La medida ordenada por el magistrado alcanza también a la esposa del ex funcionario, Amalia Díaz; y a su suegra Lucila Amalia Corvalán de Díaz, según informaron a Télam fuentes judiciales que explicaron que la disposición implicó enviar oficios a registros de la propiedad automotor e inmueble de distintos puntos del país.
La decisión de Rafecas se podujo este mediodía luego de que, en la mañana, el fiscal federal Federico Delgado solicitara el embargo preventivo de todos los bienes del detenido ex funcionario y actual diputado del Parlasur y su entorno familiar, como así también el congelamiento de sus cuentas bancarias.
En los tribunales federales de Comodoro Py, informaron a Télam que el magistrado a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito evaluaba la posibilidad de solicitar al Banco Central un informe sobre las cuentas de López y las de su esposa y su suegra.
Las mismas fuentes informaron que, si bien la investigación que lleva adelante Rafecas estaba circunscrita al período 2003-2008, el magistrado federal decidió ampliar el foco de la investigación y extenderla hasta la actualidad, luego de que lo encontraran ayer con bolsos llenos de dólares, euros y relojes.
Esta mañana, el fiscal Delgado había pedido que a López, su esposa y su suegra se les trabe un "embargo preventivo" sobre todos sus bienes y que se disponga "el congelamiento de todas las cuentas bancarias registradas a nombre de ellos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 518 del Código Procesal Penal y 23 del Código Penal".
"El Estado argentino no sólo está obligado internacionalmente a perseguir los delitos de corrupción, sino que también debe velar por recuperar los activos provenientes de esos ilícitos, según lo establecen la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales –OCDE", había fundamentado el fiscal en su requerimiento.
Ayer, una vez conocida la detención de López y las circunstancias en las que se produjo, el representante del Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención del ex funcionario, que, luego, ordenó el juez federal Rafecas, a cargo del expediente por presunto enriquecimiento ilícito del ex número dos de De Vido.
También, el fiscal había solicitado "la realización de medidas de prueba urgentes para evitar que el círculo íntimo de López facilite la fuga del producido del delito", entre ellas allanamientos de sus viviendas -que hoy se realizaban en el partido bonaerense de Tigre, al norte del conurbano- "para buscar dinero, joyas y objetos de valor que pudieran encontrarse en cajas de seguridad, bóvedas y cualquier otro sitio donde puedan estar escondidos".
El más importante de esos procedimientos se realizaba esta mañana en una casa ubicada en la calle Belgrano 1018 de esa localidad, con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense.
En tanto, en el requerimiento que le elevara hoy al magistrado, el fiscal Delgado insistió ante el juez Rafecas con un pedido que formulara en septiembre del 2011 para que, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito de López, se cite a prestar declaración testimonial a Sergio Schoklender, dado que, en su declaración en el marco de la causa que investiga irregularidades en programa Sueños Compartidos de construcción de viviendas sociales, dependiente de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, había apuntado contra López.
Esta mañana, Rafecas dispuso el secreto de sumario en el expediente y pidió al Juzgado de Garantías número 2 de Moreno que se inhiba de seguir interviniendo en lo que respecta a la investigación del dinero que López procuraba esconder ayer a la madrugada en un monasterio de General Rodríguez para que eso se acumule en el expediente que investiga su enriquecimiento ilícito. (Télam)
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