24.818 millones y luego creció a $ 30.818 millones. Sin los "ñoquis", entonces, podría aumentarse un 50% el monto de la AUH ($ 837 por cada hijo para grupos familiares con ingresos de hasta $ 7500 mensuales y $ 2730 por hijo con discapacidad).
El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, dijo a LA NACIÓN: "Encaramos un relevamiento por área y nos llama la atención en la administración pública nacional que los contratos iniciados en los últimos tres años son más de 20.000, sobre un total de 64.000. Vamos a revisar esos contratos para ver que correspondan a gente que efectivamente trabaja".
El funcionario aclaró que hay 370.000 empleados en la administración pública nacional; más de 20.000 en los distintos organismos, y 50.000 más de empresas públicas. Si se agregan los otros poderes, se llega a unos 900.000 empleados.
CATEGORÍAS DE "ÑOQUIS"
Existen favores políticos por los que se incorporan personas al Estado; los "ñoquis" militantes, quienes figuran en un determinado puesto pero se dedican sólo a la militancia; quienes contratan personas o parientes, que trabajan en otros lugares y se quedan, o no, con un porcentaje de su sueldo; fallecidos que siguen con recibo, que cobra otra persona; y "ñoquis" por error, que ya no trabajan para el Estado o se jubilaron hace tiempo y nunca fueron dados de baja.
"En algunos casos, los empleados cambian de repartición pero cobran sueldo de ambas, la anterior y la actual", dice Raúl Saccani, de Forensic & Dispute Services de Deloitte.
En los últimos días del gobierno saliente pasaron a muchas personas a la planta permanente. Según un estudio de KPMG mundial, ante un cambio de gobierno hay que detectar a quienes nunca trabajaron y cobran rápidamente un sueldo.
De otra manera se esconden en el gran océano de empleados públicos. Bleger recomienda hacer auditorías en todos los niveles de la administración. "Todos sabemos que hay «ñoquis», es una de las formas de abuso de poder", agrega Carlos Rozen, presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y socio de BDO.
La preocupación de Hugo Godoy, secretario general de ATE, es que no se confundan los "ñoquis" con los trabajadores precarizados: unos 600.000.
"El 31 de diciembre vencen los contratos de 95.000 trabajadores contratados en el Estado nacional y de 600.000, contando provincias y municipios. No se los puede dejar en la calle. No queremos que se salga a la caza de «ñoquis». El desafío es cómo terminamos con la precariedad laboral en el Estado", dijo. (www.lanacion.com.ar)
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