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| ILUSTRACIÓN: ZAPA |
POR URGENTE24
Las causas por corrupción en la Argentina tienen una duración promedio de 14 años. Con seguridad, Amado Boudou ya lo sabe. Por ello, algunas terminan prescribiendo y otras le permiten a los imputados seguir ejerciendo funciones en la administración pública durante dos o tres lustros, a pesar de las fuertes denuncias en su contra.
Para muestra, basta un botón: Hace más de una década, la Dirección Nacional de Aduana verificó serias irregularidades en la importación de equipamiento médico realizada entre 1998 y 2000.
Así, 2 ex ministros de Salud (uno menemista y otro aliancista) junto con una ex secretaria de Estado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa (y ministra de Cristina Fernández de Kirchner), y funcionarios aduaneros fueron denunciados por contrabando y estafa a la administración pública.
Las maniobras denunciadas se habrían perpetrado por un monto total de US$ 74 millones. Las denuncias recayeron en los ex ministros de Salud, Alberto Maza y Héctor Lombardo; la ex secretaria de Industria, Comercio y Minería, Débora Giorgi (luego ministra de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia de Buenos Aires, y más tarde ministra de Industria de la Nación); y el ex titular de la Aduana de La Plata, Guillermo González.
¿Cuáles fueron las irregularidades detectadas en una compra de semejante volumen de dinero?
- Se utilizó documentación provisoria a la que se le concedió carácter de definitivo y con esto se logró eludir la obligación del ingreso de la mercadería por canal rojo. Dichas operaciones de tránsito nunca fueron registradas en el sistema informático aduanero, denominado “María”.
- Se efectuó la salida de la mercadería de la Zona Primaria Aduanera “en forma manual”.
- Se comprobaron diferencias de marca y origen con respecto a la mercaderìa consignada en la documentación aduanera. Concretamente, lo comprado no se correspondía con lo arribado al país.
- En el Hospital Caleta Olivia (Santa Cruz), se instalaron unidades de tecnología muy inferiores a la señalada en la nota del proveedor. Por ejemplo, se compraron supuestamente monitores alemanes Siemens pero los mismos fueron reemplazados por otros de origen chino.
- Hubo instituciones designadas que jamás recibieron los equipamientos asignados.
- Ingresaron al país bultos cerrados sin verificar su contenido.
- Los contenedores con equipamiento médico quedaron a la intemperie, sin precintos ni vigilancia. La denuncia fue formulada en 2004 ante el fuero penal económico por el entonces director general de Aduanas, José Sbatella, quien pocas semanas después fue eyectado de su cargo -y se le atribuyó responsabilidad en el desplazamiento a Alberto Abad, quien hoy día se encuentra otra vez a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en reemplazo de Ricardo Echegaray, quien fue su sucesor la vez anterior-.
Lo increíble es que los denunciados por tan graves sucesos siguieron sus carreras en el Estado como si su foja de servicios se mantuviera inmaculada.
Por ejemplo, Debora Giorgi llegó a ser ministra de Industria de la Argentina entre 2008 y 2015 (8 años aún cuando durante su gestión recibió una lluvia de nuevas denuncias en su contra, que ella logró derivar hacia algunos colaboradores), pese a que
- la ex candidata presidencial Margarita Stolbizer la demandó en la justicia por la contratación irregular de alojamiento en hoteles de la cadena Hotesur, propiedad de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo hoy diputado nacional Máximo Kirchner;
- la diputada nacional y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, la querelló por entregarle créditos a empresas de funcionarios de su propia cartera;
- la organización ambientalista Greenpeace la culpó también por bloquear el proyecto de ley de basura electrónica en el Congreso Nacional (no fuese que enojara al empresario Rubén Cherñajovsky, ¿no?).
- Giorgi le creó un cargo jeràrquico a su hijo en su propia cartera, un joven que ingresó a su nuevo trabajo con 23 años de edad. Ambos declararon la misma dirección de residencia: la exclusiva torre Renoir, ubicada en el opulento barrio porteño Puerto Madero.
Mientras tanto: ¿Qué ocurrió con otro de los denunciados, Guillermo González, por el escándalo de los equipos médicos que le costó al país US$ 74 millones?
El mencionado González fue designado para controlar las Aduanas del Noroeste Argentino y, más tarde, él quedó a cargo de las investigaciones en ese mismo ente gubernamental. Durante sus gestiones, se sumaron varios escándalos.
- Un informe de la Auditoría General de la Nación indicò que, en los pasos fronterizos más calientes (con Bolivia y Paraguay), los scanners nunca funcionaron y, cuando lograban conectarlos, no servían para detectar el paso de cocaína o de marihuana ya que no estaban preparados para tal misión (no detectan diferencias entre sustancias orgánicas e inorgánicas).
- La Aduana del Noroeste, junto con las fuerzas de seguridad, se limitaban a hacer grandes “sketches” de supuesto impacto mediático con scanners móviles en las rutas provinciales y nacionales. Los irresponsables funcionarios montaban “operativos” con tanta pompa y alharaca previa que los contrabandistas recurrían a la conocida técnica del “by pass”, que consistían en dejar las arterias bajo custodia, un par de kilómetros antes de la posición de los gendarmes o prefectos y así lograban saltarse las requisas.
Cabe destacar que la mejor policía tributaria del mundo, que es la española, utiliza autos sin identificación y agentes fuertemente armados que se mueven con vestimenta civil, para no despertar sospechas.
La Drug Enforcement Agency (DEA) elaboró varios informes de índole tragicómica sobre ese comportamiento argentino, deberían considerarlo quienes hoy día, desde la Administración Macri, intentan restablecer el vínculo bilateral ya que 1 de los 3 pilares de su gestión, según el Presidente, es la lucha contra el narcotráfico.
- El contrabando desde Bolivia con mercaderìas chinas arribadas desde el Pacífico a través de los puertos libres de Chile y Perú resulta una de las principales sangrías que sufre la economía argentina en material de ingreso ilegal de electrónicos y electrodomésticos.
- La AGN (Auditoría General de la Nación) detectó también que los puertos argentinos debería investigar González ya que son verdaderas “zonas liberadas” para el tráfico de drogas (de paso, ¿quien controló Zárate/Campana durante la última década?), y sostuvo de manera textual que “existe una ausencia deliberada del gobierno nacional para el control de los puertos y las fronteras del país”.
Resumiendo: tenemos un sistema judicial que permite que los pleitos legales más graves se diluyan en el tiempo. Esto beneficia a los acusados de haber malversado decenas de millones de dólares ya que pueden seguir meciéndose en la cima del poder con total desparpajo, mientras no paran de acumular más y más causas en su contra.
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